Las Cortes de Castilla-La Mancha obligan a Vox a devolver fondos públicos desviados de forma irregular
Lo que debía sostener el trabajo político en Castilla-La Mancha acabó financiando, al menos en parte, la estructura nacional de Vox. Esa es la conclusión del informe de fiscalización aprobado por la Mesa de las Cortes, que obliga a la dirección del partido a reintegrar 34.345,64 euros al considerar irregular una transferencia realizada desde el grupo parlamentario regional, tal y como ha avanzado este martes El País.
Una subvención con vigilancia reforzada
La Intervención autonómica revisó los 265.848 euros asignados al grupo parlamentario de Vox en el año 2024 para su funcionamiento institucional. Durante el análisis detectó dos transferencias al aparato estatal del partido: una por valor de 53.170 euros en concepto de asesoría y apoyo técnico, y otra de 34.345,64 euros, registrada como dinero “no empleado”.
Esta última es la que acaba de ser reclamada. Según la legislación autonómica, los fondos públicos otorgados a los grupos parlamentarios deben emplearse exclusivamente en su actividad institucional, y las Cortes son quienes supervisan su destino final. Cualquier desvío hacia estructuras externas invalida la justificación de los gastos.
La cláusula que desató la alerta
El informe pone el foco en una disposición interna del convenio firmado entre el grupo de Vox y su dirección nacional. Una cláusula que establecía, de forma automática, que todo el dinero no gastado a final del año debía ser remitido a la sede del partido en Madrid.
Los fiscalizadores la han bautizado como “cláusula escoba” y la consideran nula de pleno derecho, ya que transformaba una subvención institucional en una vía de financiación partidista.
Al trasladar el remanente a la sede nacional, se desvirtuaba el propósito de la subvención: sostener la labor legislativa, no reforzar arcas centrales.
Servicios bajo sospecha
El documento también cuestiona la falta de verificación independiente sobre la primera transferencia, la vinculada a tareas de asesoramiento y comunicación.
Vox justificó que doce empleados de la sede nacional dedicaron más de 2.500 horas a trabajar para el grupo regional. Sin embargo, no se ha aportado evidencia externa que confirme esa asistencia técnica ni su conexión directa con las iniciativas parlamentarias en Castilla-La Mancha.
Entre expertos consultados por las Cortes crece la preocupación de que labores ya cubiertas con personal propio del grupo pudieran haberse duplicado mediante contratos facturados desde Madrid.
Un modelo que podría extenderse
El caso no es anecdótico. La documentación analizada por la Intervención alerta de un posible esquema de financiación interna replicado en más territorios.
Según las cifras examinadas, las transferencias desde grupos autonómicos y municipales al aparato estatal de Vox habrían alcanzado en 2024 unos 3,5 millones de euros.
El precedente castellanomanchego podría activar revisiones en otras comunidades y abrir la puerta a más devoluciones obligadas.
Devolución realizada, debate abierto
Cuando la Intervención pidió explicaciones, Vox optó por un movimiento rápido y silencioso: el dinero ya había sido devuelto a finales de septiembre, sin ruedas de prensa ni comunicado detallado. La operación bancaria cerró el expediente contable, pero abrió otro político.
En los despachos del parlamento regional muchos coinciden en que el problema no es solo lo sucedido, sino cómo evitar que se repita. Algunos grupos plantean endurecer los mecanismos de control y reforzar la trazabilidad de cada euro público asignado. Otros reclaman que Vox dé explicaciones públicas sobre el convenio que permitió desviar fondos y quién lo autorizó.
El partido, por su parte, mantiene un discurso escueto: la devolución “corrige la situación” y el resto “está justificado”. Pero la Intervención no ha respondido aún a todas las incógnitas: ¿Se verificará la primera transferencia? ¿Se pedirán más reintegros? ¿Era esta práctica conocida por la dirección regional?
Mientras se despejan respuestas, hay algo que ya nadie cuestiona en las Cortes: esta historia no acaba cuando vuelve el dinero, sino cuando se garantiza que nunca volverá a irse por el mismo camino.
Un precedente con efecto espejo
El dictamen reafirma que la titularidad de los fondos siempre es de la Cámara, y que el partido jamás puede apropiarse de ellos sin una contraprestación clara y demostrada.
La decisión marca límites al uso de subvenciones públicas por parte de las organizaciones políticas y, según fuentes parlamentarias, refuerza la autonomía de los grupos regionales frente a los intereses de sus direcciones nacionales.
Si algo ha dejado claro esta fiscalización, es que los grupos parlamentarios no pueden ser una caja auxiliar de financiación partidista.