sábado 04.04.2020

España crea reservas de material sanitario básico a través de una "economía de guerra"

Por otra parte, las fuerzas de seguridad han impuesto más de 102.000 denuncias y detenido a 932 personas por infringir las medidas del estado de alarma
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en rueda de prensa en Moncloa
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en rueda de prensa en Moncloa

El Gobierno está trabajando en la creación de reservas nacionales estratégicas de material sanitario básico, como mascarillas, batas desechables, geles hidroalcohólicos o respiradores, mediante la orientación de ciertos sectores industriales nacionales hacia su producción, bajo lo que denomina una "economía de guerra".

Así lo ha avanzado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, durante una comparecencia en el Palacio de la Moncloa, en la que ha agradecido el "compromiso y la predisposición" del conjunto de la industria para llevar a cabo este programa de reservas estratégicas.

Maroto cree "crucial" asegurar el suministro de estos productos básicos para garantizar la salud de los profesionales sanitarios y del conjunto de trabajadores de los servicios esenciales, así como del conjunto de la población, mientras se prolongue la pandemia del coronavirus.

Por ello, ha puesto en valor la iniciativas llevadas a cabo por muchas empresas para la fabricación de material sanitario, así como el "enorme esfuerzo" realizado desde su Departamento en la coordinación con asociaciones y empresas industriales de la reorientación de sus cadenas de producción.

"Se trata de una respuesta muy positiva que refuerza la idea de compromiso colectivo; España es un gran país y cuenta con una industria competitiva y competente, que está dando lo mejor de sí para ponerse del lado del Gobierno y de la ciudadanía, anteponiendo los intereses generales", ha declarado Maroto.

En concreto, se ha referido a las industrias farmacéutica, de la automoción, tanto fabricantes de vehículos como de componentes, química, de papel y celulosa, textil, tecnológica, y muchas otras, al mismo tiempo que ha agradecido a los sindicatos CC.OO. de Industria y UGT Fica por coordinar "esa gran misión de lucha contra el covid-19".

Por ejemplo, ha citado la orientación de la industria textil a la fabricación a gran escala de mascarillas y batas desechables y la del perfume, cosmética y bebidas espirituosas a producción de geles hidroalcohólicos.

PRODUCCIÓN NACIONAL DE RESPIRADORES

Respecto a la necesidad de más respiradores en los hospitales, la ministra ha señalado que se está desarrollando una producción nacional donde no la había e incrementando las capacidades donde ya existían, como a través de la madrileña Hersill o la valenciana Temel, ambas fabricantes de respiradores que ya están llegado a los centros hospitalarios.

Sobre el impacto de esta crisis en el empleo, Maroto ha destacado que la voluntad del Gobierno es que se pierda "el menor número de puestos de trabajo posible", aunque ha resaltado la flexibilización de los ERTE acometida por el Ejecutivo como garante de que esa pérdida de empleo sea pequeña, al garantizar los puestos de trabajo, al menos, durante seis meses.

No obstante, ha admitido que el impacto económico de esta crisis sanitaria "es un hecho", debido a la limitación del movimiento de las personas, aunque destaca la capacidad que han tenido las empresas para implementar el teletrabajo, algo que cree que ayudará a mantener los niveles de empleo.

GARANTIZAR SOLUCIONES HABITACIONALES

Por otra parte, el Gobierno está trabajando, junto con las comunidades autónomas, para "determinar una serie de alojamientos", como hoteles, hostales y apartamentos turísticos, que garanticen soluciones habitacionales a aquellas personas que lo necesiten.

Así lo ha anunciado ministra de Industria, Comercio y Turismo durante su comparecencia, donde ha detallado que la medida garantizaría el alojamiento a aquellos que requieran una solución habitacional en este momento de estado de alarma por el coronavirus, como familiares de enfermos, trabajadores o turistas que no hayan conseguido retornar a sus países de origen.

Según ha detallado Maroto, se está desarrollando una Orden, que espera aprobar hoy o mañana, para garantizar estas soluciones habitacionales al conjunto de la población que las requiera con el objetivo de que puedan disponer "no solo de una cama, sino también de esos servicios que los hoteles y los alojamientos ofrecen".

"En estos momentos stamos trabajando con las comunidades autónomas para determinar una serie de alojamientos como hoteles, hostales o apartamentos turísticos que permitan el alojamiento de todo tipo de personas que por una necesidad requieren una solución habitacional", ha explicado Maroto.

El pasado 19 de marzo el Gobierno impuso el cierre de todos los hoteles y alojamientos turísticos similares en el plazo máximo de una semana como complemento a las medidas puestas en marcha para tratar de contener la expansión del nuevo coronavirus.

En la norma se establece esta medida preventiva para todos los hoteles y alojamientos similares, alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia, campings, aparcamientos de caravanas y otros establecimientos similares, ubicados en cualquier parte del territorio nacional.

No obstante, para establecimientos de alojamiento turístico de larga estancia y de temporada, el Gobierno aclaró que quedará permitida la apertura al público para aquellos que alberguen clientes "que, en el momento de declaración del estado de alarma --el pasado sábado--, se hallen hospedados de manera estable y de temporada, siempre que sus ocupantes cuenten con las infraestructuras, en sus propios espacios habitacionales". En este caso, especifica que no podrán admitir a nuevos clientes hasta nueva orden.

PAQUETES DE MEDIDAS PARA EL SECTOR

Maroto ha recordado la línea de financiación de 400 millones de euros del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para apoyar a las empresas y autónomos del sector turístico, el transporte y la hostelería aprobada antes de la declación del estado de alarma.

A esta medida se sumó la ampliación de las bonificaciones de la Seguridad Social de los trabajadores fijos-discontinuos del sector entre los meses de febrero y junio. También ha informado de que se devolverá el importe de los viajes de Turismo Social del Imserso que han sido cancelados esta semana por el Gobierno como medida de prevención ante el coronavirus.

"Esto no significa que no sigamos trabajando y analizando propuestas", ha recalcado la ministra.

DENUNCIAS Y DETENIDOS DURANTE EL ESTADO DE ALARMA

En otro orden de asuntos, las fuerzas de seguridad han impuesto más de 102.000 denuncias y detenido a 932 personas por infringir las medidas de restricción de la movilidad decretadas en el estado de alarma por la pandemia del coronavirus, según ha avanzado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. 

Durante la rueda de prensa conjunta con la ministra de Industria, el titular de Interior ha apelado a la responsabilidad de los ciudadanos, que en general están cumpliendo las normas, pero ha recordado algunas actitudes insolidarias como la de los tres infectados que han escapado de hospitales. 

Marlaska se ha referido en concreto a dos enfermos que se escaparon de un hospital de la localidad madrileña de Leganés y a otro que huyó del centro sanitario de Benidorm (Alicante), aunque la Policía ha conseguido reingresarles con las medidas de seguridad pertinentes. 

Sobre estos hechos, el ministro ha indicado que se estudiará "decididamente" la responsabilidad, incluida la penal, de esos tres pacientes que "abandonaron de forma indebida, negligente e imprudente" el hospital y que se dará traslado a la Fiscalía. 

Al inicio de su comparecencia, Marlaska ha lamentado la muerte de José Antonio, el tercer guardia civil fallecido por el coronavirus, y la de una presa de 78 años, que también ha muerto víctima del COVID-19. 

El ministro ha agradecido la labor de las fuerzas de seguridad, tanto las del Estado como las autonómicas y locales, y de los funcionarios de Prisiones, así como el comportamiento de los presos, que han comprendido la situación y aceptado las medidas del estado de alerta, que les ha restringido las comunicaciones directas con sus allegados, entre ellas los "vis a vis". 

Sobre las fuerzas de seguridad, ha destacado su papel para garantizar que la movilidad sea solo la que se permite en el decreto: la tendente a garantizar los servicios básicos, la atención sanitaria y el abastecimiento de medicamentos y de alimentos. 

Desde que comenzó el estado de alerta, 932 personas han sido detenidas y se han impuesto mas de 102.000 sanciones por saltarse las medidas del decreto. Solo este martes, ha explicado el ministro, se han practicado 130 detenciones e impuesto más de 20.000 denuncias a personas que "no se han metido en la cabeza que todos somos corresponsables en la lucha contra la propagación del virus". 

Ha recordado que ya se han dictado algunas condenas por desobediencia, como la de un juez de Santa Cruz de Tenerife, que impuso 4 meses de cárcel a un ciudadano. 

Respecto a la protección de los funcionarios de Prisiones y de los agentes de los cuerpos de seguridad, ha dejado claro que están a su disposición todos los elementos necesarios para evitar la propagación del virus. 

Asimismo, ha dicho que se han asegurado nuevas partidas de material que se distribuirán a corto plazo. "Estamos garantizando, como no podía ser de otro modo, que las fuerzas de seguridad trabajen conforme a los criterios de prevención de riegos laborales", ha enfatizado. 

"Tienen medios y estamos comprometidos a que los seguirán teniendo", ha zanjado Marlaska. 

Preguntado sobre la petición del defensor del Pueblo y de algunas asociaciones para dejar en libertad a los internos de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), el ministro ha reiterado que se hace un estudio individualizado, "persona por persona", para ello. 

Y ha recordado que "toda persona ingresada cuenta con una autorización judicial" y si se observa que es imposible el retorno a su país de origen, se acuerda su libertad "con las garantías necesarias y precisas".

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