El juzgado Contencioso Administrativo Número 1 de Cuenca ha condenado al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) y a su aseguradora, Mapfre, a indemnizar con 70.000 euros a los tres hijos de una mujer que falleció como consecuencia de una falta de control tras una operación de cadera.
En la sentencia, hecha pública por el Defensor del Paciente, se explica que la mujer, de 81 años, acudió al Hospital General de Villarrobledo (Albacete) el 20 de mayo de 2013 con una fractura de cadera derecha y que la paciente presentaba anemia y coagulopatía, por lo que precisó una transfusión de plaquetas.
Según la sentencia, el 22 de mayo de ese mismo año fue operada, intervención durante la cual precisó una transfusión de hematíes, tras lo cual pasó a la sala de reanimación, donde estuvo cuatro horas y no se le hizo ninguna anotación médica ni de enfermería.
La noche del 22 de mayo fue conducida a planta y desde ese momento hasta las 16.00 horas del día siguiente, según la sentencia, no se le realizó a la fallecida ningún tipo de control postoperatorio que pudiera evidenciar que presentaba unas cifras de hemoglobina y coagulopatía "francamente alteradas".
Esta falta de control provocó que, a pesar del tratamiento posterior que se le dispensó en la UCI, no se pudiera remontar su cuadro y la paciente falleciera.
Por todo ello, la sentencia considera que esta muerte se debe a un caso de mala praxis, ya que "existen datos más que razonables para pensar que un control mayor, con analítica de control, temperatura, durante la estancia en planta, hubiera permitido conocer el estado real de la misma y hubiera posibilitado una intervención anterior para tratar de controlar la situación, evitando el fatal desenlace".
Tras estas consideraciones, la sentencia estima indemnizar con 30.000 euros a uno de sus hijos y con 20.000 euros a los otros dos.
En un comunicado, el Defensor del Paciente ha destacado que, "de forma muy novedosa" este juzgado ha utilizado como criterio orientado para fijar la indemnización el nuevo Baremo de Tráfico, que entrará en vigor para este ámbito el próximo 1 de enero de 2016.
