El Gobierno regional llevará a cabo 165 actuaciones en centros educativos a través de las Expresiones de Interés con una inversión de 18,2 millones de euros, de los cuales 12,1 son cofinanciados a través del Programa Operativo FEDER regional. Así lo ha avanzado el portavoz del Ejecutivo regional, Nacho Hernando, en la rueda de prensa para informar de los acuerdos que esta semana ha tomado el Consejo de Gobierno.
De esta forma, el Ejecutivo de Emiliano García-Page prevé llevar a cabo seis actuaciones destinadas a la ampliación de centros existentes y reformas incluidas en el Plan de Infraestructuras Educativas 2015-2019, con una inversión total prevista de 4,3 millones de euros, de los cuales 1,8 millones son cofinanciables por la Unión Europea y el resto debe ser aportado por los ayuntamientos solicitantes. Asimismo, llevará a cabo 159 intervenciones con un valor de 13,9 millones de euros para actuaciones de reforma, mejora y ampliación de centros con un presupuesto inferior a 300.000 euros
Este ambicioso plan, ha destacado Hernando, demuestra que “nosotros aprovechamos cada céntimo, hasta el último euro de fondos europeos, cosa que no se hacía en la pasada legislatura” y ha asegurado que, de esta manera, se pueden acometer proyectos que de otra forma no se podrían hacer con recursos propios, “dentro de la limitación que nos hemos puesto a nosotros mismos en esta legislatura de intentar conseguir esa recuperación social y económica con los mismo mimbres, es decir, sin subirle a nadie los impuestos que es una de las decisiones que tuvimos y que mantenemos a día de hoy”, ha remarcado.
PRÓRROGA DEL REFUERZO EN SERVICIOS DE DEPENDENCIA
Además, el Consejo de Gobierno ha autorizado la prórroga del programa temporal de 36 funcionarios interinos de refuerzo personal en los Servicios de Dependencia de las direcciones provinciales de Bienestar Social.
Hernando ha destacado que desde la puesta en marcha del Plan de Mejora del Sistema de Dependencia se ha producido un aumento del 112 por ciento en el número de solicitudes, siendo más de 41.000 las solicitudes que se han presentado en la actual legislatura, “sin duda una prueba de mayor confianza de los ciudadanos en el sistema de dependencia gestionado en Castilla-La Mancha”, ha asegurado el portavoz regional.
Asimismo, ha destacado como durante esta legislatura se han incorporado al sistema 20.200 nuevos beneficiarios, hasta alcanzar los 54.960 en julio de 2018, según cifras del IMSERSO, mientras que durante la anterior legislatura se perdieron 5.189 beneficiarios. Las prestaciones también han experimentado un crecimiento del 40 por ciento, de 47.160 en julio de 2015 a 66.066 prestaciones; es decir, 18.906 prestaciones más.
Además, respecto al número de personas pendientes de atención en estos tres años de Gobierno de Emiliano García-Page se ha reducido un 76 por ciento, pasando de los 26.919 de julio de 2015 a 6.354 de julio de 2018, es decir, 20.565 expedientes menos. De hecho, Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que más ha reducido la lista de espera.
Respecto al grado de cobertura en la región, se ha avanzado casi 31 puntos porcentuales desde julio de 2015, hasta el 86,78 por ciento; lo que ha impulsado el avance de la región en comparación al resto de comunidades autónomas, ya que ha pasado del penúltimo lugar al puesto número seis, sobrepasando la media nacional que actualmente se sitúa en el 77,52 por ciento.
Un progreso que ha recogido el último Dictamen del Observatorio Nacional de la Dependencia, que determina que Castilla-La Mancha ha avanzado del suspenso en el mes de junio de 2015 en materia de Dependencia al notable alto a fecha de 31 de diciembre de 2017.
El portavoz ha asegurado que “ahora el Sistema de Dependencia aporta seguridad jurídica a través del Catálogo de Dependencia y del futuro decreto de Procedimiento de Dependencia, una normativa que recogerá que, por primera vez en la Comunidad Autónoma, la valoración de los menores de 6 años va a ser prioritaria y se va a reducir el plazo de valoración a la mitad, pasando de los 6 a los 3 meses”, y ha destacado como “además supone un motor económico tanto en creación de empleo, como en el retorno de la inversión”.
Por este motivo, Hernando ha vuelto a reclamar el Ejecutivo nacional que “pueda atajar esa deuda histórica con Castilla-La Mancha en materia de la Dependencia,” a la vez que ha pedido “una financiación autonómica que no sea de régimen bilateral, porque la solidaridad entre comunidades autónomas tiene que ser grupal, integral” y ha remarcado que “no podemos estar mercadeando de manera bilateral con el Estado, sino que tenemos que ponernos a trabajar unidos en un proyecto que no es otra cosa que España”.
AMPLIACIÓN DE LAS AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL
Además, esta semana el Consejo de Gobierno ha autorizado incorporar a las Ayudas de Emergencia Social, 3,4 millones de euros de los fondos finalistas que se han acordado con el Ministerio, tras la celebración del Consejo de Política Territorial de Servicios Sociales. De esta manera, el crédito final para estas ayudas asciende a 6,6 millones de euros destinados a tejer una parte de la red de protección de las familias más desfavorecidas de esta región.
Una ayudas que, como ha asegurado Hernando, suponen “más solidaridad y menos pobreza como demuestra que, por una parte, en lo que llevamos de 2018, hemos concedido 3.700 ayudas de Emergencia Social, y en 2017 se beneficiaron de las mismas alrededor de 6.400 personas; y por otra, la reducción, prácticamente, a la mitad que se ha producido en esta legislatura de la tasa de pobreza severa en Castilla-La Mancha, pasando de 8,5 por ciento en 2015 a 4,4 por ciento en 2017.
A este respecto, Hernando ha asegurado que “mientras que otros habían intentado darse golpes de pecho y colgarse medallas a ver quién recortaba más, nosotros solamente nos hemos permitido el lujo de recortar en una cosa: en la tasa de pobreza severa que hemos recortado a la mitad, y es probablemente el único recorte de los que una persona que se dedica a la política se debería sentir orgullosa. No dando golpes de pecho, ni jaleando, ni avalando recortes que otros hicieron en el pasado, y ahora por lo que vemos en las primarias del PP todos siguen el misma línea de seguir jaleando a quienes recortaron”, ha subrayado.
4,7 MILLONES MÁS PARA ACCIONES DE FP PARA EL EMPLEO
En otro orden de asuntos, el Consejo de Gobierno ha autorizado la ampliación en 4,7 millones de euros de la convocatoria de subvenciones para la realización de acciones de formación profesional para el empleo, dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas para 2018. Con ello, ha indicado el portavoz del Gobierno regional, “se podrá llegar a través de 578 cursos, a 9.000 alumnos y alumnas para que mejoren su empleabilidad, y que son precisamente aquellas personas que tienen mayores dificultades para acceder o mantenerse en el mercado de trabajo”.
Hernando ha recalcado que, en total, se destinarán a esta línea un total de 28,5 millones de euros para la realización de acciones incluidas en los programas de formación de los servicios públicos de empleo “para cubrir, en la medida de lo posible las necesidades formativas detectadas en los itinerarios personalizados de inserción y en las ofertas de empleo dirigidas a estas personas trabajadoras desempleadas”, ha indicado.
En este sentido, ha concretado que se va a dar prioridad a colectivos “que lo pasan particularmente mal, como el de mujeres, que sufren más el desempleo que los hombres; los mayores de 45 años, personas con necesidades formativas especiales derivadas de discapacidad, afectados y víctimas del terrorismo y de la violencia de género; así como desempleadas de larga duración, trabajadores poco cualificados, jóvenes, y, especialmente, los que han abandonado de forma temprana el sistema educativo y en su conjunto cualquier persona con riesgo de exclusión social”.
En concreto, ha explicado, las acciones que serán subvencionables están dirigidas a la obtención de los certificados de profesionalidad; las que favorezcan la realización de prácticas profesionales, “tan difícil es ese primer empleo, ese escalón tan alto que impide seguir escalando la escalera”, ha dicho; así como acciones que favorezcan las competencias lingüísticas y acciones que favorezcan la innovación y el espíritu empresarial. Y, por último, serán también objeto de subvención, las becas y ayudas de transporte, conciliación, manutención y alojamiento que se concedan a los desempleados que participen en las acciones formativas y, en su caso, la compensación a empresas por la realización de prácticas profesionales no laborales.
DECRETO REGIONAL DE CONSUMO
Asimismo, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde al proyecto de Decreto del Consejo Regional de Consumo, ha informado el portavoz, quien ha señalado que con este decreto se va a regular “la composición, la designación de miembros y el régimen jurídico del que es el principal órgano de representación y consulta en materia de Consumo regional”, que estará integrado por colectivos implicados en relaciones de consumo, la Administración regional y entidades locales de la región.
Y es que, ha dicho Hernando, con los cambios sociales producidos en los últimos años, “se hacía ya muy necesaria una actualización de este órgano colegiado de carácter consultivo para que podamos hacer efectivo el derecho de participación, de representación y de consulta en el marco de las políticas de consumo y adecuarnos a los nuevos tiempos”, ha recalcado. Al respecto, y para contar con los distintos protagonistas de las relaciones de consumo, “se actualiza la representación incorporando determinadas entidades no contempladas con anterioridad”, como es el caso, ha indicado, de las asociaciones de comercio justo.
Con ello, junto a la Administración regional, participarán como vocales organizaciones de consumidores y usuarios, de la asociación regional de cooperativas de consumo, de la organización empresarial de Castilla-La Mancha, el Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio de Castilla-La Mancha, organizaciones sindicales, un vocal por parte de las asociaciones de vecinos, otro por la Federación de Municipios y Provincias, de las oficinas municipales de información al consumidor, y de las organizaciones de Comercio Justo, así como colectivos que requieran especial protección, como personas con discapacidad, mayores, niños, o personas en riesgo de exclusión social.
Todo, ha reconocido, “para recoger el creciente protagonismo” del que toda la ciudadanía “ha sido testigo”, ha recalcado, del movimiento asociativo en defensa de los intereses de los consumidores, y de los avances y logros conseguidos, en sintonía con los objetivos de las instituciones de la Unión Europea. “Tenemos que velar porque en nuestros hogares estemos protegidos”, ha enfatizado.
PAPELETAS Y SOBRES PARA LAS ELECCIONES DE 2019
Además, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha avanzado que desde el Gobierno regional se ha dado “el pistoletazo de salida” a la organización de las elecciones municipales y autonómicas, propiciando el inicio de la tramitación del contrato de suministro de papeletas y sobres para el desarrollo de estas elecciones, que tendrán lugar el próximo 26 de mayo de 2019.
Para ello, ha indicado Hernando, se cuenta con un presupuesto base de licitación de 248.724 euros con el que la Administración regional dotará a cada mesa electoral del número suficiente de papeletas y sobres para que los ciudadanos mayores de edad de la región, puedan ejercer su derecho a sufragio activo, según el censo del 1 de abril de 2018. Se garantizará así, ha recalcado, “una papeleta de cada candidatura y un sobre para cada elector”, con un total para suministrar de 32.650.000 papeletas y 2.362.000 sobres, ha detallado.
El portavoz ha recordado que en febrero, se puso en marcha la Comisión Organizadora de la Elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha, en la que se integran una veintena de responsables de los diferentes departamentos de la Administración regional que participarán en la organización de las próximas elecciones autonómicas.
DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA REGIÓN
En otro orden de asuntos, el portavoz del Gobierno regional ha señalado que todavía tienen que fijar la fecha del Debate sobre el Estado de la Región ya que quieren ser "respetuosos" con el proceso de primarias del Partido Popular regional.
A preguntas de los periodistas, Hernando también ha opinado sobre las primarias del PP que los dos candidatos, Francisco Núñez y Carlos Velázquez, son "candidatos de Cospedal".
A su juicio, es "curioso" el proceso interno que se está llevando a cabo en el PP castellanomanchego, con denuncias de "amenazas" y "acorralamientos", pero ha añadido que, en su opinión, se ha intentado "acorralar" no a Velázquez sino a otros, como la diputada Rosa Romero, hubo otra candidatura "para aunar los votos de los cabreados".
En este sentido, no ha descartado que "en el último momento" puede haber un acuerdo entre los dos candidatos.
Con todo, ha indicado que "seremos respetuosos" con las primarias del PP a la hora de fijar la fecha del Debate sobre el Estado de la Región.
Por otra parte, respecto al presupuesto autonómico de 2019, ha señalado que elaborarlo sin un techo de gasto marcado por el Gobierno central sería "hacer un presupuesto a ciegas" y sería "incluso contraproducente" para los intereses de la región.
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL AMIANTO
De otro lado, y después de que la pasada semana el Ayuntamiento de Toledo, a instancias de Ciudadanos, aprobara reclamar al Gobierno regional una investigación política sobre el origen del amianto en el barrio de Santa María de Benquerencia, Hernando ha afirmado que "no hay nada que investigar" y que "la mejor herramienta para el amianto no es una comisión de investigación sino los trajes que se ponen los profesionales para retirarlo".
"En lo que quede de legislatura que investiguen lo que quieran. Realmente no hay nada que investigar. Lo único que hay que investigar es de qué manera se pueden agilizar los procesos judiciales para entrar en las parcelas de particulares que no quieren retirar los restos y va a tener que hacerlo la administración, para entrar después en peleas jurídicas y ver de qué modo nos pagan", ha dicho Hernando, preguntado por dicha comisión.
Y es que ha recordado que el amianto que estaba en las parcelas de la administración pública se ha retirado de manera "inmediata" y que lo que está en las de propietarios privados conlleva un proceso judicial más largo: "No puedes pegar una patada a la puerta y quitar el amianto de esa manera". "Sobre todo cuando, como pretende la administración, es que sean los propietarios los que paguen los delitos contra el medio ambiente y no los castellano-manchegos".
"Para evitar que todos finalmente paguemos la sinvergonzonería de otros, lo que tenemos que hacer es que un juzgado dé una autorización para entrar en esas parcelas", ha insistido Hernando, que ha avanzado que los servicios jurídicos del Gobierno regional se plantean presentar una querella por delito ambiental, pero "lo primero es retirar los restos".
BARRIO AVANZADO
Así las cosas, ha defendido que el Gobierno regional ha caducado el proyecto del Barrio Avanzado de Toledo para adaptar el barrio de Santa María de Benquerencia a las necesidades actuales y no anclarlo a un proyecto que estaba "caducado".
De este modo ha reaccionado Hernando preguntado por la publicación este miércoles en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del acuerdo de Consejo de Gobierno del pasado 18 de septiembre que resuelve el expediente de declaración de caducidad por incumplimiento en la ejecución del proyecto de singular interés Barrio Avanzado de Toledo por "haber decaído el interés social de alcance regional que justificó en su día tramitar esta actuación como PSI".
"En amplio consenso con los vecinos y al mismo nivel de importancia con el Ayuntamiento de Toledo, hemos caducado un proyecto que estaba ya caducado. Es poner sobre papel oficial lo que era ya evidente, pero eso no quiere decir que el barrio no vaya a seguir creciendo. Simplemente quiere decir pero no vamos a seguir creciendo con una receta que está ya caducada" ha insistido.
Y es que, según el portavoz del Gobierno regional, había cosas que no estaban planteadas en el proyecto, como la alta capacidad tecnológica. "El proyecto estaba caducado hasta tal punto que lo mejor es adaptarlo a las necesidades actuales y hacerlo en consenso con vecinos y con el Ayuntamiento".
Dicho esto, ha defendido que se trata más un tramite administrativo que permite que este asunto "no esté enquistado" y que el barrio pueda avanzar hacia un modelo de crecimiento en una perspectiva de esta década y de la que viene.
En otro orden de cosas, preguntado por el proyecto del Centro de Salud en Santa Bárbara, también en la capital regional, ha dicho que hasta donde él sabe "los plazos van bien". "Tuvimos que cambiar las fechas por una cuestión médica", ha concluido.
