El Congreso insta a que se garantice el criterio de igualdad de género tanto para promover como para seleccionar a los candidatos a dirigir organismos independientes, como el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), la CNMV o la CNMC y ha recomendado unificar los mandatos a seis años para "desacompasarlo" con los tiempos de la legislatura y reforzar así su independencia.
Los grupos parlamentarios han acordado el informe abordado en la subcomisión del Congreso que estudia reforzar la imparcialidad e independencia de las autoridades independientes y organismos reguladores y que contempla los criterios de acceso y las incompatibilidades que deben tener estos altos cargos, entre otros puntos.
A falta de que el texto sea votado en la próxima reunión de la subcomisión, todos los partidos se han posicionado ante un texto base elaborado en un inicio por PSOE y Más País y que posteriormente ha sido enmendado.
El documento deja claro que militar en un partido político no es incompatible con el ejercicio de su responsabilidad, ya que lo contrario sería inconstitucional puesto que artículo 23 de la Constitución reconoce a los españoles el derecho fundamental a la participación política y el artículo 22, el derecho de asociación.
Recuerda el informe, al que ha tenido acceso EFE, que hay algunos casos de incompatibilidades como los jueces y fiscales pero que "fuera de estas excepciones constitucionales, todos los demás tienen ese derecho fundamental garantizado".
"Por tanto, una ley que estableciera una incompatibilidad entre ser máximo responsable de una autoridad independiente y la militancia en un partido político sería radicalmente inconstitucional", puntualiza el texto que también aboga porque el criterio de elección sea la cualificación y la experiencia profesional en el sector sobre el que la autoridad independiente ejerce sus facultades, no el de la ideología.
Además el Congreso ha acordado que el sistema de elección garantice y promueva la igualdad de género, tanto a la hora de proponer las candidaturas como en su selección "para cumplir con el espíritu de la Ley de Igualdad y respetar la paridad en los altos cargos de los organismos independientes, así como en otros órganos del Estado".
El candidato seguirá siendo propuesto por el Gobierno ya que PSOE y PP pactaron una enmienda para que no haya un concurso público tal como proponía el primer texto base.
"Todos los máximos responsables de las administraciones independientes lo son, según sus propias leyes, a propuesta del Gobierno. Y así debe seguir siendo", inciden.
Aunque la idoneidad de su nombramiento tendrá que ser ratificada por el Congreso, que tiene un papel más preponderante a la hora de hacer un seguimiento a estos organismos independientes.
De hecho, mientras la idoneidad del candidato debe ser aprobada por mayoría cualificada y en ningún caso puede salir adelante con el voto afirmativo de un único grupo parlamentario, el informe resalta que sería conveniente y "más eficaz" que existiera una Comisión especializada que se ocupara de esta función, que podría ser una Comisión Consultiva de Nombramientos reforzada en sus funciones.
Un régimen de comparecencias amplio y "dinámico" a la hora de solicitar y acordar comparecencias y con el fin de obtener respuestas rápidas a demandas puntuales, son otras de las premisas acordadas.
Por otra parte, que el mandato de los máximos responsables sea largo -destaca el acuerdo- no solo es una garantía de independencia sino también de eficacia, pues permite trazar objetivos a medio plazo. "Seis años, es decir, una legislatura y media, podría ser una duración de mandato adecuada para cualquier tipo de máximo responsable de autoridad independiente u organismo regulador".
El Congreso también insta a que como alternativa al sistema de asignación de fines y objetivos de las administraciones independientes se fije en función de las necesidades de cada momento un mandato marco que podría ser cada seis meses o un año.
Los partidos políticos también piden al Gobierno que las autoridades independientes tengan una cierta autonomía financiera, en materia presupuestaria, aunque al mismo tiempo "estas deben aceptar el marco presupuestario fijado por el Parlamento en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para estos organismos, pues esta es la única manera de que se puedan alcanzar unas cuentas equilibradas".
El documento también incide en la necesidad de que haya una homogeneización en los requisitos para dirigir estos órganos ya que "son excesivamente laxos".
Sería deseable que las respectivas normas reguladoras recogieran, además de criterios comunes, requisitos específicos en función de la especialidad de cada organismo, especificando con mucho más detalle los méritos concretos con los que deben contar los aspirantes a cargos directivos de las autoridades independientes, recoge el informe.
El texto que ahora tendrá que ser debatido y votado en el pleno del Congreso, previsiblemente antes de marzo, señala que las administraciones independientes facilitan la labor de fiscalización del Ejecutivo y que sus informes públicos enriquecen el debate y permiten una mejor gobernanza.
