La iniciativa que han firmado todos los grupos excepto el PP para llevar al Gobierno en funciones al Tribunal Constitucional (TC) por su negativa a someterse al control parlamentario llegará este martes a la Mesa del Congreso, que previsiblemente la calificará para su debate en un próximo pleno.
Según la legislación constitucional, debe ser el pleno de la Cámara el que apruebe plantear al TC el llamado "conflicto de atribuciones", para lo cual los diez partidos políticos que suscriben la petición cuentan con mayoría: 225 de los 350 diputados del hemiciclo.
También en la Mesa los tres representantes del PP están en minoría, frente a los seis que suman el PSOE, Ciudadanos y Podemos, con dos cada uno.
El Gobierno en funciones de Mariano Rajoy sostiene que no tiene que someterse al control parlamentario por no contar con la confianza de la cámara, mientras que la oposición argumenta que el que está en funciones es el Ejecutivo, pero no el parlamento, que mantiene intacta su capacidad de control.
Los socialistas, principales promotores de llevar el asunto al TC, reconocen que el proceso que se abre por esta vía es tan largo que, cuando el tribunal dicte su resolución, puede haber ya un nuevo gobierno, pero aseguran que su deber es defender los poderes constitucionales del Congreso.
Una vez que el pleno apruebe requerir formalmente al Gobierno que cese la "indebida asunción" de atribuciones y revoque su decisión de no someterse al control parlamentario -lo que podría ocurrir en unos diez días-, el Ejecutivo dispondría de un mes de plazo para presentar alegaciones, lo que situaría el escenario político en una nueva convocatoria electoral, si no se ha conseguido formar gobierno.
En su escrito, los grupos de la oposición señalan que el "sometimiento del Gobierno al control político" de las Cortes debe ser "aún mayor" cuando se trata de un Gobierno en funciones y advierten de que el TC ha considerado como "objeto posible de los conflictos de atribuciones las decisiones de alguno de los órganos constitucionales que supongan una negación de las atribuciones que la Constitución atribuye a otro".
En su opinión, la decisión del Gobierno comunicada a la Cámara de no responder a las iniciativas de control "pretende frustrar el ejercicio de una atribución, la función de control del Gobierno que la Constitución atribuye a las Cortes Generales, haciendo imposible la misma".
Los grupos de la oposición registraron la semana pasada su petición de llevar al Gobierno al TC, después de que el presidente de la cámara, el socialista Patxi López, no lograra convencer al Ejecutivo de reconsiderar su posición, en una reunión que celebró con el secretario de Estado con las Cortes, José Luis Ayllón.
El secretario de Estado mantuvo que un Gobierno sin la confianza parlamentaria "no tiene la obligación" de someterse al control, ni el Congreso responsabilidad para exigir esa fiscalización, aunque sí reconoció que hay hechos de especial trascendencia, como la posición de España en la UE ante la crisis de los refugiados, sobre los que conviene informar, como a su juicio se ha hecho.
A los dos meses y medio de acceder a la presidencia de la Cámara Baja, López se enfrenta así a lo que él mismo ha calificado de "conflicto institucional grave".
