Las Cortes aprueban la actualización del Reglamento del Consejo de Transparencia
El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha celebró este jueves una sesión densa en contenido y marcada por la tensión política entre los tres grupos representados. El debate central giró en torno a la actualización del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno, pero la jornada avanzó también sobre la huelga médica convocada para diciembre, las políticas dirigidas al colectivo de autónomos y la reivindicación del soterramiento y la llegada del AVE a Talavera de la Reina. La Cámara terminó aprobando cuatro textos clave, todos impulsados por el Grupo Socialista.
Reforma del Reglamento del Consejo de Transparencia
La sesión se abrió con la aprobación —con los votos del PSOE y el rechazo de PP y Vox— de la modificación del reglamento del Consejo Regional de Transparencia, un texto que, según la ponente socialista Ana Isabel Abengózar, venía “obligado por ley” y que permite integrar en este órgano la figura de autoridad independiente de protección del informante. Abengózar defendió que la reforma es “técnicamente rigurosa, jurídicamente coherente y políticamente responsable” y explicó que las 27 enmiendas incorporadas por el PSOE eran de carácter “estrictamente técnico”.
La diputada reprochó a Vox que sus diez enmiendas, finalmente rechazadas, buscaban “confundir”, incurrían en duplicidades con la legislación estatal o planteaban ampliaciones que la ley no permite. Con esta reforma, añadió, el Consejo será “más fuerte, más independiente y más garantista”, unificando en un único órgano dos funciones “inseparables en cualquier democracia avanzada”: transparencia y protección del informante.
Desde Vox, Luis Blázquez sostuvo que sus propuestas mejoraban el texto al “depurarlo” de anglicismos y lenguaje “artificial e ideológico”, y rechazó la reforma por generar “más estructura, más cargos y duplicidades”, insistiendo en que Castilla-La Mancha “no necesita más entes”. Acusó además al PP de “ponerse de perfil” en comisión y de contribuir al “bipartidismo de siempre”.
La diputada ‘popular’ Carolina Agudo justificó el voto en contra de su grupo al considerar que el nuevo reglamento resta independencia al órgano y responde al interés del Gobierno regional de “proteger su relato”. A su juicio, el Consejo nació “monocolor” y la reforma busca “rematar” esa falta de pluralidad. Reprochó al Ejecutivo que utilice este órgano “para proteger al Gobierno de Emiliano García-Page” en lugar de vigilar su gestión.
En su réplica, Abengózar negó cualquier voluntad de “imposición”, afeó al PP no haber presentado enmiendas y rechazó que la reforma cree “chiringuitos”. Defendió que el reglamento se adapta a la nueva Ley de Integridad Pública, que convierte al Consejo en autoridad independiente de protección del informante, “sin crear ningún órgano nuevo ni generar más gasto”.
La aprobación de esta normativa se convierte en la primera del quinto periodo de sesiones y en la decimosexta de la legislatura, actualizando una herramienta que llevaba dos años y medio en vigor.
Huelga médica y situación de los profesionales sanitarios
El debate sanitario llegó en un clima de máxima tensión por la convocatoria de huelga del Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM) para los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre. Aunque el paro coincide con la movilización nacional para reclamar un Estatuto Marco propio, CESM sostiene que en la región responde a “problemas que arrastra la comunidad desde hace más de una década”.
El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, acusó a PP y Vox de querer “confundir” atribuyendo los servicios mínimos a la Carrera Profesional, cuando —dijo— derivan de la huelga nacional. Reivindicó que la Carrera Profesional se construye sobre oportunidades, innovación y estabilidad, y acusó al PP de lanzar propuestas “sin decir cómo se materializan”, recordando que “los recursos no son ilimitados”.
Fernández Sanz dirigió un mensaje directo al líder del PP, Paco Núñez: “Nos estafaron. Ya nos engañaron. La población no se lo va a creer y los profesionales tampoco”. Núñez insistió en reclamar un acuerdo para recuperar la Carrera Profesional, que su grupo pidió incluir en los presupuestos de 2026.
El PP sostuvo que la gestión sanitaria “nefasta” del Ejecutivo repercute en la calidad asistencial, apoyándose en informes del INE, la Organización Médica Colegial y el Ministerio de Sanidad. Vox, por su parte, afirmó que la sanidad pública “se está rompiendo” y vinculó la huelga al “desprecio institucional” del Gobierno regional, denunciando colapso en Primaria, urgencias desbordadas, falta de médicos y listas de espera “manipuladas”.
El PSOE, a través de José Antonio Contreras, defendió el carácter nacional de la huelga y sostuvo que nunca se han negado a que los profesionales reivindiquen cuestiones concretas en la región.
En la votación, la resolución socialista salió adelante, reconociendo la labor del personal sanitario y respaldando la inversión en sanidad prevista para 2026, con más de 4.000 millones de euros de gasto, más de la mitad destinados a personal. El texto destaca los avances en la Mesa Sectorial, las medidas para incentivar plazas de difícil cobertura y el proceso de consolidación laboral, con 14.000 plazas aprobadas en los últimos años.
Debate económico: autónomos y políticas de empleo
El segundo debate general se centró en la situación de los autónomos. Vox denunció que este colectivo lleva décadas “olvidado, despreciado y exprimido”, criticó la “asfixia” derivada de la burocracia y cuestionó la Tarifa Plana Plus, al considerar que el reparto de fondos supone apenas “12 euros al mes” por autónomo. Su resolución, que pedía exonerar cuotas a quienes no alcancen el SMI y bonificar bajas, fue rechazada.
El PP acusó al Gobierno regional de fallar en la ejecución presupuestaria y alertó de la pérdida de “músculo emprendedor”. Recordó que la mitad de los autónomos abandona antes de 18 meses y que la convocatoria de ayudas no ha alcanzado sus objetivos. Reclamó universalizar la “Tarifa Cero”, impulsar el relevo empresarial y eliminar la tributación de las ayudas autonómicas.
El PSOE, en cambio, defendió que la región vive un “máximo histórico” de afiliación y exhibió las cifras de crecimiento del autoempleo. La consejera de Economía, Patricia Franco, destacó que Castilla-La Mancha tiene 150.149 autónomos, mil más que en 2015, y que el presupuesto para 2026 incluye 39,32 millones para este sector, un 5% más que el año anterior. Subrayó que el Ejecutivo ha “triplicado” los fondos destinados al colectivo respecto a la última legislatura del PP y reprochó a los ‘populares’ que “les dieron la espalda” cuando gobernaban.
El pleno aprobó la resolución socialista, que insta a seguir impulsando las políticas activas, fortalecer el tejido productivo y consolidar un modelo progresivo de cotización.
AVE y soterramiento en Talavera: una reivindicación histórica
El tercer debate general enfrentó de nuevo a los grupos por el futuro de Talavera de la Reina. Vox y PP exigieron el soterramiento de las vías y la llegada del AVE en 2030, mientras que el PSOE pidió “altura de miras” y trabajar por un proyecto integrador.
El presidente de Vox, David Moreno, denunció que el Gobierno “ha optado por la alternativa en superficie”, abriendo la puerta a expropiaciones y manteniendo “una barrera infranqueable” para el desarrollo urbano. Reclamó unanimidad y criticó a Page por “no mover un dedo”.
El PP, a través de Santiago Serrano, afirmó que no se ha cumplido “ni lo firmado ni lo prometido” y exigió al Ejecutivo regional “arrimar el hombro”, comprometer presupuesto y respetar el protocolo de 2007. Pidió evitar “agravios comparativos” con otros territorios.
El socialista Álvaro Toconar defendió que el proyecto del AVE —una infraestructura internacional entre España y Portugal— debe abordarse con consenso y recordó que el Gobierno de Rajoy desvió fondos del AVE de Talavera a Galicia, sin que el entonces delegado del Gobierno, hoy alcalde talaverano, alzara la voz. Reivindicó que este no es “un proyecto del PP ni del PSOE, sino de Talavera”.
La resolución aprobada insta al Gobierno de España a apostar por el trazado que genere la menor cicatriz urbana, agilizar la electrificación de la línea convencional y avanzar en la alta velocidad Madrid-Lisboa para adelantar plazos más allá de 2034.
Control al Gobierno
La sesión se cerró con el bloque de control, en el que los consejeros de Agricultura y Educación respondieron a preguntas de Vox sobre soberanía alimentaria y del PP sobre hemodiálisis en Hellín y la seguridad y accesibilidad del transporte escolar en la ruta Ocaña–CEE Mingoliva.