El Gobierno ha aprobado este martes la puesta en marcha de un primer tramo de avales de 20.000 millones de euros para garantizar la liquidez de las empresas más afectadas por la crisis del coronavirus, y la mitad de ese importe servirá para garantizar nuevos préstamos a pymes y autónomos.
La garantía del Estado cubre, en el caso de autónomos y pymes, el 80 % de los nuevos préstamos y renovaciones de financiación, según ha explicado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Para el resto de empresas, ha detallado, el Estado garantiza el 70 % de la nueva financiación concedida por los bancos y el 60 % de las operaciones de renovación, esto es la renovación de líneas de liquidez y no la refinanciación de préstamos del pasado.
El Consejo de Ministros ha acordado en la reunión de este martes las características de este primer tramo de avales de 20.000 millones, que forma parte del plan del Ejecutivo para llegar a disponer hasta 100.000 millones en garantías, una de las medidas urgentes y extraordinarias aprobadas para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
El Gobierno da así cumplimiento al compromiso con las empresas, especialmente con los trabajadores autónomos y las pymes, de poner en marcha las medidas necesarias para garantizar su liquidez y preservar la actividad productiva y el empleo, destacó la portavoz y también el Ministerio de Asuntos Económicos en un comunicado.
Podrán solicitar los avales públicos las empresas y autónomos afectados por los efectos económicos del coronavirus, siempre que a cierre de 2019 no estuvieran considerados morosos o hayan entrado este año en un procedimiento concursal.
Los avales tendrán carácter retroactivo y podrán solicitarse para las operaciones formalizadas con posterioridad a la entrada en vigor del real decreto-ley de medidas extraordinarias, que se produjo el pasado día 18 de marzo.
Las empresas y autónomos interesados podrán solicitar la garantía para sus operaciones hasta el 30 de septiembre de 2020 y para ello deberán dirigirse a las entidades financieras con las que el ICO haya suscrito los correspondientes acuerdos de colaboración.
El coste del aval, de entre 20 y 120 puntos básicos, será asumido por las entidades financieras, subraya el departamento que dirige Nadia Calviño, pero gracias a esa garantía se da por hecho que la banca estará más dispuesta a financiar al compartir el riesgo.
En cuanto al tipo de interés aplicado, las entidades financieras se comprometen a mantener los costes de los nuevos préstamos y de las renovaciones que se beneficien de estos avales en línea con los intereses que aplicaba antes del inicio de la crisis del COVID-19.
También asumen el compromiso de mantener, al menos hasta el 30 de septiembre de 2020, los límites de las líneas de circulante concedidas a todos los clientes y, en particular, a aquellos clientes cuyos préstamos resulten avalados.
El Gobierno hará un seguimiento de este primer tramo de avales a medida que avance la crisis para decidir en qué momento y en qué condiciones libera otros tramos, pues está dispuesto a ofrecer garantías por hasta 80.000 millones más si hiciera falta.
A pesar de que la banca no tiene ningún problema para conceder financiación en estos momentos, la importancia de los avales está en que facilita la operación y permite que ante la actual parálisis económica autónomos, pymes y empresas obtenga liquidez para el pago de salarios, facturas, circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo vencimientos de obligaciones financieras o tributarias.
El aval emitido tendrá una vigencia igual al plazo del préstamo concedido, con un plazo máximo de cinco años.
AMPLIACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA
Por otra parte, el Gobierno ha acordado este martes pedir al Congreso que autorice la ampliación del estado de alarma hasta el 11 de abril, en las mismas condiciones que rige actualmente.
Así lo ha anunciado la portavoz del Ejecutivo durante la comparecencia ante la prensa posterior a la sesión del Consejo de Ministros de este martes, en la que ha estado acompañada del ministro de Sanidad Salvador Illa.
El acuerdo del texto que enviará al Congreso en las próximas horas es un paso indispensable para que la Cámara lo debata y vote la autorización o no del estado de alarma, tal y como establecen la Constitución y el reglamento del propio Congreso.
Hasta las 00.00 horas del 11 de abril durará la prórroga por la que aboga el Gobierno, de acuerdo con las recomendaciones y el criterio de las autoridades sanitarias y de los expertos, ha remarcado Montero.
Las condiciones del estado de alarma ya declarado por el Gobierno, mediante decreto ley aprobado el pasado 14 de marzo, serán las mismas mientras dure la prórroga, ha puntualizado.
La ministra de Hacienda ha reconocido la "dureza" de una medida que mañana debatirá y votará el Congreso. El pleno para ello está convocado.
"El Gobierno espera contar con el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias", ha afirmado Montero antes de recalcar que "la sociedad quiere que el conjunto de los responsables políticos" muestren unidad.
Si es avalada la prórroga por la Cámara, el Gobierno volverá a reunir al Consejo de Ministros, en sesión extraordinaria, el viernes que viene para que entre en vigor.
La portavoz del Gobierno ha añadido: "Somos conscientes de las inquietudes y desazón que genera el confinamiento para las familias, pero las autoridades sanitarias y los expertos coinciden en que es una medida efectiva" para alcanzar el primer objetivo: aplanar la curva de contagios y que luego vaya descendiendo.
ACUERDO PARA QUE ESPAÑOLES RETORNEN
De otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo para exceptuar de la restricción de vuelos entre Italia y España a los repatriados (ciudadanos españoles o residentes en España), ha explicado este martes la ministra de Hacienda y portavoz.
Montero ha explicado que la evolución de la crisis del coronavirus Covid-19 ha hecho necesario modificar el acuerdo que se adoptó el pasado 10 de marzo para incluir la situación de esos ciudadanos entre las excepciones a la medida que se adoptó entonces.
En esa ocasión, cuando en España no se había decretado todavía el estado de alarma por el coronavirus, el Consejo de Ministros acordó prohibir todos los vuelos directos entre Italia, donde la pandemia ya se había extendido, y España durante 14 días, como medida de prevención para limitar la propagación y el contagio por el coronavirus.
La gran mayoría de los casos de coronavirus importados en España estaban vinculados a viajeros procedentes de Italia, que entonces había bloqueado parte de sus comunicaciones pero no había cerrado por completo sus aeropuertos.
Ahora, con el decreto aprobado este martes, la prohibición se levantará, previa autorización del Ministerio de Sanidad, a los vuelos de aeronaves con ciudadanos españoles o que tengan su residencia en España, limitando su entrada a Madrid, Barcelona, Gran Canaria, Málaga y Palma de Mallorca.
Los que lleguen tendrán que guardar un periodo de cuarentena y serán monitorizados por las autoridades sanitarias.
REBAJA SALARIAL A FUNCIONARIOS
Además, durante su intervención la portavoz del Ejecutivo ha negado que el Gobierno se haya planteado una rebaja salarial para los funcionarios, a los que ha reiterado su agradecimiento en la lucha contra el coronavirus.
Montero ha enmarcado alguna información en este sentido dentro de una "estrategia de confusión y bulo" que hay que combatir y que no beneficia a la sociedad.
"Son mas imprescindibles que nunca, en ningún momento este Gobierno se ha planteado una medida de rebaja salarial", ha subrayado Montero que ha agradecido el trabajo de sanitarios, miembros de las fuerzas de seguridad, profesores, trabajadores sociales o los funcionarios que siguen atendiendo todo tipo de servicios públicos.
"Mantienen servicios esenciales imprescindibles para el bienestar" de todos, ha subrayado.
RESPETO SOBRE LA SITUACIÓN DE CALVO
En otro orden, el Gobierno ha pedido respeto sobre la situación de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ingresada por una infección respiratoria, y no ha confirmado si ha dado positivo en la prueba del coronavirus, porque aún no tiene los resultados.
Así lo ha asegurado la portavoz del Ejecutivo, quien ha considerado que hay que ser "muy respetuosos" con la "situación de enfermedad" de los miembros del Consejo de Ministros y ha defendido "guardar la discreción debida".
Montero ha recalcado que aún no se conoce el resultado de la prueba del coronavirus practicada a Calvo y no ha dado detalles sobre el estado de la vicepresidenta, si bien ha agradecido las muestras de cariño y preocupación de los medios o de muchas personas anónimas hacia la número dos del Ejecutivo y otros miembros.
Sí ha contado la titular de Hacienda que las dos ministras que dieron positivo en coronavirus, Irene Montero y Carolina Darias, se están recuperando en sus respectivos domicilios guardando la debida cuarentena.
Así, ha señalado que Irene Montero "se recupera adecuadamente" como lo hace también Darias.
Montero y Darias dieron positivo el pasado 12 de marzo, días después de haber participado en la multitudinaria manifestación del Día de la Mujer en Madrid, en cuya cabecera estaba la vicepresidenta Calvo, así como la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, también contagiada con el COVID-19.
Carmen Calvo se encuentra ingresada en una clínica madrileña a la que acudió el domingo por la tarde y en la que, tras someterse a varias pruebas, los facultativos decidieron que permaneciera hospitalizada debido a una infección respiratoria.
El Gobierno ha ordenado la desinfección de algunas dependencias de la vicepresidencia que ella dirige, así como de las que utilizan los conductores del complejo de la Moncloa, colectivo en el que se han dado casos positivos.
DISTRIBUCIÓN DE 5,8 MILLONES DE MASCARILLAS
Por su parte, el ministro de Sanidad ha asegurado que hasta este martes el Gobierno ha distribuido 5.848.000 mascarillas de protección entre las comunidades autónomas y ha asegurado que no hay "ningún impedimento" para que éstas sigan adquiriendo los productos de protección que crean que necesitan.
Illa ha rechazado que fuera un error poner en marcha el mecanismo de compra centralizada y ha dicho que no fue un error, ya que el balance es "positivo" y demuestra que se hizo bien en adoptar esta medida.
Ante las circunstancias "excepcionales" con un mercado desabastecido y mucha competencia, se hizo necesario tomar medidas de apoyo y el Gobierno que, en condiciones normales no compra estos productos, decidió reforzar los mecanismos de apoyo como la compra centralizada, ha explicado.
Illa ha recordado que, además de mascarillas, el Ejecutivo está comprando en el mercado chino también test rápidos y respiradores.
Además, se está activando la producción nacional, porque el autoabastecimiento "es lo que nos va a proporcionar la garantía de disponer de esos productos en las próximas semanas y meses", ha recalcado.
Todo ello, ha precisado, sin que las comunidades sigan desarrollando su papel, pero, ha reiterado, que la compra centralizada "correspondía hacerlo por la excepcionalidad de la situación".
Illa ha insistido en que el Gobierno no ha dificultado, sino todo lo contrario, la compra de material sanitario para hacer frente al coronavirus.
En este sentido, ha explicado que España se ha dirigido al mercado chino, aunque no exclusivamente, para adquirir el material porque es el que tienen más capacidad de producción, aunque también ha participado en todos los procedimientos de compra conjunta de la UE, en concreto, en cuatro.
También ha querido dejar claro que a la hora de adquirir el material, el Gobierno toma todas las precauciones que puede y debe tomar para garantizar que los productos tienen la calidad exigida y que las ofertas que se le hacen son serias y no son "movimientos especulativos".
SOLIDARIDAD CON MADRID
De otro lado, el Gobierno ha reconocido que empieza a detectar tensión en el sistema sanitario de la Comunidad de Madrid, por lo que ha hecho un llamamiento a la solidaridad con la comunidad autónoma más afectada por el avance de la epidemia del coronavirus.
"Empezamos a detectar tensión en algunas partes del Sistema Nacional de Salud, en concreto en la Comunidad Autónoma de Madrid, y es el momento de la solidaridad con Madrid, hago un llamamiento a la solidaridad con Madrid como lo haremos cuando ocurran situaciones de tensión en otras partes del Sistema", ha avanzado el ministro de Sanidad.
Illa ha explicado que, como autoridad delegada competente en materia de sanidad, tiene la obligación de velar por la equidad y la cohesión del sistema sanitario, lo que ahora requiere de un "movimiento de solidaridad con Madrid".
Esto se traducirá en tres acciones: desplegar los recursos sanitarios necesarios en Madrid desde otras partes del territorio nacional donde no son hoy necesarios.
En segundo lugar, esfuerzos en la compra de material necesario, en especial todo lo referente a la respiración asistida, y en tercer lugar la activación de toda la capacidad de fabricación nacional de estos productos.
Illa ha agradecido a todos los grupos industriales del país y de ingeniería que están trabajando "a marchas forzadas" para producir equipos de producción individual, test de detección del virus -tanto estándares como rápidos- y aparatos de respiración asistida.
"Es una carrera importante, a veces contrarreloj, que vamos a ganar si seguimos sumando como estamos haciendo ahora, esfuerzos todos", ha subrayado.
El titular de Sanidad ha insistido en que esta es una semana "muy dura" de la lucha contra la pandemia, porque es en la que se trata de llegar al pico de la epidemia, y ha prometido que el Ejecutivo "sigue al máximo nivel de movilización" para garantizar el suministro de productos sanitarios necesarios.
SITUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS
Por último y de otro lado, el ministro de Sanidad ha anunciado la creación de un grupo especial de seguimiento sobre la situación de las residencias y centros de mayores en el marco de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus y después de que las Fuerzas Armadas hayan detectado algunas personas fallecidas conviviendo con residentes de varios centros.
El grupo especial de seguimiento sobre la situación de las residencias y centros de mayores estará integrado por representantes de la Vicepresidencia de Asuntos Sociales y Agenda 2020, el Ministerio de Sanidad, y el de Defensa, que lidera Margarita Robles.
Illa, que ha reiterado que los mayores son un colectivo de "especial atención" por tratarse de población especialmente vulnerable ante los ataques del coronavirus, ha recordado que el 5 de marzo se acordó un protocolo de actuación consensuado con las comunidades autónomas.
En este sentido, el ministro ha destacado que, relacionadas con este protocolo, se han dictado después dos órdenes ministeriales "de obligado cumplimento" para quienes tienen la competencia en esta materia "que son las comunidades autónomas".
Asimismo, Illa ha apuntado que la primera orden se dictó el 19 de marzo, pero que en vista de la evolución de la epidemia, se a dictado una nueva orden este martes, a propuesta del vicepresidente de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias.
"Esta nueva orden, más estricta aún que la anterior, establece medidas de intervención en aquellas residencias que no cumplan los requisitos, y somete a todas las residencias a la autoridad pública de cada comunidad autónoma", ha señalado, para después añadir que también establece unas medidas estrictas de inspección sanitaria y mecanismos de información puntual para el Gobierno.
Finalmente, preguntado sobre el número de fallecidos, profesionales infectados y de baja, etc. el titular de la cartera de Sanidad ha respondido que no dispone de esa información, pero ha insistido en que el Gobierno velará por el cumplimiento de las órdenes dictadas y para que se dé "la máxima atención" a las residencias, y "dará todo el apoyo que se tenga que dar" para ello.
