El extesorero del PP Luis Bárcenas se sienta desde este lunes en el banquillo por el presunto pago en negro, con dinero de la caja B del partido, de los 888.000 euros que costó la reforma de su sede en la calle Génova. Una causa que él mismo propició al airear anotaciones de esa contabilidad opaca.
Se trata del segundo y último juicio al que se tendrá que someter desde que en 2013 se descubriese que llegó a acumular 48,2 millones de euros en Suiza de procedencia aún no del todo aclarada, aunque la Fiscalía cree que gran parte de esa fortuna la sustrajo de esa caja B y la amplió por medio de grandes inversiones.
Un juicio que, en cierto modo, empezó esta semana a celebrarse, o más bien a "cebarse" -como se diría en la jerga televisiva-, con una carta que remitió a la Fiscalía Anticorrupción en la que manifiesta su "voluntad" de colaborar con la Justicia.
Lo hace ahora, dice, decepcionado porque no se haya cumplido la promesa, que asegura se le hizo desde el que fuera su partido, de librar a su mujer de la cárcel, donde ingresó hace unos meses tras confirmarse su condena en la sentencia de Gürtel.
Su venganza por lo que considera un engaño la servirá -según él mismo amenaza- en forma de nuevas revelaciones, tanto en este juicio como en otras causas que afectan a la presunta financiación irregular del PP, que, para abrir boca, ya sitúa en 1982, en los albores del partido.
Un tirón más en esa manta que ha ido levantando desde que optó por defenderse con su principal arma: sus famosos "papeles" con anotaciones de donaciones de empresarios al partido y pagos de sobresueldos a dirigentes del PP que no constaban en la contabilidad oficial.
Su último paso ha sido poner nuevos nombres en esa lista, entre ellos el de Mariano Rajoy, que tendrá que declarar como testigo en este juicio, al igual que en el de Gürtel cuando aún era presidente del Gobierno, y cuya sentencia le costó su retirada de la política en 2018 tras perder una moción de censura promovida por el PSOE, la primera que prosperaba en democracia.
La sentencia de Gürtel dio por "plenamente acreditada esta contabilidad B", que Bárcenas hizo pública tras haber guardado una copia, algo que Rajoy desconocía cuando en 2009 le confesó que había destruido esa documentación en una trituradora de papel, según desvelaba en su carta.
Estas nuevas confidencias, ante las que Anticorrupción ya ha mostrado su escepticismo por considerarlas más de lo mismo y de "nula" trascendencia penal, son un adelanto de lo que será su declaración en este juicio en el que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 5 años de cárcel por un delito fiscal, otro de falsedad documental y un tercero de apropiación indebida.
De este último delito se le acusa por quedarse su predecesor Álvaro Lapuerta (ya fallecido), con su conocimiento, con 209.550 euros de la caja B para la compra de acciones de Libertad Digital.
Junto a Bárcenas -que ya cumple 29 años de cárcel por Gürtel- se sentarán en el banquillo Cristóbal Páez, su sucesor en la gerencia del partido cuando fue nombrado tesorero y para el que la Fiscalía pide 18 meses de cárcel, así como los responsables de Unifica, empresa que se encargó de la reforma de la sede del PP, Gonzalo Urquijo y Belén García, que se enfrentan a 3 años.
Como testigos, además de Rajoy, están citados el también expresidente del Gobierno José María Aznar, que será la primera vez que tenga que dar explicaciones por la caja B, o la exsecretaria general María Dolores de Cospedal, a la que la Fiscalía ha vinculado con el caso Kitchen, una pieza del caso Villarejo en la que se investiga el espionaje a la familia Bárcenas en 2013 en busca de documentos comprometedores para dirigentes del partido.
La Fiscalía, a diferencia de otras acusaciones como IU o Adade, no vio delito tributario del PP en las donaciones reflejadas en los papeles de Bárcenas, aunque consideró al partido responsable civil como partícipe a título lucrativo por esos presuntos pagos en negro y que atribuye al extesorero.
Por este motivo, el PP tuvo que prestar antes de la vista oral una fianza de 1,2 millones de euros.
Esa causa fue elevada en 2015 a la Sala de lo Penal para su enjuiciamiento, pero por distintos avatares y al no ser urgente por no ser una causa con preso, no fue hasta el pasado año cuando se pudo señalar la vista oral, que se prolongará del 8 de febrero hasta previsiblemente el 20 de mayo.
Por tanto, se había dado ya por concluida en 2015, pero en 2017 se reabrió al asegurar Francisco Correa en el juicio de Gürtel que cobró comisiones a cambio de adjudicaciones y que de ese dinero le daba un 3 % a Bárcenas por conseguir obras en ministerios como Fomento o Medio Ambiente.
A este respecto, Bárcenas, que en el juicio lo negó rotundamente -ya que reconocerlo le podía costar la imputación de un delito de cohecho-, señalaba en su carta que la "inmensa mayoría de estos donativos no tenían una naturaleza finalista", sin perjuicio, añadía, de que puedan "existir, algunos concretos casos" en los que sí fue así, aunque no especificaba cuáles.
TRANQUILIDAD EN EL PP
Por otra parte, las acusaciones del extesorero no preocupan en el partido de Pablo Casado, escéptico ante la carta de un preso, pero sí generan frustración por obstaculizar su labor de oposición.
El propio líder de la oposición dejaba entrever su cansancio cuando el pasado viernes se veía obligado a dar explicaciones una vez más acerca de los casos de corrupción del pasado y, de nuevo, intentaba desvincularse de sus predecesores, a los que en otras ocasiones ha alabado.
"Ese PP ya no existe", afirmó en Cope y defendió que los militantes le eligieron en primarias precisamente "para pasar página de cualquier conducta no ejemplar en el partido".
Sin embargo, las acusaciones del extesorero, el juicio sobre los papeles de Bárcenas que empieza este lunes y la comisión de investigación sobre el uso de fondos reservados para destruir pruebas contra el PP, le dificultan dejar ese tiempo atrás.
Tanto que el PP decidió pasar al ataque y culpar al PSOE de filtrar un escrito que ha coincidido con la campaña electoral en Cataluña.
Desde la dirección nacional del partido restan importancia a las acusaciones. "Aburren", dijo de primeras el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto. Preocupación, "ninguna", señala a Efe otro alto cargo de Génova 13.
También los hay más precavidos. En la dirección hay quien cree que la supuesta financiación irregular es un tema ya amortizado, que no daña al PP, pero con una salvedad: la incógnita de si Bárcenas puede aportar algo que realmente afecte al expresidente Mariano Rajoy.
Rajoy ha sido señalado por Bárcenas como uno de los dirigentes que cobraban sobresueldos en negro que procedían de donativos de empresas, algunas a cambio de concesiones de contratos públicos.
El extesorero añade ahora que el expresidente tuvo en sus manos pruebas de esta contabilidad paralela y que las trituró. Hasta ahora Rajoy no ha sido investigado en ninguna de las causas abiertas, donde sí ha tenido que declarar en calidad de testigo.
Si las sospechas de corrupción se lograsen probar cambiaría la dimensión de las tramas que acosan al PP, más si logran salpicar al expresidente José María Aznar, padrino político de Casado, quien también fue vicesecretario de Comunicación con Rajoy.
En público, los diferentes dirigentes preguntados por Rajoy han mantenido su confianza en la honestidad del exdirigente gallego. Lo han hecho Javier Maroto o el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo.
En privado también hay dirigentes que se posicionan y ven "imposible" que Rajoy estuviera al tanto de la caja B como denuncia Bárcenas. Quien afirma tales acusaciones no conoce al expresidente, recalcan.
Pese a que los casos de corrupción no generen en sí mismos preocupación, sí provoca desasosiego su efecto sobre la labor de oposición porque los esfuerzos para erigirse en alternativa a Pedro Sánchez se diluyen cuando es el caso Bárcenas lo que copa los titulares y la atención mediática.
Da igual el tiempo que pase -doce años desde las primeras detenciones de Gürtel y ocho desde que se publicaron las anotaciones de supuestos sobresueldos en negro a la cúpula del PP- los 'populares' siguen en el día de la marmota respecto a estas polémicas.
Es "desagradable", "lastimoso", una "tortura", ilustran desde el grupo de los 'populares' en el Congreso, y acusan a la izquierda y el resto de partidos de saltarse las reglas de juego por iniciar una comisión de investigación sobre un caso que todavía se está instruyendo, el caso Kitchen.
El tema de debate en la Cámara baja debería ser el decreto de los fondos europeos, la vacunación, la evolución de la pandemia o la crisis económica y no casos de hace más de una década que no están vinculados con los actuales responsables del PP, señalan las mismas fuentes.
Y consideran que con la persecución a su partido y la polarización se impide la alternancia política, lo que supone desvestir de contrapesos a la democracia porque promueve la permanencia en el poder de la misma fuerza política.
Mientras los adversarios del PP le reclaman su refundación, los 'populares' admiten cada vez de forma más abierta la complejidad de la herencia recibida, unas siglas que no logran desprenderse de sospechas y ataques.
"Si Pablo Casado no hubiera ganado las primarias, hoy el Partido Popular estaría en disolución (...) el PP no merece pagar eternamente porque personas se hayan aprovechado de sus siglas", señalaba el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en una entrevista en 13TV.
