El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha acordado recurrir la orden ministerial de febrero de 2020 que autorizó un trasvase de la cabecera del Tajo al Levante de 16,2 hectómetros cúbicos, porque entiende que no se ha respetado la legislación vigente en relación a los caudales ecológicos del río.
La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha informado en rueda de prensa que el Consejo de Gobierno ha autorizado este miércoles a los servicios jurídicos de la Junta de Comunidades a que presenten un recurso contencioso-administrativo contra la Orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que autorizó el trasvase, el 27 de febrero de 2020.
Fernández ha concretado que la decisión de recurrir se fundamente en que en el acuerdo de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, en el que se basó la orden ministerial, "se aprecian errores e imprecisiones sustanciales, que suponen el incumplimiento de la legislación vigente".
Esta apreciación tiene en cuenta que desde marzo de 2019 hay sentencias del Tribunal Supremo (TS) que establecen la obligatoriedad de respetar caudales ecológicos en el río Tajo y en este trasvase no se tuvieron en cuenta esos caudales ecológicos y no se respetaron, "y por lo tanto entendemos que tenemos posibilidades de que el recurso salga adelante", ha afirmado la portavoz del Ejecutivo autonómico.
A juicio de Fernández, la autorización de este trasvase fue una decisión "arbitraria", porque hubo una "tremenda imprecisión", ya que se afirmó que la cuenca del Segura en ese momento presentaba una situación de prealerta por escasez coyuntural de agua "cuando no era cierto", ya que tenía una situación de normalidad, pero lo que ocurre "es que el Levante tiene una demanda de agua que es infinita".
La portavoz ha confiado en que el recurso sea admitido y que sea el primero que gane el Gobierno de Castilla-La Mancha, que desde que Emiliano García-Page es presidente ha recurrido 36 trasvases de los 39 que se han autorizado desde la cabecera del Tajo hacia Levante para regadío, mientras que no presentó recurso a los tres para abastecimiento humano, de noviembre de 2018 y noviembre y diciembre de 2019.
Asimismo, ha dicho que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha "volvemos a interpelar a los poderes públicos a los que le compete", en este caso al Gobierno de Murcia, al Gobierno de España, y al Gobierno de Alicante, "que apuesten por la desalación como una solución más sostenible que mantener en el tiempo un trasvase franquista".
También ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha cifra las necesidades de la cabecera del Tajo en 800 hectómetros cúbicos, con los que se pudrían cubrir las necesidades y los usos de la cuenca hidrográfica, al mismo tiempo que se podría mantener el caudal ecológico necesario para la salud del río Tajo y para su biodiversidad.
Fernández ha insistido en que es un recurso que "está muy bien fundado" a una orden ministerial que autorizó un trasvase "absolutamente injusto" que no aplicó la sentencia del Tribunal Supremo "que es de obligado cumplimiento" y no contempla los caudales del río Tajo "que se merece que sigamos defendiéndolo".
En este sentido, ha recalcado que la posición del Gobierno de Castilla-La Mancha se mantiene en la defensa de los intereses hídricos de la comunidad autónoma, ante un trasvase que perjudica de forma particular a los habitantes de la ribera de un río que, lamentablemente, a partir de Aranjuez es un río mutilado, que se nutre esencialmente con las aguas residuales de Madrid".
Esta circunstancia "no se puede comprender, en un contexto en el que el Gobierno de España y cada vez más sectores de la población y del mundo político hablamos de economía circular, de sostenibilidad, de transición ecológica y de economía verde", ha señalado Fernández.
Y ha considerado que en este contexto, "en el que además la apuesta europea es firme", no tiene sentido "que se siga manteniendo la hipoteca contra el río Tajo, contra los intereses económicos de Castilla-La Mancha y contra la salud de un río que lleva muchos años siendo maltratado".
DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA REGIÓN
En otro orden, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha ha valorado la disposición de los dos grupos de la oposición a llegar a grandes acuerdos con el Ejecutivo autonómico, en la primera sesión del Debate sobre el Estado de la Región.
Fernández ha comentado que a pesar de que en el debate se vio "una oposición estancada en el pasado y con pocos expectativas", como Gobierno "nos quedamos con la parte positiva, que los dos grupos de la oposición pusieron de manifiesto su intención de alcanzar grandes acuerdos con el Ejecutivo autonómico.
"Con eso nos quedamos, con esa intención, deseando que sea sincera, de alcanzar grandes acuerdos con el Gobierno y deseando que lo de Núñez y el Partido Popular no sea meramente una pose sino que sea sincero", ha destacado Fernández.
Asimismo, ha destacado la "hoja de ruta" que marcó en el debate el presidente regional, Emiliano García-Page, que según Fernández "evidenció una cuestión que el Gobierno tiene muy clara y que tiene clara en primera persona el presidente, que es que la crisis del COVID no nos puede seguir como excusa para no cumplir el programa con el que nos presentamos a las elecciones y al debate de investidura".
Según la portavoz del Ejecutivo, es lógico pensar que hay que adaptar los compromisos electorales a las circunstancias actuales, y también aprovechar las oportunidades que nos van a proporcionar los nuevos fondos europeos y el plan que ha anunciado el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, pero ha considerado que "no podemos utilizar como excusa la crisis del COVID".
En este sentido, ha dicho que "sabemos que es más necesario que nunca en este momento que la Administración regional se implique, meta las manos en el barro, y apoye al tejido productivo de Castilla-La Mancha".
Por este motivo, en el debate se anunció, por ejemplo, un Plan Adelante con más de 280 millones de euros, o un plan de autoempleo con 30 millones de euros, así como una inversión para el próximo año de 550 millones de euros para instalar 1.100 megavatios de energías renovables y la convocatoria de más de 4.000 plazas de empleo público.
Y también el presidente dibujó ha hoja de ruta para crear 100.000 empleos en lo que queda de legislatura, con un plan adaptado a las circunstancias focalizado hacia mujeres, jóvenes y mayores de 52 años, que sufren mayores tasas de desempleo, ha apuntado la portavoz del Gobierno.
García-Page "intentó dejar claro que para Castilla-La Mancha la prioridad absoluta es salir de ésta", primero salir de la crisis sanitaria "pero también luchar contra una crisis económica que está amenazando al tejido productivo", a muchas pymes, a muchos autónomos, al empleo de muchos hombre y mujeres de Casetilla-La Mancha, ha indicado Fernández.
Y ha aseverado que: "Nuestro compromiso tiene que ser ese y nuestro objetivo esencial tiene que ser recomponernos, intentar que Castilla-La Mancha se ponga en pie".
Ha destacado que "la región es una tierra que tiene mucha fuerza, de gente muy trabajadora, esforzada y acostumbrada al sacrificio, estos momentos son duros, los que nos vienen los meses venideros también van a serlo, pero el Gobierno tiene claro que no podemos repetir los recortes indiscriminados, que no podemos repetir el adelgazamiento brutal del colchón social que ofrecen las políticas sociales".
Y por este motivo "vamos a seguir apostando por la protección de las personas más vulnerables, por fortalecer el sistema público de salud y por seguir fortaleciendo la educación pública", ha subrayado la portavoz del Gobierno castellano-manchego.
MEDIDAS DE RESTRICCIÓN EN MADRID
Por último y de otro lado, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha ha considerado que el acuerdo y la unidad son "esenciales" para afrontar la pandemia de coronvirus, y ha defendido la gestión del ministro de Sanidad, Salvador Illa, al que ha definido como "dialogante, serio y muy riguroso".
Fernández ha admitido que el Gobierno de Castilla-La Macha ve "con cierta preocupación" la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de rechazar las restricciones a la movilidad, aunque ha admitido que desconoce cuál es la fundamentación jurídica de esta decisión y ha confiado en que sea por una cuestión formal.
Pero "lo que no pueden entender los ciudadanos es que las autoridades sanitarias digan una cosa y los tribunales de justicia digan otra", ha comentado Fernández al ser preguntada por la decisión del TSJM.
Y ha considerado que "es lógico que en un Estado de derecho como es el nuestro el contrapoder o los contrapoderes son imprescindibles, yo no voy a cuestionarlo en este momento, ahora bien lo cierto es que cuando hay criterios epidemiológicos que aconsejan determinadas medidas par proteger la salud pública y la vida hay que quedarse esencialmente con eso, con que las medidas protegen la salud pública y la vida".
Fernández ha reiterado que desconoce si es una cuestión de fondo o de forma la que ha llevado al TSJM a tomar esta decisión, aunque piensa que posiblemente sea de forma y que en este caso "el Gobierno de España en escasas horas pueda encontrar otra fórmula, a través de una orden ministerial o en cualquier otra fórmula".
No obstante, ha aseverado que "en esta materia tenemos que ser autocríticos los políticos, porque tanta crispación y tanto debate público en torno a quiénes son los buenos y los malos y quiénes toman medidas y quiénes no las toman y quién se quiere cargar la economía y quién contrapone la economía a la salud pública, creo que es un debate que perjudica seriamente la confiabilidad que pueda tener la ciudadanía y también su tranquilidad".
Asimismo, ha lanzado un mensaje de tranquilidad, en el sentido de que "todas las decisiones que se han tomado desde el Gobierno de Castilla-La Mancha han sido avaladas por los tribunales, porque de fondo y de forma eran razonables, razonadas y legales, y aquí en definitiva lo que ha habido es un encontronazo muy lamentable entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid, que ojalá se resuelva".
En este sentido, ha señalado que "desde nuestro punto de vista el ministro Illa es una persona dialogante, seria y muy rigurosa, y en esta orden en concreto la mayoría de las comunidades autónomas votaron a favor en el Consejo Interterritorial de Sanidad".
Por lo tanto no es una decisión unilateral del ministro de Sanidad, del Ministerio o del Gobierno de España, ha puntado Fernández, quien ha subrayado que "el acuerdo y la unidad es esencial en estos momentos y no hay nada más importante que la salud pública y la protección de la salud y de la vida de todo el mundo", en especial de la de las personas más vulnerables que son las que tienen una mayor tasa de letalidad.
