El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado este jueves por unanimidad la Ley regional de Transparencia y Buen Gobierno, el primer texto legislativo en el que se han puesto de acuerdo por primera vez en la legislatura los tres Grupos parlamentarios, PP, PSOE y Podemos.
La aprobación de la Ley, la séptima de la IX Legislatura, coloca a Castilla-La Mancha "a la vanguardia del país", según ha destacado durante su exposición el vicepresidente del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, quien ha recalcado que el texto "va más allá" de la legislación nacional y está en consonancia con las legislaciones europeas "más ambiciosas" en la regulación de los lobbies.
La normativa regula por primera vez la actividad de los "grupos de interés" o lobbies, propone la creación de un registro de estos grupos, articula un régimen de sanciones y, entre otras obligaciones, establece el plazo de un mes desde su entrada en vigor para que los altos cargos de la región presenten sus declaraciones de buen gobierno.
Al debate, han llegado vivas treinta enmiendas del PP, de las cuales cuatro han sido transadas y otras once han sido retiradas por este grupo.
El encargado de defender el dictamen emitido por la Comisión de Asuntos Generales -donde se dio el visto bueno a 36 de las 73 enmiendas que llegaban al debate- ha sido el diputado socialista Miguel Ángel González, quien ha celebrado que continúe "ese viaje hacia esa Castilla-La Mancha cada día más abierta".
Con ello, ha agradecido el trabajo que han realizado los colectivos de la región expertos en transparencia para la redacción y mejora del proyecto de ley.
"La ciudadanía empuja a introducir una nueva forma de gobernar que suponga un revulsivo para nuestra democracia. Castilla-La Mancha será referente en buen gobierno, buena administración y gobierno abierto", ha asegurado el parlamentario del PSOE.
Con González ha coincidido el presidente del grupo socialista en las Cortes, Rafael Esteban, quien también ha recordado que Castilla-La Mancha "fue pionera en publicar información relativa a altos cargos y también pionera en imponer incompatibilidades a personas que ostenten cargos públicos", de modo que "la transparencia ha sido la seña de identidad de la comunidad".
Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario popular, Francisco Cañizares, ha defendido la voluntad que ha tenido el PP de "separar el debate de una ley que va a dirigida a los ciudadanos del debate partidista, estéril y que se debe quedar en otros ámbitos de actuación".
En este sentido, Cañizares -quien este miércoles anunció que su grupo va a presentar una denuncia judicial por la falta de información que recibe del Gobierno- ha criticado la, a su juicio, "falta de transparencia en las actuaciones del Gobierno en lo que llevamos de legislatura".
No obstante, ha insistido en el "esfuerzo de consenso" que ha realizado su partido para aprobar el proyecto de ley y ha resaltado también el trabajo que han realizado, "después de hablar" con diferentes colectivos, para mejorar el texto impulsado por el Gobierno de Castilla-La Mancha con la presentación de diversas enmiendas.
También ha destacado el contacto que han mantenido con "entidades que cuentan en sus filas con grandes expertos en temas de transparencia" el secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha y diputado regional, José García Molina.
"Vamos más lejos que la ley básica", ha afirmado García Molina, si bien ha reconocido que le "gustaría ir todavía más lejos" y ha lamentado las "limitaciones" de la ley nacional y las que "impone" el Estatuto de Autonomía.
Con ello, ha afirmado que "hoy es un buen día para la política regional" y ha apostado por que exista luego un desarrollo normativo de la ley para que no quede "en papel mojado".
"La aplicación de la ley depende de la voluntad política. Me gustaría pensar que se va a cumplir a pies juntillas y que ese espíritu de consenso de los tres grupos parlamentarios también se va a reflejar en la voluntad del legislador, del Ejecutivo, para que la aplicación de la ley se haga de manera escrupulosa", ha deseado.
ALTOS CARGOS TIENEN UN MES PARA ADECUARSE A LA LEY
Por otra parte, los altos cargos de Castilla-La Mancha deberán presentar en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la Ley sus declaraciones de buen gobierno, cuya vulneración está prevista como infracción administrativa, tal y como ha explicado en su intervención en el pleno el vicepresidente del Ejecutivo autonómico.
Dentro del entramado institucional de la nueva ley castellano-manchega, en un plazo de seis meses desde su entrada en vigor se deberá crear, como órgano independiente y adscrito a las Cortes de Castilla-La Mancha, el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno.
En el mismo plazo de seis meses se aprobará el código ético y, también, la norma para crear el registro de lobbies, en el que deberán inscribirse obligatoriamente estos "grupos de interés" si quieren ejercer su actividad ya que su incumplimiento está tipificado como infracción.
Martínez Guijarro ha subrayado que el registro no solo servirá para identificar a los componentes de los lobbies sino también para "imponer a sus miembros un código de conducta que garantice el ejercicio ordenado de su capacidad de influencia".
Asimismo, en el plazo de un mes desde la vigencia de la ley los altos cargos y asimilados estén ejerciendo sus funciones deberán depositar sus respectivas declaraciones de buen gobierno, y en tres meses la Escuela de Administración Regional pondrá en marcha un plan de formación específico para los empleados públicos en materia de transparencia y buen gobierno.
El vicepresidente ha matizado que el incumplimiento por parte de los altos cargos de los principios de buen gobierno está previsto como infracción administrativa.
Ha explicado que la Ley de Transparencia y Buen Gobierno es "un primer hito" entre los compromisos del Ejecutivo regional y avanzado, en este sentido, que "de forma inminente" se aprobará una nueva ley regional de participación ciudadana.
El vicepresidente ha señalado que la nueva ley "no es un simple concepto retórico" sino "un firme y serio compromiso de difundir la información pública de forma comprensible, actualizada y reutilizable" como base para "una nueva forma de entender la gestión pública de una manera cercana y abierta a las sugerencias de los ciudadanos y evaluable".
En este sentido, ha calificado el proyecto aprobado como "ambicioso en sus pretensiones, participativo en su tramitación, avanzado en su contenido y abierto a ciudadanía".
Asimismo, Martínez Guijarro ha reiterado que esta Ley va a situar a la Administración regional y a los ciudadanos "a la vanguardia del país" y responde, además, al acuerdo de investidura firmado con el grupo parlamentario de Podemos al inicio de la legislatura.
También ha recordado que Castilla-La Mancha ya fue pionera en el ámbito nacional en 1994, con la ley de publicidad de bienes y rentas de los gestores públicos que "en su momento levantó mucha polvareda", ha reconocido, y hoy toda la sociedad ve bien.
