Las Cortes regionales han aprobado este lunes, con los votos a favor de PSOE y PP, la proposición de ley presentada por ambos partidos que modifica la ley del Gobierno para eliminar la limitación de mandatos del presidente de la Junta de Comunidades en un máximo de ocho años y que dicha limitación sea la que establezca la Constitución u otras leyes estatales.
Esta proposición de ley, que ha contado con la abstención de los cuatro parlamentarios de Ciudadanos, se ha aprobado por lectura única y sin debate en este punto, sin bien los partidos han expuesto sus planteamientos sobre el asunto en un debate general sobre normalidad institucional en Castilla-La Mancha y limitación de mandatos de los cargos públicos en el conjunto del Estado, presentado por Cs y PSOE.
La proposición de ley modifica el artículo 4 de la ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha y añade una nueva disposición adicional.
En concreto, la nueva redacción propuesta del artículo 4 es: "El presidente de la Junta de Comunidades es elegido por las Cortes regionales de entre sus miembros, en la forma establecida por el Estatuto de Autonomía".
Ello supone eliminar el apartado segundo de este artículo, en el que se recoge que "no podrá ser elegido presidente de la Junta de Comunidades quien ya hubiese ostentado este cargo durante al menos ocho años, salvo que hayan pasado cuatro años desde la terminación de su mandato".
Además, se propone también añadir una disposición adicional que recoge que la limitación de mandatos del presidente de la Junta será la que establezca la Constitución Española para los Presidentes de las Comunidades Autónomas o las leyes del Estado que resulten aplicables".
En la exposición de motivos, se afirma que diferentes informes jurídicos advierten de que esta limitación, al no estar regulada constitucionalmente, puede "cercenar o vulnerar derechos de ciudadanía" al constituir una causa de inelegibilidad, que debería contemplarse en la Constitución Española al afectar a los derechos fundamentales de las personas, como es el derecho al sufragio pasivo de los españoles.
"Es obvio que un mandato de estas características debe tener la necesaria cobertura constitucional, pues solo de esta norma puede partir la legítima existencia de restricciones a los derechos fundamentales que en ella se consagran", argumenta la proposición de ley.
El presidente del grupo socialista, Fernando Mora, ha asegurado en su intervención durante el debate general posterior a la votación de este punto que la limitación de mandatos es "un tema importante y muy debatido en el conjunto de la sociedad española".
Ha remarcado que hay "una contradicción" entre la norma en Castilla-La Mancha y la Constitución y se ha preguntado cómo puede privar del derecho al sufragio pasivo una ley que, como ha apuntado, "no la hace quien debe hacerla, el Parlamento nacional".
Por ello, ha defendido la necesidad de trasladar esta cuestión al Parlamento nacional, de manera que quien sea elegido presidente "lo haga con todas las garantías y nadie pueda reprocharle que está vulnerando la Constitución".
Por su parte, la portavoz del grupo popular, Lola Merino, ha incidido en que este asunto es competencia de las Cortes generales y, por tanto, no corresponde a esta Cámara erigirse en foro de discusión sobre estas cuestiones.
No obstante, ha destacado que el PP apuesta y trabajará por enriquecer la democracia, así como el cumplimiento de lo establecido en la Carta Magna y ha recordado que, aunque la limitación de cualquier cargo no está regulada por ley orgánica ni en la propia Constitución, ésta sí reconoce el derecho de las personas a elegir y ser elegidas.
La portavoz 'popular' ha insistido en que correspondería llevar a cabo un examen jurídico-político general en España, al tiempo que ha abogado por que si se determina la limitación de mandatos, "que sea para todos los políticos y para todos por igual".
Además, la portavoz de Ciudadanos, Carmen Picazo, ha explicado que su grupo se ha abstenido en la votación porque la formación naranja entiende que "podría darse un conflicto jurídico al limitar el derecho fundamental al sufragio pasivo".
Si bien, ha defendido la necesidad de limitar los mandatos "en la forma en que la Constitución permita", pues ha considerado que el hecho de que un cargo público esté en un mismo puesto durante un periodo excesivamente largo puede derivar en "políticos encerrados en sus propias burbujas, ajenos a la realidad de la calle" y también en la creación de "redes clientelares".
Ha afirmado que la limitación a dos legislaturas favorece la estabilidad y oxigenar las instituciones y que ocho años son "suficientes" para desarrollar un proyecto político completo.
DEBATE NACIONAL SOBRE LIMITACIÓN DE MANDATOS
Por otra parte, y en referencia también a la limitación de mandatos, las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado por unanimidad de los tres grupos parlamentarios la propuesta de resolución presentada por los grupos de PSOE y Ciudadanos para promover un debate nacional sobre limitación de mandatos en los cargos públicos.
En concreto, la propuesta de PSOE y Ciudadanos plantea instar a las Cortes generales a abrir un debate en profundidad sobre el alcance de una posible reforma de la Constitución Española o, en su defecto, de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para instaurar un sistema de limitación temporal de mandatos en los cargos de representación pública en España.
Asimismo, aboga por elaborar una propuesta, en el seno de la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes de Castilla-La Mancha, para que, tras los estudios pertinentes y el concurso de expertos, elaboren una Proposición de Ley para elevar al Congreso de los Diputados.
Una Proposición de Ley que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87.2 de la Constitución, plantee los cambios y modificaciones pertinentes para hacer posible un debate nacional sobre la necesaria limitación de mandatos en los cargos de representación pública.
Esta propuesta de resolución se ha votado tras un debate general celebrado a propuesta de PSOE y Cs sobre normalidad institucional en Castilla-La Mancha y limitación de mandatos de los cargos públicos en el conjunto del Estado.
