El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el anteproyecto de ley contra la despoblación que, entre otras medidas, incluye incentivos fiscales tanto para las personas que vivan en las zonas en riesgo de despoblación como para las empresas que se radiquen en estos pueblos, mediante desgravaciones en los impuestos cedidos a la comunidad autónoma.
El vicepresidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno en la que se ha dado el visto bueno al anteproyecto de Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha, cuya principal novedad, ha destacado, es que se trata de la primera ley que utiliza la política fiscal para luchar contra la despoblación.
Así, la nueva normativa, que será remitida al Consejo Consultivo y luego a las Cortes para su tramitación, establece la desgravación de hasta el 25 % de la cuota autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para quienes fijen su residencia efectiva en zonas despobladas y una desgravación del 10 % para la construcción o rehabilitación de una vivienda, lo que en la práctica supone que con esas dos desgravaciones no se pagarían impuestos a la comunidad autónoma.
También se prevén desgravaciones en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que se reduce al 50 %, lo mismo que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, lo que, según ha destacado Martínez Guijarro, facilitará la implantación de empresas, que además podrán tener hasta un 40 % de ayuda adicional en las líneas de ayudas.
La ley contra la despoblación, que nace acompañada de una memoria económica de 600 millones de euros para la implantación de las medidas, incluye asimismo soluciones para garantizar que los ciudadanos que viven en zonas despobladas pueden acceder a los servicios públicos esenciales - sanidad, educación y servicios sociales- en iguales condiciones que el resto.
Para garantizar el acceso a la educación pública, habrá colegios allí donde haya un mínimo de cuatro niños; se establece un programa de formación profesional adaptada a la realidad de la comarca y se establece un contrato-programa para la financiación de la enseñanza superior de los jóvenes con la condición de que sus familias sigan viviendo en los pueblos.
En lo que respecta a la sanidad, el planteamiento es el aumento de los servicios de atención primaria mediante programas tecnológicos novedosos; la garantía de acceso a las urgencias en un tiempo menor a 30 minutos se viva donde se viva y se prevé facilitar el acceso a los medicamentos.
En servicios sociales, se implantará la teleasistencia avanzada para los mayores de 70 años y, cuando no puedan permanecer en su domicilio, tendrán una plaza en un recurso residencial en menos de 40 kilómetros, así como también se presta atención a la discapacidad.
El transporte público en las zonas despobladas se prestará según un nuevo modelo sensible a la demanda, que comunicará los pueblos entre sí y con la cabecera de comarca.
La ley busca garantizar a su vez la cohesión económica, social y territorial y, además del 40 % de ayuda adicional a las empresas, se va a crear, con el fin de resolver el problema de acceso a los servicios de financiación, un fondo de apoyo financiero a empresas dotado inicialmente con 10 millones de euros, que se complementará con aportaciones públicas y privadas.
Se implantarán modelos alternativos que favorezcan la conciliación para niños de 0 a 3 años; programas específicos de acceso a la vivienda que primarán la rehabilitación que permita la reutilización del parque de viviendas ya existente; se facilitará el acceso a la cultura, el ocio responsable y a los medios de comunicación social; y se fomentarán las energías renovables, y el acceso a tecnologías de fibra óptica y 5G en todas las localidades.
El vicepresidente también ha comentado que, para favorecer que quien quiera, pueda regresar a los pueblos, se pondrá en marcha un programa de retorno interno, similar al del retorno de talento joven que tan buenos resultados está dando, ha dicho Martínez Guijarro.
El vicepresidente regional ha destacado que se trata de una ley "pionera" en España, que sentará las bases para que la gente pueda decidir con libertad dónde vivir, con un marco tributario favorable y con la garantía de los servicios públicos básicos.
Incorpora conceptos novedosos como el de impacto demográfico, por el cual se exige que todas las decisiones estratégicas, leyes y servicios contemplen cómo se van a desarrollar y qué impacto tendrán en las zonas despobladas; y el concepto de estancia efectiva, que establece medidas de apoyo a personas que efectivamente viven en los pueblos, donde están empadronadas y donde tienen la tarjeta sanitaria y escolarizados a los niños.
La ley zonifica el medio rural según parámetros, el principal el de la población, que va entre las zonas con extrema despoblación que son las que tienen menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado; las de intensa despoblación (entre 8 y 12,5 habitantes), las que están en riesgo (12,5 a 20), las intermedias y las periurbanas, estas con más de 50 habitantes por kilómetro cuadrado.
Espera que esta primavera la ley pueda ser aprobada en las Cortes con el máximo consenso posible.
