El Consejo de Estado ha responsabilizado por primera vez al Ministerio de Defensa del accidente del Yak-42, registrado en Turquía el 26 de mayo de 2003 y en el que murieron 62 militares españoles que regresaban de una misión en Afganistán en un avión Yakolev, según publica este martes El País.
El dictamen de este órgano asesor reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado en la catástrofe ocurrida, que provocó un largo enfrentamiento en los tribunales de justicia entre los familiares de las víctimas y Defensa que se dirimió en instancias civiles y penales.
El dictamen se refiere a la existencia de "hechos" anteriores al siniestro que habrían permitido a la Administración ponderar el "especial riesgo" que concurría en el transporte contratado para el traslado de las tropas.
"Dicho con otras palabras -señala el documento-, pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría".
El dictamen admite, como lo hizo la Audiencia Nacional al archivar definitivamente el procedimiento penal abierto contra seis mandos militares por un delito de imprudencia con resultado de muerte, que la causa del accidente fue el agotamiento y el estrés de los pilotos del Yak-42 y su falta de formación para afrontar situaciones como la que vivieron.
Sin embargo, frente a la tesis de que la responsabilidad del siniestro fue exclusivamente de la empresa contratada para la realización del vuelo, Namsa, el Consejo de Estado entiende que el procedimiento exigía al Estado la obligación de comprobar e inspeccionar la actividad de sus contratistas, y más en actividades de riesgo.
LAS FAMILIAS DE LAS VÍCTIMAS PIDEN EL CESE DE TRILLO
Tras conocerse el informe, los familiares de los 62 militares españoles que perdieron la vida en el accidente han reclamado al Gobierno que pida perdón y que el exministro de Defensa Federico Trillo sea cesado de su cargo de embajador en Reino Unido.
"Que pidan perdón y se cese a Trillo en la Embajada en Londres y los responsables que siguen en activo. Y que investiguen más", ha dicho a Europa Press el presidente de la Asociación de Familiares de Víctimas del Yak 42, Miguel Sencianes.
Por ello, la asociación ha enviado un burofax a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, para que les reciba y pueda "escuchar a las familias", pero también para que les comunique cuál va a ser su posición tras el informe del Consejo de Estado.
Para las familias de las víctimas del Yak 42, este dictamen del órgano consultivo del Gobierno supone un "bálsamo de luz" y "algo de esperanza" después de "casi 14 años de lucha buscando verdad y justicia".
"Hubo negligencia. La contratación del avión fue ilegal", ha afirmado Sencianes, quien ha insistido en que el Consejo de Estado ha confirmado lo que las familias de los militares fallecidos llevan diciendo más de una década. "No queremos dinero, queremos que se haga justicia. Alguien tiene que asumir las responsabilidades políticas", ha manifestado.
Tras casi 14 años del accidente más grave que han sufrido las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz, los familiares han recibido compensaciones económicas por parte de la contratista alemana del aparato, Chapman Freeborn --6,2 millones de euros--; y de los tres militares condenados por los errores en las identificaciones --10.000 euros para cada familia afectada--.
La Audiencia Nacional archivó la causa de la contratación del avión en el año 2012 y de los tres condenados por el fallo en las identificaciones de las víctimas, ninguno queda ya en prisión. El general de Sanidad Vicente Navarro falleció en 2010 y los entonces capitantes médicos José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez fueron indultados pocos meses después de la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa. Ahora son comandantes.
BONO CONFÍA EN QUE SE HAGA ALGO ANTE UNA "VERDADERA CHAPUZA"
De su lado, el exministro de Defensa José Bono ha confiado en que el Gobierno de Mariano Rajoy haga algo en relación con el accidente del Yak-42, tras conocerse un informe del Consejo de Estado.
Bono se ha expresado en estos términos en declaraciones a Cuatro. Según el ex ministro socialista, que sustituyó a Federico Trillo en esta cartera en 2004, cuando llegó al cargo descubrió un "cúmulo de desvergüenzas" en relación con este asunto, con varias subcontrataciones y con el pago de la prima de un seguro que, sin embargo, no se había concertado.
"¿Quién se quedó con ese dinero?", se ha preguntado Bono, antes de asegurar que quisieron "engañarle" con este asunto y que tuvo que acudir personalmente al Estado Mayor de la Defensa y abrir con sus "propias manos" un archivo para descubrir que había habido cinco subcontrataciones hasta alquilar el avión que luego se estrelló.
Una "verdadera chapuza", a juicio de Bono, que espera que no se eche "tierra" sobre ello porque eso significaría que en España "no hay justicia".
Por eso, espera que el Gobierno de Rajoy "tome alguna disposición" y que, aunque sea con 14 años de retraso, las familias puedan tener "el honor" que merecen. "Algo tienen que hacer, lo que no hicieron entonces", ha apostillado.
LA JUSTICIA NO PUEDE REABRIR EL CASO
Por otra parte, la justicia española no puede reabrir la causa, archivada en 2012 por la Audiencia Nacional en la que se investigaron las presuntas irregularidades en la contratación de la aeronave que se estrelló en Turquía causando la muerte de los 62 militares españoles en mayo de 2003. Tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional rechazaron la posibilidad legal de reactivar la causa, un criterio que se repitió en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Así lo han señalado a Europa Press las fuentes jurídicas consultadas, que han señalado que la causa sobre las contrataciones murió en el Tribunal Supremo y esta decisión no puede ser revisada pese a conocerse este martes el informe Consejo de Estado.
La causa por las contrataciones tuvo su punto final en diciembre de 2014, cuando el TEDH la cerró de forma definitiva al no apreciar que los argumentos de las familias cumplieran los requisitos de admisibilidad de las demandas ante dicho órgano. Más de un año antes, en febrero de 2013, el Tribunal Constitucional había rechazado igualmente tramitar el recurso presentado por Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Accidente Aéreo Yak-42 frente al archivo.
En su día la Audiencia Nacional rechazó los argumentos esgrimidos por las familias y por la propia Fiscalía, favorable a que se hubiera ordenado la reapertura de la instrucción en el Juzgado Central de Instrucción número 3, cuyo titular por entonces era Fernando Grande-Marlaska.
La resolución de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional, de la que fue ponente la magistrada Carmen Paloma González, rechazó entre otros argumentos el referido a la responsabilidad del exjefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá y el jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, en el "incremento del riesgo" al que se sometió a los militares españoles.
Tampoco estimó la Audiencia que Moreno e Ibarreña agravaran el "riesgo preexistente", ya que de la instrucción se deducía que se limitaron a cumplir "con la misión encomendada acudiendo a los mecanismos legales de índole comercial arbitrados por la OTAN.
EL RESTO DE CONTRATOS
Además, la Sala de lo Penal recordó que con anterioridad de lo sucedido en Turquía, se llevaron a cabo otras 43 operaciones de índole similar, "con similares aviones y con idéntica forma de proceder a la adjudicación en las compañías aéreas, sin que, por lo demás, se haya acreditado a instancia de ninguna de las partes recurrente ni otra causa del accidente distinta a la descrita en el auto" de archivo de Grande-Marlaska.
En resumen, consideró la Sala que los imputados no llevaron a cabo "ninguna acción generadora de un riesgo no permitido, ni ostentaban ni asumían la condición de garantes de que el resultado no se produjera, de forma tal que el desgraciado resultado no hubiera podido ser evitado mediante una hipotética acción omitida".
Precisamente la existencia de esas otros 43 contratos podría ser una de las vías que, a juicio del portavoz de la Asociación Miguel Ángel Sencianes, podría permitir a las familias interponer una nueva querella criminal. Para ello deberían tener acceso a los contratos y obtener pruebas, como creen, de que pudieran haber existido comisiones ilegales vinculadas a los mismos por parte de determinados responsables del momento, según ha señalado a Europa Press.
No obstante, dicha posibilidad de emprender una nueva acción penal es remota y desde la asociación tampoco son favorables a reclamar por la vía contencioso-administrativa contra las indemnizaciones ya fijadas por Defensa para las víctimas y sus familiares.
Tras casi 14 años del accidente más grave que han sufrido las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz, los familiares han recibido compensaciones económicas por parte de la contratista alemana del aparato, Chapman Freeborn --6,2 millones de euros--; y de los tres militares condenados por los errores en las identificaciones --10.000 euros para cada familia afectada--.
La Audiencia Nacional archivó la causa de la contratación del avión en el año 2012 y de los tres condenados por el fallo en las identificaciones de las víctimas, ninguno queda ya en prisión.
El general de Sanidad Vicente Navarro falleció en 2010 y los entonces capitanes médicos José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez fueron indultados pocos meses después de la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa. Ahora son comandantes.
