lunes 2/8/21

Aprobado el proyecto de Ley de Cámara de Cuentas de CLM, órgano eliminado en 2014

- La lucha contra la pandemia hizo que Castilla-La Mancha duplicara en 2020 la cuantía de los contratos suscritos por el sector público al pasar de 441 a 862 millones.

- El Gobierno de Castilla-La Mancha invierte cinco millones de euros en la gestión integral de las residencias de mayores de Riópar y Molinicos (Albacete).

La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha informado en rueda de prensa de los asuntos del Consejo de Gobierno
La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha informado en rueda de prensa de los asuntos del Consejo de Gobierno

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión semanal el proyecto de Ley de Cámara de Cuentas, con el que Castilla-La Mancha recupera un órgano fiscalizador de la actividad financiera pública que fue eliminado en 2014 por el anterior gobierno del PP.

La consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo castellano-manchego, Blanca Fernández, ha comparecido en su habitual rueda de prensa de los miércoles, donde ha explicado que con este proyecto de ley, que ya se ha remitido para su tramitación en las Cortes, Castilla-La Mancha se suma al grupo de doce regiones que cuentan con un órgano de este tipo.

Según ha indicado la portavoz, se prevé que la ley de Cámara de Cuentas se apruebe en el Parlamento regional y entre en vigor antes de fin de año, con lo que recuperará con órgano de fiscalización propio tras haberse suprimido la Sindicatura de Cuentas.

Será un órgano de control técnico, que dependerá orgánicamente de las Cortes de Castilla-La Mancha y "tendrá plena independencia en el ejercicio de sus funciones, con autonomía organizativa y presupuestaria", lo que le permitirá "actuar sin interferencias y con absoluta objetividad, eficacia y transparencia en su labor de fiscalización del un dinero público", ha explicado la consejera.

Ha añadido que el objetivo fundamental es que los ciudadanos tengan "la tranquilidad de que el dinero público se gasta bien, conforme a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia”.

Blanca Fernández ha detallado que estarán sometidos a la fiscalización de la Cámara de Cuentas el sector público regional, que comprende la administración de las Cortes de Castilla-La Mancha, la Administración regional, sus organismos autónomos y demás entidades integrantes del sector público regional, así como las entidades locales, el Consejo Consultivo y la Universidad de Castilla-La Mancha.

Igualmente, quedarán sujetas a su actuación fiscalizadora las personas físicas o jurídicas beneficiarias de subvenciones o de ayudas públicas, las empresas adjudicatarias de contratos del sector público regional y los partidos políticos, en lo que respecta a la gestión de las subvenciones o asignaciones por gastos electorales procedentes del presupuesto de la Junta.

La Cámara de Cuentas también tendrá entre sus funciones el asesoramiento de las Cortes de Castilla-La Mancha en materia económico-financiera y contable, e incluso al propio Gobierno por conducto del Parlamento; la instrucción de los procedimientos de enjuiciamiento que le sea delegada por el Tribunal de Cuentas y la promoción de la transparencia y la integridad en la gestión de los recursos públicos, todo ello en coordinación y cooperación con el Tribunal de Cuentas, como ya se actuó con la extinta Sindicatura de Cuentas.

El órgano contará con una Presidencia, cuya persona titular será elegida por el pleno de las Cortes regionales por mayoría de tres quintos en primera votación, o por mayoría absoluta en segunda votación, entre profesionales con titulación académica superior, de reconocida competencia y con más de seis años de experiencia profesional, y su mandato será de seis años, renovable por una sola vez de manera automática.

También dispondrá de un máximo de cuatro auditores, que serán nombrados por la Presidencia de la Cámara de Cuentas entre profesionales con titulación académica superior y con más de seis años de experiencia profesional.

LUHA CONTRA LA PANDEMIA

En otro orden, el Gobierno de Castilla-La Mancha duplicó en 2020 el gasto en suministros y servicios para hacer frente a la pandemia de coronavirus, sobre todo en contratos de suministros para la adquisición de material destinado a hospitales, centros sanitarios y residencias de mayores para la prevención y tratamiento de la covid-19 , como medicamentos, mascarillas, respiradores, guantes, gel hidroalcohólico, monitores o equipos de protección individual.

La consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo regional ha indicado que este fue uno de los temas tratados en la reunión del Consejo de Gobierno de esta semana, donde se puso de manifiesto que la lucha contra la pandemia obligó al sector público regional a duplicar la cuantía de contratos suscritos que, según los datos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, pasó de los 441 millones de euros en 2019 a los 862 el año pasado.

Fernández ha asegurado que, estando la vida en juego, lo primordial era hacer lo posible por preservarla.

Según el informe presentado por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, asciende a 5.909 el número total de contratos adjudicados durante el pasado ejercicio, y en concreto, 3.365 (57 %) fueron adjudicados por la Administración de la Junta de Comunidades con una inversión de 847 millones, y 2.544 (43 %) a cargo de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) con una cuantía de 15 millones.

Según el tipo de contratos adjudicados en 2020 por parte de todos los centros gestores que integran el sector público regional, la consejera portavoz ha detallado que la mayor parte corresponde a contratos de suministros, exactamente 3.278, es decir, más de la mitad (55,47 %), algo lógico si se tiene en cuenta que la mayoría se refiere a la adquisición de material médico-sanitario.

También ha mencionado los contratos de servicios (2.467 por un importe de 309,05 millones), donde destacan los de las rutas de transporte escolar formalizados por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, los acuerdos marco llevados a cabo por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y los relacionados con la covid.

Estos datos, ha dicho Fernández, corroboran los publicados por el Ministerio de Hacienda, que a 31 de diciembre de 2020 sitúan a Castilla-La Mancha como líder en el gasto sociosanitario asociado a la covid-19, que en la región fue del 1,23 % del Producto Interior Bruto (PIB) regional (473 millones), porcentaje superior a media de las autonomías del 0,74 %.

"Castilla-La Mancha ha realizado en 2020 el mayor esfuerzo en gasto sociosanitario del conjunto de las comunidades autónomas para combatir el coronavirus, en relación con su renta, situándose por encima de la media nacional, a la vez que ha cerrado el ejercicio presupuestario 2020 con un superávit del 0,41", ha subrayado la portavoz del Ejecutivo regional.

RESIDENCIAS DE MAYORES

De otro lado, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado un gasto de 5 millones de euros para la licitación del contrato de servicios sociales para la gestión integral del centro agrupado constituido por las residencias para personas mayores 'Calares del Mundo' en Riópar y 'Hogar de Molinicos' en Molinicos (Albacete).

Este contrato beneficiará a las personas usuarias de ambos centros, un máximo de 52, e incluye los servicios de dirección y administración, atención a la salud y técnica sociosanitaria, atención auxiliar sociosanitaria, atención social y animación sociocultural, limpieza, lavandería, mantenimiento, recepción, conserjería y restauración.

Así lo ha puesto en valor durante su comparecencia la portavoz del Ejecutivo, quien considera que esta inversión es "un buen ejemplo" del compromiso del Gobierno para garantizar los servicios sociales en zonas rurales.

"De hecho, en nuestra región hay 343 centros residenciales de mayores con 26.700 plazas, y el 84 por ciento se encuentran en zonas rurales, con 19.600 plazas y 12.144 puestos de trabajo", ha aseverado, añadiendo que la región destina más de 230 millones de euros al año para el mantenimiento de las plazas en las residencias de mayores.

En Castilla-La Mancha hay un 6,91% de plazas de mayores en relación a su población mayor de 65 años, muy por encima de la media, lo que supone un "ejemplo" del esfuerzo de la región en esta materia.

HOSPITALITO DEL REY DE TOLEDO

Por otra parte, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha ha evitado polemizar sobre el uso que debe darse al Hospitalito del Rey y ha ofrecido colaboración al Consistorio de Toledo para financiar plazas de centros de día o de centros de estancias diurnas municipales "si esa es la apuesta estratégica del Ayuntamiento".

A un día de que las Cortes castellano-manchegas debatan sobre esta infraestructura a petición de Ciudadanos y del PSOE, y preguntada al respecto en rueda de prensa, la portavoz ha asegurado que "aquí lo que hay que buscar son soluciones a las personas y dejarse de confrontaciones políticas a lo mejor baldías que --ha apuntado-- confunden a la ciudadanía y quizá no nos llevan a buen puerto".

Dicho esto, ha tendido la mano al Ayuntamiento de Toledo y a la oposición porque, según ha dejado claro, lo que quiere el Gobierno de Castilla-La Mancha es resolver problemas y "no producirles quebraderos de cabeza la gente".

También ha insistido en la idea de que el Hospitalito del Rey es un espacio "idóneo" y reúne las condiciones para albergar un centro de salud mental pero sin embargo --ha advertido-- no respondería, según los técnicos, a la nueva legislación en materia de centros residenciales para personas mayores a la que se han comprometido todas las comunidades autónomas y que habla de espacios abiertos.

Ha afirmado que un ayuntamiento tiene derecho a tener un planteamiento estratégico para un barrio, en referencia al Consistorio de Toledo, y "ahí nos ofrecemos a colaborar con esa convocatoria de subvenciones que financian plazas de estancias diurnas y servicios de autonomía personal que abrimos todos los años", ha continuado la portavoz del Ejecutivo regional.

Ha recordado que son más de 200 ayuntamientos en Castilla-La Mancha los que tienen residencias municipales, centros de día o centros de estancias diurnas y "convenían plazas con la Administración regional". "Esa es una opción que siempre está abierta para el Ayuntamiento de Toledo", ha explicado Blanca Fernández.

ACUERDO SOBRE GEACAM

Además, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha ha invitado al sindicato Comisiones Obreras a sumarse al acuerdo sobre la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam) porque "cuenta con el aval de muchos trabajadores".

Así ha reaccionado Fernández a preguntas de los medios después de que UGT se haya desmarcado de CCOO y haya anunciado que no va a secundar los paros previstos en Geacam los próximos días 23, 24, 30 y 31 de julio.

Fernández ha explicado que el Gobierno regional siempre va a estar a disposición para que se pueda sumar CCOO a ese acuerdo que "no solamente comparte UGT", sino que "cuenta con el aval de muchos trabajadores y trabajadoras" como ha podido comprobar --ha dicho-- el propio consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, que "se está pateando los retenes personalmente".

"La gente está razonablemente satisfecha", ha abundado la portavoz gubernamental, quien ha señalado que "ojalá" CCOO se pueda sumar a este acuerdo ya que contribuiría "muy mucho" al buen funcionamiento de la empresa que "ya es bueno", aunque ha dejado claro que con estas palabras no quiere ella "responsabilizar a CCOO de nada".

DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA IMPUTADA

Por último, la portavoz del Gobierno regional ha deseado "lo mejor" a la directora general de Salud Pública del Gobierno de Baleares, Maria Antònia Font, y considera "incomprensible" que haya sido imputada por "proteger vidas".

Preguntada al respecto, Fernández ha dicho que es "difícil" de entender que una persona que toma una decisión para salvar vidas ahora sea imputada.

Fernández cree que la imputación de la directora de Salud Pública de Baleres por un juzgado de Palma por un presunto delito de prevaricación y detención ilegal en relación al aislamiento de estudiantes en un hotel de Mallorca "se quedara en nada". "No me parece que se pueda comprender demasiado bien", ha concluido.

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