El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido el recurso contra "ley antifracking" de Castilla-La Mancha de medidas de protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica, y ha suspendido su vigencia.
Una decisión que ha adoptado el Pleno del alto tribunal, que ha decidido suspender la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados por el Gobierno, en concreto el artículo 3, las disposiciones transitorias Primera y Segunda y la disposición Final Primera de esa ley, aprobada por las Cortes de Castilla-La Mancha el pasado 9 de marzo.
La ley faculta a la comunidad autónoma a elaborar un plan para ver qué zonas se pueden usar para el "fracking", lo que a juicio del Gobierno, supone una vulneración de la ley del Sector de Hidrocarburos y la ley de Evaluación Ambiental.
Según el Ejecutivo, la comunidad autónoma no puede regular un "Plan estratégico" porque las competencias sobre hidrocarburos y medioambiente pertenecen al Estado.
El TC da un plazo de quince días a las partes para personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.
