Almeida, denunciado por no llevar ante la Justicia el caso de las mascarillas

- El alcalde de Madrid cree que el abogado que lo denuncia actúa "dirigido" por el PSOE.

- El fiscal sospechó del Ayuntamiento de Madrid en la estafa millonaria de las mascarillas.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, atendiendo a los medios de comunicación en una imagen de archivo
photo_camera El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, atendiendo a los medios de comunicación en una imagen de archivo

El abogado Fernando Pamos de la Hoz ha presentado una denuncia contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos, al no haber denunciado la presunta estafa de los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño al Ayuntamiento en un contrato de compraventa de mascarillas.

En la denuncia, adelantada por El Periódico de España y a la que ha tenido acceso Efe, el letrado esgrime que, "en su condición doble de funcionario y autoridad", Almeida tenía la "obligación inexcusable" de denunciar los hechos que investigó la Fiscalía Anticorrupción y que la llevaron a querellarse contra ambos empresarios, que presuntamente cobraron comisiones millonarias del susodicho contrato.

"Si la Fiscalía no hubiera presentado la querella admitida ahora a trámite, los hechos ahora investigados nunca habrían sido sacados a la luz, y la impunidad de los delitos tan graves, admitidos y consentidos por el Consistorio no denunciando los hechos, hubiere sido lograda", argumenta el abogado.

Dice además que la apertura de unas meras diligencias de investigación por parte de la Fiscalía, que no supone "iniciación del procedimiento penal como tal", no eximía al Ayuntamiento de la responsabilidad de denunciar los hechos.

Pamos de la Hoz se plantea, asimismo, una serie de preguntas, como por qué no denunció el Ayuntamiento si en la instrucción de la causa consta "que iban siendo conocedores de los sobreprecios abusivos" impuestos por los empresarios, ni tampoco cuando supo que existían esas diligencias de investigación.

"¿Quién habría resarcido al erario de lo estafado si la Fiscalía no hubiere concluido las diligencias con una querella", cuestiona el letrado, quien reprocha a Almeida sus recientes críticas, "impropias de un abogado del Estado", a la Fiscalía por, precisamente, investigar esos contratos.

El denunciante censura asimismo "la absoluta falta de control del dinero público", abonado "de forma obscena" y sin contrastar el precio de mercado, lo que "les habría hecho conocedores de la estafa de libro".

Y califica de "sonrojante" el discurso de Almeida de que "el estafado fue el Ayuntamiento, cuando "el dinero es de la ciudadanía y que si por el mismo hubiere sido nadie habría investigado ni perseguido estos hechos".

Por todo ello solicita que se cite como investigado a Almeida para que declare sobre estos hechos.

El Juzgado de Instrucción número 47 de la capital admitió a trámite la semana pasada la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra los dos empresarios, a los que imputa delitos de estafa agravada, falsedad de documento mercantil y blanqueo de capitales en relación a un contrato de compraventa de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid.

Según el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, Luceño y Medina se embolsaron comisiones por importe de más de 6 millones de dólares por contratos de mascarillas, test y guantes por los que el Ayuntamiento pagó 11,9 millones de euros. Con ese dinero adquirieron varios coches de alta gama, una vivienda en Pozuelo de Alarcón o un yate.

"DIRIGIDO" POR EL PSOE

Por su parte, el alcalde de Madrid ha considerado este domingo que el abogado Fernado Pamos de la Hoz no ha actuado por iniciativa propia al presentar una denuncia contra él por el caso de las mascarillas y ha señalado que ha representado al PSOE en diversos pleitos.

Martínez-Almeida ha señalado a los medios que Pamos ha representado al PSOE en diversos pleitos y, por tanto, parece difícil que haya actuado sin el conocimiento o sin el consentimiento del Partido Socialista.

Para el alcalde esta denuncia demuestra, una vez más, que el PSOE está enfrascado, sin duda, en una cacería que no tiene ningún tipo de justificación.

Martínez-Almeida, que ha asistido a la tamborrada que pone fin a la Semana Santa en Madrid, ha señalado: "Qué casualidad, qué casualidad, que el abogado que la ha presentado está íntimamente ligado con el Partido Socialista".

Además, ha indicado que "jamás había oído hablar" de Pamos de la Hoz, pero tiene claro que no ha actuado por iniciativa propia, sino que ha actuado dirigido y ya sabemos con quién tiene lazos este abogado.

El alcalde ha dicho que Pedro Sánchez ha puesto su mirada en la ciudad de Madrid y que lo que no gana con las urnas, lo que no gana frente a las políticas del centro derecha, lo quiere ganar en la destrucción del adversario", pero no lo va a conseguir en este caso.

"No va a acabar ni con las políticas de centro-derecha en Madrid ni con las personas que representamos esa políticas", ha señalado Martínez-Almeida.

Preguntado sobre cuándo cree que va terminar lo que califica de cacería contra su persona, ha considerado que no va a terminar, porque los partidos de izquierda en el Ayuntamiento de Madrid han decidido que la única manera de conseguir poder llegar la gobierno es tratar de acabar con las personas que lo representamos.

FISCALÍA SOSPECHO DEL AYUNTAMIENTO

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre la supuesta estafa con material sanitario vendido durante la pandemia al Ayuntamiento de Madrid por los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina comenzó con sospechas de malversación de caudales públicos contra altos cargos del municipio.

La investigación se inició a raíz de un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), dependiente de la Secretaría de Estado de Economía.

El Sepblac apuntaba la posibilidad de un delito de malversación de caudales públicos, que consiste en la apropiación indebida de dinero público por parte de una autoridad o funcionario; en este caso se habría tratado de altos cargos del municipio.

En unas diligencias fechadas en diciembre de 2020, un mes después de iniciarse la investigación, el fiscal pide a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, que negoció los contratos con los dos imputados, que identifique a las personas que negociaron los términos de esos contratos, según consta en el sumario, al que ha tenido acceso Efe.

El fiscal exige en su escrito detalles sobre los eventuales intermediarios, incluida la persona que presentó al proveedor y su oferta y, además de copia de todas las comunicaciones mantenidas en relación con la firma del contrato, pide también información sobre la existencia de posibles comisionistas.

El representante de la citada empresa respondió por escrito al Fiscal aportando esos datos.

Además, señaló que este Ayuntamiento desconoce la existencia de posibles comisionistas, toda vez que las contrataciones se han hecho ajustándose a la legislación vigente en esta materia escrupulosamente y los pagos se han efectuado a la empresa suministradora o bien al proveedor nacional que ha transmitido la mercancía hasta nuestro país.

El delito de malversación por parte de responsables públicos ha quedado descartado y el propio consistorio ha sido admitido como parte perjudicada.

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