Las Cortes de Castilla-La Mancha han solicitado este jueves al Gobierno regional que pida al central que emprenda, a la mayor brevedad posible, la reforma de los sistemas de financiación de las administraciones locales y regionales, para garantizar una financiación "justa y equilibrada" que permita prestar servicios a los ciudadanos con independencia del lugar de España donde vivan.
Esta propuesta se ha incluido en la resolución que el grupo socialista ha presentado al debate general que ha planteado Cs en el pleno de las Cortes relativo a las consecuencias para Castilla-La Mancha de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, el denominado "impuesto de plusvalías".
El texto aprobado también ha pedido que el Gobierno central establezca los mecanismos necesarios para dar solución a las consecuencias derivadas para la financiación de las entidades locales de dicha sentencia.
En cambio, no ha salido adelante la propuesta presentada por el PP que pedía, además de que se reforme la financiación local, que el Gobierno central implemente un fondo covid de 3.000 millones de euros en favor de los ayuntamientos y otro fondo para compensar a los ayuntamientos por la pérdida de ingresos al no recaudar ese impuesto.
Por su parte, Cs ha planteado -aunque tampoco ha salido adelante- que se adapte la ley reguladora de las haciendas locales al contenido de la sentencia y que se adopten las medidas presupuestarias necesarias para compensar a los ayuntamientos por la pérdida de ingresos.
Durante el debate, el presidente del grupo socialista en las Cortes, Fernando Mora, ha reconocido que el impuesto de plusvalías tal y como estaba formulado era injusto y ha considerado que el Gobierno central está "obligado" a modificar los mecanismos que permitan garantizar la financiación de los consistorios, si bien ha reprochado que tanto PP como Cs hayan recriminado al actual Gobierno central la situación del impuesto de plusvalías, pues ha recordado que el Tribunal Constitucional dictó una sentencia en 2017 también contraria a la forma en que se calculaba el impuesto.
En cambio, la diputada del PP en las Cortes Gema Guerrero ha responsabilizado al Gobierno central presidido por Pedro Sánchez de la situación de inseguridad jurídica que a su entender se ha producido tras la sentencia y le ha acusado de hacer una "política anti-municipalista".
Por su parte, la presidenta del grupo Ciudadanos en las Cortes Carmen Picazo ha culpado tanto al PP como al PSOE de haber "ignorado" durante años las dudas que había en torno al impuesto de plusvalías y ha urgido a que se apruebe un plan de financiación complementario y urgente para que los ciudadanos no se vean afectados en sus servicios.
