El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado al Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades a ejercer la acción popular en el procedimiento penal derivado del presunto asesinato por violencia de género que en Alovera (Guadalajara) el 29 de mayo.
La consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo regional, Blanca Fernández, ha informado de esta decisión en la rueda de prensa en la que ha informado acerca de los asuntos de la reunión del Ejecutivo regional, tal y como ha indicado la Administración autonómica en un comunicado.
Fernández ha remarcado la "total implicación" del Gobierno regional en la lucha contra la violencia de género que se persona como acusación popular en todos los asesinatos machistas que se producen en la comunidad autónoma y también en los casos de agresiones extremadamente graves cuyas consecuencias no son la muerte, pero sí graves secuelas en la víctima.
"En este caso estamos hablando de Nicoleta Clara, que fue asesinada en Alovera el pasado 29 de mayo, y el Consejo de Gobierno ayer autorizó a los Servicios Jurídicos de la Junta, una vez realizado los trámites preceptivos, a que se personara en la causa", ha detallado la consejera.
Desde 2001, Castilla-La Mancha ha ejercido la acusación popular en 40 ocasiones, 34 de ellas por el asesinato de la víctima y seis por lesiones graves.
La consejera de Igualdad ha recordado que el año próximo será el último de los cinco ejercicios de vigencia del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y ha valorado que este pacto y su financiación ha dotado a los ayuntamientos, pero especialmente a las comunidades autónomas, de un presupuesto que ha permitido mejorar los sistemas de atención a las víctimas, su rehabilitación, su oportunidad vital fuera del círculo de la violencia y su protección.
Para Fernández, estas políticas siguen siendo "muy importantes", en particular en Castilla-La Mancha, que ejecuta prácticamente el cien por cien de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
"Nos creemos estas políticas y vemos verdaderamente su eficacia", ha defendido Fernández, que ha lamentado que “el pacto dejaría de tener sentido si finaliza en 2022”, ya que se quedaría reducido a “un parche en un momento determinado”.
Por todo ello, ha pedido al Gobierno de España que prorrogue el Pacto de Estado más allá de 2022 y que además lo implemente económicamente “habida cuenta de que el propio Ministerio va a reconocer la violencia sexual contra las mujeres como violencia de género, es lógico que así lo haga, y va a establecer nuevos servicios y nuevos recursos en la ley”.
40 MILLONES EN TECNOLOGÍA SANITARIA
Por otro lado, Fernández ha resaltado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha realizado desde el inicio de la pandemia de la covid-19 “la renovación de alta tecnología sanitaria más ambiciosa de la historia tras invertir más de 40 millones de euros en el sistema sanitario público regional”.
En este sentido, la portavoz del Ejecutivo regional ha valorado que “en menos de un año y medio, tanto los servicios de Diagnóstico por Imagen como otras áreas fundamentales para el diagnóstico y tratamiento de nuestros hospitales han experimentado un cambio sin precedentes en tan corto espacio de tiempo con la instalación de nuevos equipamientos que sitúan a Castilla-La Mancha en pleno siglo XXI”.
En este marco, Fernández ha informado de que el Consejo de Gobierno ha acordado este martes un gasto de 7,1 millones de euros para el mantenimiento de 74 equipos electromédicos de alta tecnología Siemens para las 15 gerencias de Castilla-La Mancha durante cuatro años.
