El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el anteproyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que regula la actividad de los lobbies, amplía la condición de alto cargo a los asesores, que tendrán un control mayor, y fija sanciones que incluyen la posibilidad de cesar a altos cargos si incumplen la ley.
El portavoz del Ejecutivo regional, Nacho Hernando, ha explicado en rueda de prensa que, una vez aprobado el anteproyecto de la Ley, ésta se enviará al Consejo Consultivo que cuenta con un mes para pronunciarse, tras lo cual se aprobará el proyecto de ley y comenzará el trámite parlamentario.
La nueva normativa, ha señalado el portavoz de la Junta, es "muy ambiciosa y exigente" e incorpora "numerosas novedades" que hacen que Castilla-La Mancha se sitúe "a la cabeza en cuanto al resto de comunidades autónomas".
En el bloque de transparencia, la ley incorpora aspectos no incluidos a nivel estatal, entre ellos, la obligatoriedad de publicar las relaciones de puestos de trabajo, los gastos de representación de los altos cargos, los gastos en publicidad o la relación de vehículos oficiales.
En el apartado de acceso a la información pública, la ley permitirá que "los ciudadanos puedan solicitar cualquier documento que obre en la Administración regional", aunque con algunas limitaciones, y fijará el silencio administrativo positivo "a diferencia de lo que sucede a nivel estatal", ha destacado Hernando.
También amplía la condición de alto cargo a "todas aquellas personas con funciones efectivas de dirección en el ámbito del sector público regional, sea cual sea su situación o relación laboral con la Administración".
Todos ellos estarán obligados a cumplir un código ético que deberá redactarse antes de que se cumplan seis meses de la publicación de la ley y realizar una declaración responsable sobre el cumplimiento del principio de buen gobierno.
Además, Hernando ha señalado que la ley regulará aspectos básicos relacionados con la publicidad activa, la información pública o el gobierno abierto, establecido además un régimen sancionador por incumplimiento de los deberes y obligaciones que se recogen en ella.
El texto establece sanciones desde los 600 a los 1.200 euros, según la gravedad de la infracción, y la posibilidad de cesar "durante un periodo de tiempo" a los altos cargos si no cumplen la normativa.
El portavoz de la Junta ha destacado que, gracias a esta ley, Castilla-La Mancha se convertirá en la segunda comunidad autónoma que regule los llamados 'lobbies' o grupos de interés, obligándoles a inscribirse en un registro e informar de cuáles son sus objetivos, las actividades que desempeñan o los encuentros que celebran para tal fin.
También se incluye la creación de varios órganos de control, que tendrán su base en las llamadas 'unidades de transparencia', que serán también las que conformen la Comisión Interdepartamental para la Transparencia, entre cuyas funciones está impulsar y coordinar la implementación de las medidas que se deriven de esta norma, planificar las que se han de seguir y realizar un seguimiento de su implantación.
Además, habrá una Oficina de Transparencia adscrita a la Vicepresidencia y un Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno, un órgano independiente vinculado a las Cortes de Castilla-La Mancha, que contará con dos órganos colegiados.
En concreto, serán una comisión ejecutiva cuya presidencia será elegida por las Cortes por mayoría de tres quintos y una comisión consultiva en la que estarán representadas las Cortes regionales, la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (Femp), la Universidad regional (UCLM) y entidades representativas de diversos intereses colectivos.
"Una novedosa ley que se establece como el complemento necesario para garantizar la participación ciudadana a que anima nuestra norma estatutaria y su legislación de desarrollo, y al mismo tiempo, adaptar la norma básica estatal a nuestro ámbito territorial", ha aseverado Hernadno.
1.064 PERSONAS RECUPERAN LA SANIDAD EN LA REGIÓN
En otro orden, Castilla-La Mancha ha recibido un total de 1.064 solicitudes hasta el 31 de mayo desde la puesta en marcha por parte de la Consejería de Sanidad en el mes de marzo de la tarjeta sanitaria humanitaria, que extiende la cobertura pública.
El portavoz del Gobierno castellano-manchego ha ofrecido este dato en rueda de prensa, en la que ha detallado que la provincia que ha registrado un mayor número de peticiones ha sido Toledo, con 431, seguida de Guadalajara, con 212; Ciudad Real, con 168; Albacete, con 156, y Cuenca, con 97.
Han sido 56 las nacionalidades de los ciudadanos que han solicitado las tarjetas, entre las que destacan Marruecos, con un total de 206 peticiones; Honduras, con 94; Colombia, con 93; Paraguay, con 81; Nicaragua, con 76; Senegal, con 55; Venezuela, con 54; Nigeria, con 43, y Ucrania, con 42.
Nacho Hernando ha recordado, además, que los menores de 18 años tienen derecho a la asistencia sanitaria por parte del Servicio regional de Salud (Sescam).
La tarjeta sanitaria humanitaria, por su parte, la pueden solicitar los extranjeros residentes en Castilla-La Mancha que sean mayores de 18 años, que no se encuentren registrados ni autorizados a residir en España y que estén empadronados con residencia efectiva en algún municipio de la región.
Además, es un requisito que carezcan de recursos económicos suficientes y que no tengan reconocida la condición de beneficiario/asegurado por cualquier Administración pública.
ACOGIMIENTO DE MENORES
De otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado el gasto para la suscripción de un convenio de colaboración entre la Consejería de Bienestar Social y la entidad Asociación para la Integración del Menor ‘Paideia’ para la gestión de plazas y hogares para el acogimiento residencial de menores.
Según ha detallado el portavoz del Gobierno regional, “gracias a este convenio, se facilita la gestión de 82 plazas en 10 hogares destinados a menores afectados por medidas de protección ubicados en Toledo, Talavera de la Reina, Guadalajara y Ciudad Real y gestionados por la Asociación ‘Paideia’ que posee una acreditada experiencia en la atención individualizada y la protección a menores tutelados, facilitándoles los cuidados precisos para su desarrollo personal”.
La partida presupuestaria de para esta medida es de casi 2,5 millones de euros y está destinada a menores de entre 0 y 18 años que se encuentran en acogimiento residencial por el Gobierno de Castilla-La Mancha.
CALIFICA DE "ESCRACHE" EL ACTO DE ALCALDES DEL PP
En otro orden de asuntos, el portavoz de la Junta ha calificado de "escrache" la convocatoria de prensa de los alcaldes del PP a las puertas del Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia regional, y ha defendido que la Junta ha comenzado un periodo de colaboración "inaudito" con los ayuntamientos.
Hernando se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre el escrito que han presentado ante la Junta los alcaldes del PP para pedir al presidente regional, Emiliano García-Page, que emplee el dinero que ha costado el envío de "su foto" a los 919 municipios de Castilla-La Mancha en atender las necesidades más urgentes y perentorias de los ciudadanos.
"Entiendo y respeto que, en cuanto al tema de la foto, puedan preferir el corte de pelo de Cospedal al corte de pelo de Emiliano, pero en cualquier caso el Gobierno regional no se limita solo a mandar fotos", ha aseverado Hernando.
Con ello, ha defendido que el Ejecutivo autonómico ha recuperado el Fondo Regional de Cooperación Local (Forcol), las subvenciones para ayuntamientos que tengan cualquier tipo de desastre o catástrofe a través de las ayudas del Forcol y ha "iniciado un periodo inaudito de colaboración con todos los ayuntamientos de la región independientemente del color político".
Hernando ha cuestionado que los alcaldes del PP hagan "escraches a las puertas del Palacio de Fuensalida cuando gobiernan unos y no otros" y ha opinado que responde a una estrategia preelectoral, "en vez de estar preocupándose en que se pongan soluciones a los problemas de la gente".
En concreto, sobre el diputado regional del PP y alcalde de Almansa (Albacete), Francisco Núñez, ha dicho que "creía que venía a darse así mismo incluso la enhorabuena de que Almansa sea el municipio donde este Gobierno regional ha parado el 25 por ciento de los desahucios".
"Yo creía que venía a darnos la enhorabuena, a toda la ciudadanía, porque después de cuatro años hay un plan de empleo que anticipa el 75 por ciento de los costes", ha añadido y también ha destacado que con el nuevo Gobierno regional se han reabierto las escuelas rurales y no se han cerrado las Urgencias nocturnas.
Así, Hernando ha defendido que "hay una mejor atención" y "hay mejores oportunidades en todos los municipios de Castilla-La Mancha", al tiempo que ha subrayado que no van "a hacer una distinción entre ciudadanos de primera, de segunda, de urbe o del mundo rural, porque son todos ciudadanos de Castilla-La Mancha con el mismo derecho a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales".
"Espero que puedan explicarme a qué han venido, más allá de a hacer un escrache y a coger una insolación porque hoy hay altos índices de rayos UVA", ha planteado el portavoz de la Junta.
RESPONDE AL MINISTERIO SOBRE LA REVÁLIDA DE PRIMARIA
Por otra parte, el portavoz del Ejecutivo regional ha desvelado que la Junta ha respondido al Ministerio de Educación que "está cumpliendo la ley" en relación a la evaluación final de Primaria, si bien ha dicho que la prueba se hará este mes sin que "suponga un trauma para las familias".
Hernando se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre la carta que ha enviado el Ministerio de Educación, a través de la Alta Inspección, a varias comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha, para que expliquen por qué no han procedido aún a la regulación autonómica de la evaluación final de Primaria, que es obligatoria, como fija la Lomce.
El portavoz de la Junta ha asegurado que "ha habido respuesta" al Ministerio y a la Alta Inspección, si bien ha ironizado al afirmar que "debe ser que un Gobierno en funciones está en funciones porque ni siquiera se lee el correo".
Con ello, ha señalado que el Ejecutivo castellano-manchego ha "confiado en todo momento en el profesorado de los centros educativos de Castilla-La Mancha" y les ha "otorgado autonomía para decidir el momento en que se vaya a realizar el examen", que ha dicho que se incorporará "a los exámenes habituales que se hacen a finales de curso, en esta primera quincena de junio".
Ha añadido que existe una comisión técnica regional y "van a existir informes individualizados de los alumnos", con lo que ha subrayado: "Cumplimos con la ley, cumplimos con Correos y cumplimos con las familias y los alumnos de Castilla-La Mancha".
INCENDIO DEL VERTEDERO DE NEUMÁTICOS DE SESEÑA
Por último, el portavoz del Gobierno de CLM ha criticado que se intente "generar una alarma donde no la hay" en relación a la calidad de aire en Seseña (Toledo), tras el incendio del cementerio de neumáticos.
Hernando se ha pronunciado así a preguntas de los medios sobre la denuncia realizada por Ecologistas en Acción, que afirmó que la localidad toledana alcanzó concentraciones atmosféricas "muy peligrosas" del hidrocarburo cancerígeno benzopireno, según las mediciones del Instituto de Salud Carlos III.
El portavoz del Ejecutivo ha reconocido que, en determinados momentos, se han producido picos de contaminación, pero ha subrayado que "no superan los límites legales y graves de riesgo".
Con ello, ha considerado que "no resulta lógico ni normal que pretendan" acusarles de ocultar información cuando "la publica la Comunidad de Madrid, la Junta de Extremadura, el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Instituto Carlos III".
A su juicio, con estas declaraciones "no se pone solo en tela de juicio a los cargos públicos" que han "dedicado cuerpo y alma a las labores de coordinación para la extinción del incendio" sino a los técnicos.
Con ello, ha defendido la gestión del Gobierno regional, en la que "ha imperado la prudencia" y "las decisiones se han basado en informes técnicos", ha insistido.
Por otra parte, preguntado por los restos de amianto en varias parcelas del Polígono de Toledo, Hernando ha explicado que se han limpiado de las parcelas públicas de la Junta y se han abierto expedientes sancionadores "a todas las parcelas privadas con un mínimo rastro de amianto".
"No es razonable que el Gobierno regional proceda a retirar residuos sin exigir responsabilidades a particulares y a cualquier agente privado que ha permitido que se acumulen residuos, no es lógico que paguemos todo los castellanomanchegos el error de unos pocos", ha opinado.
Y ha advertido de que "de no cumplirse habrá que involucrar a la justicia para obligarles a cumplir la normativa".
