El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al Proyecto de Ley de Medidas Económicas Sociales y Tributarias contra la Despoblación y para el Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha para su envío a las Cortes regionales, a las que va a solicitar su tramitación por el procedimiento de urgencia con vistas a que pueda ser aprobada en el mes de abril.
La consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo castellano-manchego, Blanca Fernández, ha informado en rueda de prensa de los asuntos tratados en la reunión semanal del Consejo de Gobierno y ha explicado que se pretende con ello que la Estrategia Regional frente a la Despoblación que se está diseñando entre en funcionamiento cuanto antes.
Fernández ha añadido que la ley es una “apuesta definitiva” por las zonas rurales, para consolidar servicios que fueron recortados, garantizar la igualdad de oportunidades y hacer frente al reto demográfico en una región donde “cientos de miles de personas viven en pequeñas zonas rurales y quieren seguir viviendo allí.
La ley se estructura en siete títulos y 75 artículos en los que se recogen, entre otras cuestiones, la creación de Estrategia Regional frente a la Despoblación y la Estrategia Regional de Desarrollo Rural, dos herramientas de planificación para abordar el desarrollo de los diferentes tipos de zonas rurales; el uso de la contratación pública para hacer frente a la despoblación y la garantía de servicios públicos básicos; la diversificación económica, el fomento del empleo, el apoyo al sector agrícola, ganadero y forestal, el fomento de las energías renovables y la garantía de la conectividad en el ámbito de cohesión territorial.
Se busca también la cohesión social con medidas de apoyo a la conciliación y se establecen beneficios fiscales para quienes residan en las zonas más afectadas por la despoblación.
La portavoz ha destacado el carácter participativo, novedoso y transversal de esta nueva normativa, que garantiza la igualdad de oportunidades e incorpora la fiscalidad para luchar contra la despoblación y conceptos como el impacto demográfico o la estancia efectiva, que conlleva el empadronamiento, tarjeta sanitaria y escolarización de los hijos.
Se trata, según ha resumido Fernández, de una ley para "garantizar el desarrollo integral del medio rural, que presta especial atención al reto demográfico y la lucha frente a la despoblación, que garantiza el acceso a los servicios públicos y la igualdad de oportunidades en el medio rural para la cohesión social y territorial de la región, y todo ello en el marco de una cultura de igualdad entre mujeres y hombres".
Y esto es esencial en una región como Castilla-La Mancha en la que más del 90 por ciento de su territorio es rural, en la que más de la mitad de sus municipios tiene menos de 500 habitantes y solo nueve sobrepasan los 30.000 habitantes, ha dicho la consejera.
Ha apuntado además que ya se ha cerrado el proceso de participación por el que se ha preguntado a los ciudadanos sobre once cuestiones para elaborar la Estrategia Regional frente a la Despoblación relacionadas con las razones para vivir en el medio rural, el acceso a la educación, sanidad y servicios sociales, la atención a la infancia o la oferta de cultura y ocio, y en total, 2.078 personas han respondido al cuestionario.
37 MILLONES EN AYUDAS AL TERCER SECTOR
Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha declarado como nuevas actuaciones de emergencia ciudadana las ayudas de 37 millones de euros destinadas a proyectos de inversión en actuaciones sobre la nueva economía de los cuidados en el Sistema de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia de Castilla-La Mancha e impulso al Tercer Sector.
La consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo de Castilla-La Mancha ha explicado durante su comparecencia que estas ayudas tienen carácter excepcional y urgente y, por razones de interés público, social y humanitario debido a la pandemia, está destinada a entidades que gestionan centros y servicios que atienden a personas vulnerables, mayores, personas sin hogar, personas con discapacidad o dependientes.
La urgencia y la emergencia ciudadana, ha dicho Fernández, está justificada por la crisis sanitaria y económica que ha golpeado fuertemente al sector prestador de servicios sociales, puesto que las medidas de protección y contención que han debido ser implantadas por la crisis del coronavirus han supuesto un aumento significativo de gastos y necesitan acometer mejoras en sus infraestructuras y equipamiento para atender en las mejores condiciones a los usuarios.
Los proyectos y actuaciones de emergencia que se deberán llevar a cabo en el periodo 2021-2022 beneficiarán a 884 centros y servicios que atienden en Castilla-La Mancha a mayores, personas con discapacidad, personas sin hogar, menores y personas dependientes en servicios de promoción y prevención y también a más de 3.000 entidades del Tercer Sector Social de la región.
En concreto, del total de las ayudas, 25,9 millones irán destinados a mayores; cuatro millones a discapacidad; un millón a dependencia; otro millón más a infancia y adolescencia; 301.000 euros a personas sin hogar y 4,7 millones de euros al Tercer Sector Social.
El Consejo de Gobierno ha autorizado también un gasto de 7,6 millones durante los próximos tres años para la gestión integral de las residencias de mayores ‘Los Jardines’ de Manzanares y ‘Virgen de Peñarroya’ de Argamasilla de Alba, ambas ubicadas en la provincia de Ciudad Real, que incluye los servicios de atención auxiliar sociosanitaria, transporte adaptado, limpieza, lavandería, mantenimiento, recepción y restauración.
Y también ha aprobado 2,2 millones de euros para ampliar el colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) ‘Rosa Chacel’ de llescas (Toledo) para lo cual se suscribirá un convenio de colaboración entre la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento de este municipio toledano para la ampliación de tres unidades de Infantil y seis de Primaria.
El Consejo de Gobierno también ha aprobado el Plan Anual Normativo de la Junta de Comunidades para 2021, ha explicado Fernández, que contempla 14 proyectos de ley y 68 decretos, cifras, ha dicho, "muy importantes que indican que a pesar de la pandemia no hemos dejado de trabajar y que demuestra dos cosas: la importancia que tiene la estabilidad política en estos momentos y la conciencia clara del ejecutivo de Emiliano García-Page de que estamos aquí para resolver los problemas de la ciudadanía y que la estabilidad política se debe resolver para eso”.
MEDIDAS CONTRA LA COVID-19 EN SEMANA SANTA
Por último y de otro lado, el Gobierno de Castilla-La Mancha no se plantea a día de hoy ninguna medida distinta a las ya adoptadas en el Consejo Interterritorial de Salud de hace dos semanas para restringir la movilidad durante la Semana Santa y evitar la expansión de contagios de coronavirus.
Así lo ha manifestado la portavoz del Ejecutivo castellano-manchego a preguntas de los periodistas sobre la postura que llevará la región este miércoles al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que, aunque hace un par de semanas aprobó una serie de actuaciones coordinadas para el Puente de San José y la Semana Santa, estos días el Gobierno no ha descartado que puedan añadirse otras.
Fernández ha dicho que hoy por hoy la Junta de Comunidades no se plantea nada distinto y, de hecho, ha señalado que no se podía pronunciar sobre la posibilidad de adelantar el toque de queda a las 20:00 horas porque el Gobierno castellano-manchego no tenía constancia oficial de ello, "no me consta que haya ninguna comunicación oficial", ha asegurado.
La portavoz ha recordado que hace dos semanas se acordaron las medidas especiales para Semana Santa y Castilla-La Mancha, a día de hoy, con los datos que tiene, no se plantea cambios; no obstante, si en alguna localidad se detecta un aumento de casos de covid-19 por "alguna celebración que no tenía que haberse hecho", se interviene con medidas de nivel III o nivel III aumentado en ese lugar.
La prioridad es la salud, ha recalcado la consejera portavoz, pero ha añadido que también hay que dar un "balón de oxígeno a la economía", y ha deseado que ojalá se pueda demostrar que la libertad con responsabilidad es compatible con la lucha contra el virus.
Ha recordado que ahora Castilla-La Mancha tiene una incidencia acumulada de casos positivos de la mitad que la media de España, es un dato "razonable" que ojalá se mantenga, pero hay que estar todos los días vigilantes, ha advertido.
Respecto a la polémica surgida por que los extranjeros puedan venir a España y los españoles no puedan moverse de su comunidad, ha dicho que entiende que la gente pueda ver contradicciones, pero las medidas que se toman son para reducir la movilidad y la ampliación de los contactos habituales, que es lo que hace expandirse el virus.
Además, es una decisión que se ha tomado por la importancia que tiene el sector del turismo en Baleares y Canarias y la pérdida de facturación que están sufriendo y que llega a alcanzar hasta un 70 %, y ha añadido que no es lo mismo que haya 47 millones de españoles moviéndose por el país que unas decenas de miles de extranjeros visiten determinadas zonas y que, además, a su llegada a España no podrán cambiar de comunidad autónoma.
