CLM pone en marcha la mayor convocatoria pública de ayudas de su historia destinadas a entidades locales

- El Gobierno regional va a destinar un total de 99,7 millones a proyectos que desarrollen los municipios de la región y dará prioridad a aquellos entes locales situados en zonas con problemas de despoblamiento.

- Martínez Guijarro: “Estamos condenados a que con más de 400 hectómetros cúbicos en la cabecera del río Tajo el Gobierno de España los trasvase al Levante”.

El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, durante la rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio de Fuensalida
photo_camera El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, durante la rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio de Fuensalida

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a destinar un total de 99,7 millones a proyectos que desarrollen los municipios de la región y dará prioridad a aquellos entes locales situados en zonas con problemas de despoblamiento.

Así lo ha explicado en rueda de prensa el vicepresidente primero del Ejecutivo regional, José Luis Martínez Guijarro, que ha indicado que el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado en su edición de este martes las ocho convocatorias de ayudas.

El vicepresidente primero ha señalado que estas convocatorias son consecuencia del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno el pasado 22 de enero para poner en marcha la selección de proyectos bajo la denominación "Expresiones de Interés" que serán financiados con fondos FEDER de la Junta de Comunidades.

Así, la Junta podrá financiar hasta el 80 por ciento de las actuaciones mediante la cesión de fondos FEDER en favor de las corporaciones locales y el resto tendrá que ser aportado por cada entidad, de manera que la inversión total llegará a los 125 millones de euros.

El plazo de ejecución de los proyectos que se lleven a cabo en los distintos sectores que plantean las convocatorias oscilará entre los 9 y los 24 meses, pero en todo caso nunca podrá ir más allá del 31 de diciembre del 2023, fecha en la que todas las infraestructuras tendrán que estar plenamente operativas y a disposición de los ciudadanos, ha precisado el vicepresidente primero.

Del mismo modo, Martínez Guijarro ha destacado que se trata de la convocatoria más elevada -casi 100 millones de euros- que se ha hecho en Castilla-La Mancha, y que es un procedimiento "novedoso" que utiliza una de las posibilidades que ponen encima de la mesa los reglamentos comunitarios de gestión de los fondos europeos.

Los destinatarios de estas convocatorias, que tendrán un plazo de solicitud de entre un mes y cuatro meses, son las corporaciones locales, ayuntamientos, mancomunidades, diputaciones y consorcios que quieran desarrollar proyectos en los distintos sectores.

Martínez Guijarro ha desgranado las ocho convocatorias, tres de las cuales corresponden a la Consejería de Economía, dos a Medio Ambiente, una a la Consejería de Educación y otra a Fomento.

De este modo, la Consejería que dirige Patricia Franco invertirá en una de las convocatorias 20 millones en la rehabilitación y mejora del patrimonio histórico-artístico y su enfoque desde el punto de vista turístico, así como en la promoción, mejora e incremento de los recursos turísticos de los municipios.

La Consejería de Economía resolverá también una convocatoria, por valor de 7 millones, para proyectos de ahorro y eficiencia energética en el alumbrado público de los municipios, y otra con el mismo objetivo pero en edificios públicos, con una inversión de 12 millones.

En cuanto a la Consejería de Medio Ambiente, tramitará dos convocatorias, una para financiar proyectos de mejora de la gestión de residuos domésticos y de la construcción (con una aportación de la Junta de 25 millones), y otra para la adecuación medioambiental de carreteras con impacto desde el punto de vista ambiental (1,2 millones).

Dos serán también las convocatorias de la Consejería de Educación, que financiará con 10 millones un programa de infraestructuras educativas (en Primaria, Secundaria y otros centros educativos) y destinará 17,5 millones a la creación, consolidación y mejora de infraestructuras en materia de investigación y desarrollo.

Por su parte, la Consejería de Fomento resolverá una convocatoria, que cuenta con 7 millones de euros y está dirigida a las diputaciones provinciales, para la adhesión de municipios a la red de puntos de inclusión digital de ámbito provincial.

El vicepresidente primero del Gobierno regional ha recalcado que todas las convocatorias están dirigidas, de manera prioritaria, a zonas con problema de despoblamiento integradas en la estrategia de Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha.

A este respecto, ha añadido que en lo que va de legislatura el Gobierno regional ya ha puesto en marcha una veintena de convocatorias, por un importe de algo más de 98 millones de euros, para apoyar a los 607 municipios integrados en la ITI, que suponen el 66 por ciento de las poblaciones de la región, ha subrayado.

CONDENADOS A NO TENER MÁS DE 400 HM3 EN LA CABECERA DEL TAJO

En otro orden de asuntos, el vicepresidente primero del Gobierno regional ha señalado que si se materializa el próximo 3 de abril un nuevo trasvase desde el Tajo hacia el Segura significaría que la región está condenada "a no tener más de 400 hectómetros cúbicos en la cabecera".

Así lo ha considerado Martínez Guijarro a preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa, en la que ha asegurado que el Gobierno regional está "sorprendido y disgustado" por el planteamiento de la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ante la posibilidad de un nuevo trasvase.

A este respecto, ha afirmado que aunque la ministra diga que será una comisión técnica la que decidirá qué va a ocurrir el 3 de abril, "implícitamente le da la instrucción, puesto que dice que hay más de 400 hectómetros en la cabecera y que se trasvase", ha dicho.

"Lo que viene a decir la ministra es que estamos condenados a no tener más de 400 hectómetros cúbicos en la cabecera del Tajo, porque cada vez que haya más de esa cantidad, la voluntad del Gobierno de España es trasvasarlos al Levante", ha lamentado Martínez Guijarro.

Sin embargo, ha destacado que cada vez se está poniendo más de manifiesto que existen alternativas "reales y viables" en el propio Levante como son las desaladoras.

En este sentido, ha recordado que ayer la ministra visitó una de estas desaladoras y ha apuntado que de la información ofrecida por el Ministerio se desprende que "ha generado más agua de la que se ha podido trasvasar desde la cabecera del Tajo", a pesar de que hay otras desaladoras en otros lugares que ni siquiera han entrado en funcionamiento.

"Si todas las desaladoras que se han construido estuvieran a pleno rendimiento en el Levante, no seria necesario trasvasar agua desde la cabecera del Tajo", ha recalcado Martínez Guijarro.

Para el vicepresidente primero, "no es una cuestión de recursos hídricos, sino del precio que algunos están dispuestos a pagar por los recursos hídricos", ya que "es mucho más barato el agua del trasvase que el agua proveniente de las desaladoras", ha detallado.

De ser así, ha planteado que el Gobierno de España establezca las "conversaciones oportunas" para garantizar agua en cantidad y a un precio asequible, pero "que no se siga esquilmando la cabecera del Tajo", ha exigido.

"Nos gustaría poder tener bastante más de 400 hectómetros cúbicos almacenados en la cabecera", ha subrayado, porque "eso supondría la garantía de abastecimiento pero sobre todo que el caudal del Tajo correspondería al de un río y no llevaría solo 8 metros cúbicos por segundo a su paso por Aranjuez", ha enfatizado.

EL GOBIERNO MEZCLA LA LEY DE CAZA CON PROBLEMA DE CONEJOS

Por otra parte, el vicepresidente primero del Gobierno regional ha dicho que el Ejecutivo de España mezcla la Ley de Caza con el problema de los conejos, y ha defendido que la nueva norma aprobada en la región es constitucional.

Así ha respondido el vicepresidente primero al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, que afirmó este lunes que la Ley regional de Caza podría ser "inconstitucional" y reclamó al Gobierno regional que declare la plaga de conejos.

En este sentido, Martínez Guijarro ha señalado que no entendió las declaraciones del delegado del Gobierno porque "mezclaba la inconstitucionalidad de una ley con el problema de los conejos".

Según el vicepresidente primero, "los titulares cinegéticos son los dueños de los terrenos salvo que traspasen la titularidad cinegética quienes los explotan", y ha subrayado que son las infraestructuras de titularidad estatal las que están generando "la inmensa mayoría del problema con los conejos en la región".

Ha recordado que el Ejecutivo castellano-manchego está pidiendo "de manera reiterada" tanto al Ministerio de Fomento como a Adif que tomen las medidas necesarias para poder solventar este problema que "genera graves daños a la caza", ha apuntado.

No obstante, ha añadido que "esto es perfectamente compatible con la Constitución española, y es lo que viene a decir la Ley de Caza".

Con todo, ha agregado: "Doctores tiene la iglesia y en este caso el Tribunal Constitucional, si es que el Gobierno de España considera oportuno llevarlo a esa instancia".

Pero en cualquier caso, ha advertido de que el problema de los conejos "sigue ahí" aunque acuda al Constitucional, por lo que ha abogado por que el Gobierno central colabore para resolver el problema y "no mire para otro lado como está haciendo hasta ahora", ha señalado.

CONFLICTO EMPRESAS UTE NUEVO HOSPITAL DE TOLEDO

Por último y de otro lado, el vicepresidente primero del Gobierno regional ha instado a las empresas que trabajan en el futuro Hospital de Toledo a que resuelvan sus "conflictos internos" por el bien de la obra.

A preguntas de los periodistas, Martínez Guijarro se ha referido a la denuncia por parte de la empresa encargada de la estructura metálica de la obra, Integralia, que ha asegurado que la UTE le adeuda una cantidad cercana a los 800.000 euros y que le impidió recoger su material tras la rescisión del contrato.

El vicepresidente primero, que ha apuntado que desconoce con exactitud el fondo de este asunto, ha considerado que se trata de "un problema de relación entre dos empresas por algún tipo de incumplimiento en el contrato entre ellas".

Por parte del Gobierno regional, ha indicado que el objetivo es que el Hospital de Toledo esté "operativo cuanto antes" y que, en todo caso, se respeten los plazos establecidos para la obra.

En este sentido, ha afirmado que el "buen entendimiento" entre las distintas empresas que están trabajando en la obra es "positivo", pero ha precisado que el único interlocutor con el Gobierno es la UTE que tiene adjudicada la obra, y que si los problemas son "internos" respecto a la relación empresarial, deberían resolverlos las empresas.

"Si podemos colaborar desde el Gobierno regional a fomentar el entendimiento entre ellos, lo haremos; pero entiendo que es más una cuestión de relación puramente empresarial", ha concluido.

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