Las Cortes de Castilla-La Mancha rechazan el modelo de financiación y piden impugnarlo si se aprueba
Las Cortes de Castilla-La Mancha rechazaron este jueves la propuesta del Gobierno de España para reformar el sistema de financiación autonómica, en un debate marcado por la defensa del Ejecutivo regional de un modelo basado en la igualdad y la solidaridad y por las acusaciones de PP y Vox al presidente Emiliano García-Page por permitir, a su juicio, la tramitación de un planteamiento perjudicial para la región. El parlamento autonómico aprobó finalmente una resolución del PSOE que exigía una negociación multilateral, rechazaba la ordinalidad y instaba a impugnar el modelo si seguía adelante sin consenso.
El pleno puso de manifiesto la posición firme del Gobierno regional contra una reforma que consideraba regresiva y unilateral, así como una profunda división política entre los grupos, con el PSOE defendiendo la coherencia de Page frente a las críticas de la oposición. La resolución socialista salió adelante únicamente con los votos del Grupo Parlamentario Socialista.
Un rechazo frontal al modelo por su carácter “regresivo e injusto”
El debate se articuló en torno a la propuesta de resolución del PSOE, que sostenía que el borrador del nuevo sistema “consagraba el principio de ordinalidad”, por el cual las comunidades con mayor renta per cápita recibirían más financiación por habitante, un planteamiento incompatible —según los socialistas— con los principios de igualdad y cohesión territorial. El grupo parlamentario recordaba que Castilla-La Mancha arrastraba una infrafinanciación acumulada desde la implantación del modelo vigente, lo que afectaba de forma directa a la suficiencia financiera para sostener servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales.
La línea roja del Gobierno regional: la ordinalidad
Durante el debate, el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, fijó la ordinalidad como una “línea roja” absoluta para el Ejecutivo autonómico, al entender que “quien más tiene más recibe” vulneraba la igualdad consagrada en la Constitución. Rechazó además la falta de negociación multilateral, que consideraba imprescindible para cualquier reforma del sistema, y reprochó al Ministerio de Hacienda su “falta de lealtad institucional y transparencia” en la tramitación de la propuesta.
El titular de Hacienda reclamó igualmente un fondo transitorio de nivelación que corrigiera el desequilibrio de las comunidades infrafinanciadas mientras se negociaba un nuevo modelo, advirtiendo de que la reforma no se resolvería a corto plazo. También defendió la condonación de deuda acordada entre el Gobierno central y la Junta, subrayando que Castilla-La Mancha sería “la comunidad más beneficiada por habitante”, con un ahorro estimado de 760 millones de euros en intereses en los próximos años.
PSOE: defensa de un modelo justo y de la coherencia de Page
La portavoz socialista, Ana Isabel Abengózar, acusó al PP de “generar ruido sin aportar alternativas” y insistió en que Castilla-La Mancha llevaba “más de una década infrafinanciada”. Defendió que el sistema debía garantizar igualdad en la prestación de los servicios públicos, independientemente del territorio, y basarse en necesidades reales por habitante ajustado, especialmente en regiones con dispersión, envejecimiento o baja densidad.
Abengózar reivindicó la “coherencia y firmeza” de Emiliano García-Page en la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha “gobierne quien gobierne en España” y reiteró que el PSOE apostaba por un modelo “justo, suficiente y solidario”.
PP: acusaciones de ambigüedad y exigencia de frenar la reforma en el Congreso
El presidente del PP castellanomanchego, Paco Núñez, acusó a Page de “ambigüedad” y de permitir la tramitación de un sistema que, aseguraba, “perjudicaba claramente a la región”. Núñez exigió un compromiso explícito para que los diputados socialistas de Castilla-La Mancha en el Congreso votaran en contra del modelo y advirtió de que “recurrir después no evitaría el daño”.
El líder popular defendió un modelo común, solidario y pactado entre todas las comunidades, y aseguró que Castilla-La Mancha debía “anticiparse” y utilizar su representación parlamentaria para frenar lo que consideraba “un ataque”.
Vox cuestiona el propio sistema autonómico
Por su parte, el diputado de Vox Francisco José Cobo cuestionó el sistema autonómico en su conjunto, calificándolo de “fallido y agotado”. Afirmó que tanto PSOE como PP habían utilizado históricamente la financiación para “beneficiar al separatismo” y reclamó, al igual que el PP, que los diputados socialistas castellanomanchegos en el Congreso votaran en contra del nuevo modelo.
Igualdad, negociación multilateral y vías jurídicas: claves de la resolución final
La resolución aprobada por las Cortes —exclusivamente con los votos del PSOE— rechazaba el nuevo modelo por su carácter “regresivo e injusto” y por consagrar el principio de ordinalidad. Exigía que la negociación fuera multilateral, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, con la participación de todas las comunidades de régimen común.
Además, instaba al Gobierno autonómico a utilizar todas las vías jurídicas a su alcance para impugnar la propuesta si el Ejecutivo central continuaba su tramitación sin consenso. El texto reclamaba también la aprobación urgente de un fondo transitorio de nivelación hasta que existiera un nuevo modelo que corrigiera la infrafinanciación que padecía Castilla-La Mancha.
Nuevas medidas para frenar la sobrepoblación de conejos
El pleno abordó también un debate general sobre la sobrepoblación de conejos, una problemática que generaba daños continuados en cultivos y que llevó al Gobierno regional a preparar nuevas medidas para intensificar el control poblacional. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, avanzó que en febrero se publicaría la nueva resolución de emergencia cinegética, que ampliaría el uso de escopeta —con y sin perro— durante todo el año salvo en mayo, permitiría una comunicación simplificada para actuar en parcelas fuera de cotos y añadiría comme criterio automático la inclusión de municipios con lagunas o zonas húmedas.
La Junta estudiaba asimismo autorizar caza nocturna en zonas de especial conflictividad, mediante vigilantes de coto y cazadores contratados, y reforzaría el uso de huroneros profesionales, tras los buenos resultados del proyecto piloto desarrollado en colaboración con ASICCAZA, que había facilitado capturas sostenibles y el aprovechamiento de la carne de conejo. Parte de los animales se destinarían a traslocaciones hacia áreas con menor densidad, respetando las dos especies distintas presentes en la región.
Gómez anunció además una convocatoria de ayudas directas para la instalación de cerramientos perimetrales, protectores individuales de plantas leñosas y eliminación de majanos y madrigueras, junto a actuaciones con Fomento para colocar mallas conejeras en la Autovía de los Viñedos. La consejera defendió que el Gobierno regional estaba actuando “con responsabilidad y rigor” y combinando herramientas cinegéticas, ambientales y apoyo al sector agrario.
Desde la oposición, Vox reclamó un “control inmediato” con actuaciones directas sobre el terreno, fumigantes homologados y ampliación de la emergencia cinegética, además de declarar zonas catastróficas donde el daño fuera total. El PP exigió declarar la plaga de conejos, mejorar los seguros agrarios e implantar un plan integral que incluyera indemnizaciones, criticando lo que denominaron “Pageparches”. El PSOE defendió que el Gobierno regional estaba aumentando dotaciones y rechazó las “soluciones mágicas” planteadas por el PP, como confiar la solución a la presencia del lince ibérico. La resolución socialista fue la única aprobada.
Debate sobre el impacto del acuerdo con Mercosur
El pleno debatió también el impacto del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, defendió el pacto como una “oportunidad de crecimiento” para Castilla-La Mancha, al considerar que la eliminación de aranceles y la aplicación de cláusulas de salvaguardia favorecerían a productos como el vino, el aceite o el Queso Manchego, cuya protección de denominación de origen quedaría reforzada. Subrayó que el acuerdo incluía mecanismos para suspender el tránsito en caso de distorsiones del mercado y que las cláusulas espejo deberían hacerse cumplir.
Martínez Lizán acusó a la oposición de “vender miedo”, recordó que el pacto llevaba 25 años negociándose y defendió que los productos importados seguirían sometidos a controles estrictos. A su juicio, las diferencias de calendario entre hemisferios amortiguarían la competencia, y sectores como la ternera o el arroz no se verían perjudicados gracias a la calidad del producto nacional.
El diputado del PP Santiago Lucas-Torres pidió la suspensión inmediata del acuerdo, al considerarlo una “amenaza directa” para la supervivencia de la agricultura y ganadería europeas, denunciando la competencia desleal derivada de estándares ambientales, laborales y sanitarios más laxos. Alertó de su impacto sobre sectores como la agricultura extensiva, los cereales, la horticultura y el cooperativismo agrario.
El presidente del grupo parlamentario de Vox, David Moreno, calificó el acuerdo de “golpe al corazón económico y social” de la región, que afectaría —según dijo— a más de 82.000 explotaciones y 70.000 empleos directos. Acusó a PSOE y PP de negociar el pacto “a espaldas de los europeos” y advirtió de un aumento de abandono rural.
Desde el PSOE, Antonio Sánchez destacó las “contradicciones” de PP y Vox, recordando que el acuerdo había contado con votos favorables del Partido Popular europeo y gobiernos como el de Italia. Defendió que el pacto abría un mercado de 270 millones de consumidores y que permitiría competir con mayor seguridad jurídica frente a la presión creciente de Estados Unidos y China. La resolución socialista fue aprobada con los únicos votos del PSOE.
Aprobación de las resoluciones socialistas
La sesión concluyó con la aprobación de las tres resoluciones presentadas por el Grupo Socialista —financiación autonómica, control de conejos y acuerdo con Mercosur—, todas ellas respaldadas por los 17 diputados del PSOE y rechazadas por PP y Vox. Las propuestas de resolución de la oposición quedaron desestimadas en su totalidad.
El Parlamento instó a seguir defendiendo la igualdad en el sistema de financiación, reforzar las garantías de reciprocidad y salvaguarda en el acuerdo con Mercosur y continuar las medidas de control del conejo y de reintroducción del lince ibérico. La sesión se completó con el bloque de control al Gobierno, en el que se abordaron cuestiones sobre urgencias hospitalarias, recursos educativos y seguridad en zonas rurales.