jueves 16/9/21

La Fiscalía sostiene que el rey Juan Carlos I era comisionista internacional

- Apunta a posibles delitos contra la hacienda pública, blanqueo, cohecho y tráfico de influencias.

- Explica que Suiza debe confirmar o descartar los presuntos indicios de delito contra Juan Carlos I.

- Señala también que la respuesta suiza podría servir para "abrir otra vías de investigación".

- El abogado del rey ve vulnerada su presunción de inocencia por las "graves afirmaciones" de la Fiscalía.

La Fiscalía del Supremo estudiará la regularización fiscal del rey Juan Carlos I
La Fiscalía sostiene que el rey Juan Carlos I era comisionista internacional

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha informado este viernes de que se han cursado diferentes solicitudes de asistencia jurídica internacional a las autoridades judiciales de distintos países, entre ellos Suiza, para avanzar en las diligencias en torno al Rey emérito y poder "confirmar o descartar" los indicios delictivos que ya tiene sobre el origen de la fortuna de Juan Carlos I o "incluso abrir otras vías de investigación".

Según ha avanzado 'El Mundo', la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) cursó el pasado 24 de febrero una comisión rogatoria a Suiza solicitando información sobre cuentas bancarias de la Fundación Zagatka, ante la sospecha de que el antiguo monarca habría cobrado comisiones internacionales de forma ilegal. En dicha petición, decía tener indicios sobre la posible comisión de cuatro delitos: contra la hacienda pública, blanqueo, cohecho y tráfico de influencias

Posteriormente, en un comunicado, la FGE ha confirmado que "la Fiscalía del Tribunal Supremo en el marco de las referidas diligencias de investigación ha remitido diferentes solicitudes de asistencia jurídica internacional a las autoridades judiciales de distintos países, entre ellos Suiza, con el objeto de recabar la necesaria información y documentación que permita avanzar en dichas investigaciones".

"Resulta obvio que será precisamente el contenido de la respuesta que la autoridad requerida dé a la correspondiente comisión rogatoria lo que en su momento permitirá al fiscal confirmar o descartar esos indicios o incluso abrir otras vías de investigación", ha explicado.

No obstante, ha querido precisar que "la solicitud de cualquier asistencia judicial internacional exige necesariamente detallar todos aquellos indicios de criminalidad disponibles por la autoridad requirente, acompañados de una inicial y provisional calificación jurídica de los hechos sobre los que se fundamenta la petición, respetando así las formalidades requeridas por la normativa en materia de cooperación internacional".

Esto supone, ha recalcado, que con la comisión rogatoria "no estamos ante un dictamen, petición de procesamiento o conclusiones del fiscal, sino en el marco de una solicitud de información, en la que simplemente se detallan los posibles ilícitos que son objeto de investigación".

Además, ha aprovechado para reiterar que "la Fiscalía está comprometida en llevar las investigaciones de referencia con la siempre obligada exhaustividad y el máximo rigor, así como con la exigible celeridad, con frecuencia condicionada por la propia dinámica de la cooperación internacional".

TRES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

En la citada comisión rogatoria, de acuerdo con dicho diario, el Ministerio Público pretende que la Oficina Federal de Justicia de Suiza le remita la información de todas las cuentas en el país de la Fundación Zagatka entre los ejercicios 2016 y 2019.

Esta fundación pertenece a Álvaro de Orleans-Borbón, primo lejano de Don Juan Carlos, y desde ella se habrían abonado gastos del Rey emérito hasta 2018, con posterioridad a la abdicación en Felipe VI en junio de 2014, momento en el que perdió el privilegio de la inviolabilidad que tenía como jefe de Estado.

El antiguo monarca aparecía como beneficiario de esta fundación, si bien Casa Real explicó en su momento que él desconocía esta información y añadió que, si efectivamente era así, renunciaba a ella.

Actualmente, el teniente fiscal del TS, Juan Ignacio Campos, con la colaboración del fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, lleva a cabo unas diligencias de investigación en torno al Rey emérito: por el supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas; por el presunto uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no figuran como titulares; y por la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del ex jefe de Estado en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.

Y DOS REGULARIZACIONES FISCALES

Ante estos hechos, el antiguo monarca ha hecho dos regularizaciones fiscales. La primera, el 9 de diciembre por 678.000 euros en relación al uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, uno de los tres asuntos investigados. Y una segunda --en teoría la última-- del 25 de febrero por casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas en relación con los gastos costeados por la Fundación Zagatka.

Se da la circunstancia de que el segundo ajuste de cuentas con el fisco tuvo lugar un día después de que la Fiscalía cursara esa comisión rogatoria a Suiza. En declaraciones a Europa Press, el presidente de los Técnicos de Hacienda, Carlos Cruzado, ha pedido al Ministerio Público que aclare si notificó a Juan Carlos I la apertura de diligencias de investigación contra él antes de que llevase a cabo las regularizaciones de sus fondos en el extranjero.

El pasado mes de mayo, se supo que la AEAT ha notificado al ex inquilino del Palacio de la Zarzuela la apertura de una inspección y le ha pedido más información para comprobar la veracidad de las regularizaciones que ha presentado hasta ahora, un proceso que aún no ha culminado.

El frente judicial de Don Juan Carlos se completa con la demanda que Larsen --también investigada en Suiza-- ha presentado ante en Londres por la "vigilancia ilegal" y "hostigamiento" que asegura sufrió por parte de los servicios secretos españoles y del propio Rey emérito.

"GRAVES AFIRMACIONES" DE LA FISCALÍA

Tras esta nueva información, el abogado del Rey emérito ha denunciado vía comunicado que se ha vulnerado la presunción de inocencia de Don Juan Carlos por las "graves afirmaciones" que la Fiscalía habría vertido en su petición de información a Suiza sobre el origen de la fortuna del ex jefe de Estado.

La nota de prensa del abogado Javier Sánchez-Junco indica que "en esa comunicación a las autoridades suizas se contienen graves afirmaciones e imputaciones de conductas que se realizan, a nuestro juicio, sin apoyatura alguna y son carentes de la más mínima justificación, estando contradichas por otros hechos de los que nada se dice".

"Por ello, tales afirmaciones conculcan de manera evidente el principio de presunción de inocencia que ampara a todo ciudadano y se traslada a la opinión pública valoraciones y consideraciones que perjudican gravemente a S.M. el Rey D. Juan Carlos, que está sometido a una investigación por parte de la Fiscalía desde hace más de un año", ha considerado.

Además, hace hincapié en que "dicha solicitud de asistencia judicial no es pública". "Así pues, salvo las autoridades destinatarias de la misma, únicamente debería estar en conocimiento de la Fiscalía, cuyas actuaciones son reservadas, sin que nos conste hayan sido comunicadas a parte alguna", recalca.

Sánchez-Junco manifiesta que se ha visto obligado a hacer estas "puntualizaciones" tras la información avanzada por 'El Mundo', según la cual la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) cursó el pasado 24 de febrero a Suiza una comisión rogatoria para que le proporcione información sobre las cuentas bancarias que la Fundación Zagatka tuviera entre los ejercicios 2016 y 2019.

VALORACIONES POLÍTICAS

Estas informaciones saltan a la palestra en vísperas de la solemne apertura del Año Judicial, el próximo lunes en el Tribunal Supremo, en un acto presidido por el rey Felipe VI y con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de las máximas autoridades institucionales y judiciales.

También estará allí la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, quien precisamente este viernes ha entregado al rey y a Sánchez la Memoria de la Fiscalía que se presentará el lunes.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha considerado "preocupantes" estas noticias, ha subrayado que España es un Estado "en el que todo tiene que ser conocido y todo debe ser investigado" y ha añadido que espera que la investigación que dirige la Fiscalía "llegue hasta el final para esclarecer los hechos".

"Dejemos que la Fiscalía actúe y tome las medidas necesarias y precisas que estime oportunas, se analicen los hechos y se determinen las consecuencias que procedan", ha agregado.

Y si desde el PP su portavoz nacional, José Luis Martínez-Almeida, apuesta por no hacer juicios de valor sobre el rey emérito y esperar a que los tribunales se pronuncien, por parte de Vox, su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, ha acusado al fiscal de actuar de manera "partidista" en este asunto dentro de un proceso de "derribo" contra la Corona.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha apostillado que es partidaria de que la Fiscalía investigue "hasta el final" y "que se sepa todo" sobre el rey Juan Carlos, aunque se ha mostrado convencida de que este caso "no va a hacer caer a Felipe VI".

El presidente del grupo de Unidas Podemos-En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens, espera que la información referida a Juan Carlos I sea "el paso previo" para "sentarlo en el banquillo de los acusados", así que ha aprovechado para emplazar al PSOE a rectificar y apoyar una comisión parlamentaria de investigación.

Además de la información difundida por El Mundo, el diario El País publica otra noticia sobre los requerimientos que Hacienda ha hecho a la Casa del Rey para que le facilite los pagos realizados a don Juan Carlos desde su abdicación en 2014 hasta 2018, período en el que recibió una asignación anual de 198.845 euros.

El propósito de esta solicitud, según el periódico ya atendida por Zarzuela, es comprobar si los pagos coinciden con los ingresos financieros que tuvo el rey emérito en ese tiempo en el marco de la investigación de la Agencia Tributaria sobre un presunto delito fiscal.

El Ministerio de Hacienda ha aclarado que ni este departamento ni la Agencia Tributaria pueden hablar de contribuyentes ni de investigaciones concretas y ha apuntado que cuando se produce una regularización fiscal, esta agencia "comprueba que ésta sea completa y veraz".

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