El juez da 48 horas a Alberto Luceño para abonar una fianza de 4 millones

Por otra parte, el juez pide al servicio de prevención del blanqueo el informe que propició el caso de las mascarillas
Luis Medina y Alberto Luceño este lunes a su llegada a los Juzgados madrileños de Plaza de Castilla para prestar declaración ante el juez
photo_camera Luis Medina y Alberto Luceño este lunes a su llegada a los Juzgados madrileños de Plaza de Castilla para prestar declaración ante el juez

El juez Adolfo Carretero, que instruye el caso de las mascarillas, ha impuesto a Alberto Luceño una fianza de 4 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se deriven del procedimiento en el que investiga delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales.

En un auto dictado el pasado 29 de abril, al que tuvo acceso Europa Press, el instructor da un plazo de 48 años para abonar la fianza de 4.023.966,94 euros, en cuyo caso de impago se procederá al embargo de los bienes que se encuentren a nombre de la mercantil Takamaka Invest.

El juez acuerda oficiar al Punto Neutro Judicial para que facilite los bienes muebles de valor y bienes inmuebles a nombre del investigado y de la citada sociedad. De igual modo, pide que se inste a la Agencia Tributaria para que facilite bienes muebles e inmuebles en el extranjero.

El juez acuerda también que no ha lugar a la ampliación de la imputación por alzamiento de bienes y delito fiscal tanto para Luceño como para la sociedad de su propiedad.

En la argumentación, el juez explica que hasta el momento sólo ha podido ser embargado al investigado un inmueble valorado en 1.107.400 euros, diversos vehículos valorados en 946.136,66 euros y el saldo de cuentas corrientes por un importe de 129.140,70 euros.

Por tanto, alega que el importe de sus responsabilidades pecuniarias
alcanza 6.206.644 euros, por lo que conforme al artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal debe fijarse una fianza de 4.023.966,94 euros, tal y como solicita el fiscal anticorrupción.

El juez apunta que dicha fianza es susceptible de ser ampliada si no se encuentran bienes de otro investigado, al ser una fianza solidaria por la totalidad de las responsabilidades civiles (6.206.966,94 euros).

RECHAZA IMPUTAR ALZAMIENTO DE BIENES

En otro apartado e auto, el juez rechaza imputar a Luceño y a su sociedad un delito de alzamiento de bienes del artículo 257 del Código Penal.

Lo acuerda al afirmar que "no ha realizado disposiciones patrimoniales tras su declaración ante la Fisalía anticorrupción el 15 de abril de 2021, pues, como ha acreditado documentalmente su representación procesal, el dinero de las ventas de tres vehículos fue ingresado en las cuentas de la sociedad Takamaka Invest S.L..

Además, el investigado ha aportado los relojes que se le han pedido y justifica los gastos necesarios para su vida personal y vida mercantil de su sociedad Takamaka Invest S.L..

Tampoco se amplía la imputación al delito fiscal, como solicitó el Partido Podemos, ya que el delito por el que se inician las actuaciones es una estafa agravada con falsedad documental y blanqueo de dinero, sin que exista para "la Fiscalía Anticorrupción un delito fiscal por cuanto Luceño podía constituir una sociedad para dedicarse a negocios, tributando la misma por impuesto de sociedades, sin perjuicio de la tributación como persona física".

"Por el momento no hay indicios de elusión de impuestos, máxime cuando la sociedad que creó es administrada por él también y es único socio", agrega.

PETICIÓN AL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO

Por otra parte, el juez ha solicitado que se libre oficio al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España (SEPBLAC) para que remita el informe que propició la apertura de diligencias en la Fiscalía Anticorrupción.

En una providencia, a la que tuvo acceso Europa Press, para que se le haga llegar el informe número 6639/2020 a instancias de una petición del grupo municipal Más Madrid. Esta acusación popular solicitó incorporar el informe al sumario para que el resto de acusaciones lo conocieran.

En el sumario consta que fueron las entidades bancarias empleadas por los comisionistas quienes dieron la voz de alarma al detectar el ingreso por parte de Luis Medina y Alberto Luceño de elevadas sumas de dinero con justificaciones sospechosas.

En el caso del hijo menor de Naty Abascal el ingreso era de un millón de euros mientras que su socio elevó a 5 millones la cantidad ingresada en sus cuentas bancarias.

Fue entonces cuando los bancos avisaron al servicio de prevención de blanqueo de capitales y éste alertó a la Fiscalía Anticorrupción, que abrió una investigación en noviembre de 2020.

MEMBRETES DE LA ICC

Por otro lado, el juez también acuerda librar comunicación al comité Español de la Cámara de Comercio Internacional (ICC Spain), adjuntándose los contratos suscritos por los investigados con membrete de la referida institución, a fin de que por la citada Cámara se informe sobre diferentes aspectos.

Según las pesquisas, Luis Medina y Alberto Luceño acreditaron ante el Ayuntamiento de Madrid su relación comercial con la empresa malaya Leno a través de un contrato en el que se incorporaba el membrete de la ICC.

Así, quiere saber si la citada Cámara ha participado en la elaboración de los referidos contratos o algunas de sus estipulaciones, o autorizado la incorporación de su membrete a los mismos, y si se corresponden con los modelos de documentos avalados por la ICC.

También pregunta durante qué períodos se han empleado en sus documentos los membretes en el concreto diseño que aparece en los referidos contratos, especificando en qué fecha se incorporaron por primera vez a los documentos de la Cámara y cuándo, en su caso, se reemplazaron por otro diseño.

De igual modo, quiere que se le informe sobre si los investigados son socios de la institución o lo han sido, y caso afirmativo, exprese los períodos en que lo fueron.

Y pide que se informe a este Juzgado si ese organismo tiene establecidas pautas o recomendaciones sobre los porcentajes de las comisiones que se consideran adecuados por el desempeño de las funciones de agente o facilitador en la celebración de operaciones mercantiles.

Comentarios