El Gobierno regional igualará en recursos a todas las mujeres afectadas por violencia sexual con la puesta en marcha de la nueva Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género, cuyo texto definitivo será aprobado este martes por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, como paso previo a su tramitación parlamentaria.
Así lo ha adelantado el presidente regional durante la inauguración del simposio ‘La atención a la dependencia. Realidades y futuro’, que se celebra en el Palacio de Congresos de Toledo. Un acto en el que también han intervenido el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (AEDYGSS), José Manuel Ramírez Navarro; la presidenta de la Fundación CERES, Antonia Valverde Quevedo; y la secretaria de Estado de Servicios Sociales, María Pilar Díaz.
El presidente de Castilla-La Mancha ha subrayado la importancia de la legislación contra todo tipo de violencia machista como uno de los grandes hitos de la democracia, junto con la mejora del sistema sanitario, educativo, los servicios sociales y la dependencia, considerados los cuatro pilares fundamentales del Estado del Bienestar.
García-Page ha asegurado que la nueva legislación autonómica para la lucha contra la violencia machista será la ley “más avanzada y exigente de España”; una normativa que se sustenta sobre el articulado de la primera ley al respecto que fue aprobada en Castilla-La Mancha en el año 2001 y que situó a nuestra región como “pionera” a nivel nacional.
RECLAMACIÓN AL ESTADO DE LA DEUDA EN DEPENDENCIA
En este contexto se ha referido a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, cuyo contenido será objeto de análisis durante la doble jornada especializada que se celebra durante esta semana en Toledo.
El presidente regional ha tenido palabras de reconocimiento para el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, impulsor de la norma, pero al mismo tiempo ha sido crítico con el nivel de cumplimiento de los compromisos económicos de cada una de las administraciones implicadas.
Así, ha reclamado al Estado los “entre 400 y 500 millones pendientes” que, desde 2012, el Gobierno de España adeuda a Castilla-La Mancha para la sostenibilidad del Sistema de Dependencia. “Falta dinero y falta financiación”, ha recalcado García-Page, para quien es “prioritario” que esta problemática heredada del Ejecutivo del Partido Popular, “se tiene que ir abordando”.
En esta misma línea, ha reclamado que tanto la dependencia como la sanidad formen parte del nuevo Sistema de Financiación Autonómica que el Gobierno central ha de definir en el futuro. “No voy a reclamar policía autonómica, pero tengo claro que debemos ir a parámetros objetivos en prestación pública”, ha incidido el presidente de Castilla-La Mancha, para quien la distancia a la que deben estar los servicios sanitarios, educativos o la ratio de residencias de mayores por habitante deben ser incluidos como elementos a tener en cuenta en el nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas.
En esta misma línea, ha puesto énfasis en la importancia de la gestión que se lleva a cabo desde Castilla-La Mancha en cuanto a la ampliación de los derechos de las personas dependientes, como ha ocurrido con la aprobación de la Ley de Protección y Apoyo Garantizado, que blinda la “tranquilidad” de los progenitores de las personas con grave discapacidad de la región.
Una normativa de carácter autonómico que, tal y como ha expresado el presidente García-Page, “me gustaría que, con el tiempo, fuera trasladada al ámbito nacional”.
REFUERZO Y CONSOLIDACIÓN DEL CUARTO PILAR DEL ESTADO DEL BIENESTAR
La secretaria de Estado de Servicios Sociales, María Pilar Díaz López, por su parte, ha señalado que el objetivo del Gobierno es "el refuerzo y consolidación del cuarto pilar del estado del bienestar: un sistema de servicios sociales al alcance de todos, público, universal, gratuito, equitativo y de calidad", y considerando los servicios sociales como una inversión en calidad de vida, no como un gasto.
Para garantizar la protección social de todas las personas que viven en España, ha explicado, los servicios sociales deben ser sostenibles desde el punto de vista social y asistencial, pero también financiero y profesional y esto no es posible lograrlo sin promover la cooperación institucional con las comunidades autónomas.
Díaz López también ha señalado que tratarán de priorizar la atención profesional, pero reconociendo y apoyando el valor y el papel de los cuidadores, que en el 90 % son mujeres.
Hay que configurar un sistema de atención a la dependencia "más justo y más solidario, garantizando la financiación del nivel mínimo de protección, dando prioridad a los grandes dependientes y fomentando el empleo a través de los servicios profesionales, todo ello en el marco del máximo consenso y colaboración con todas las partes implicadas", ha apuntado la secretaria de Estado de Servicios Sociales.
En la inauguración del simposio también ha intervenido el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez Navarro, quien ha destacado la gestión realizada en la atención a la dependencia en Castilla-La Mancha, donde se ha conseguir reducir la lista de espera a la mitad en el último año y pasar de una nota del Observatorio de la Dependencia de un 4,5 a un 8,2.
Ramírez Navarro ha indicado que, con esta tendencia, al final del mandato se podría conseguir la atención plena en dependencia.
Ha manifestado su "confianza absoluta" en que con el nuevo Gobierno en España habrá un giro en la política del Estado, aunque no se toque el presupuesto que ya está aprobado, porque se pueden emprender acciones sin un gran gasto, como una mayor transparencia de los datos o cumplir el pacto de Estado por la dependencia.
UN MILLÓN AL DÍA AL SISTEMA DE LA DEPENDENCIA EN CLM
De su lado, la consejera de Bienestar Social ha destacado que el Gobierno de Castilla-La Mancha dedica más de 1,15 millones de euros cada día al Sistema de Dependencia, con lo que el presupuesto total para 2018 es de 420 millones, 48 más que al inicio de la legislatura.
La consejera, que ha ofrecido una ponencia sobre la situación del sistema en la región, ha destacado que Castilla-La Mancha fue de las comunidades autónomas que "con más empeño y decisión acogió la Ley de Dependencia”, si bien ha recordado que “en 2011, Castilla-La Mancha estaba a la cabeza en la aplicación de esta ley, pero a partir de esta fecha, el declive fue manifiesto pasando a estar a la cola de las comunidades autónomas”.
Ha defendido que al inicio de la actual legislatura, el Gobierno de Emiliano García-Page tuvo que poner en marcha el Plan de Mejora del Sistema de Dependencia, que ha llevado a que Castilla-La Mancha haya avanzado del suspenso en el mes de junio de 2015 al notable alto a 31 de diciembre de 2017 en la aplicación de la Ley de Dependencia, según el XVIII Dictamen del Observatorio de la Dependencia.
Con ello, ha recalcado que Castilla-La Mancha se sitúa como la segunda comunidad autónoma que más ha incrementado porcentualmente el número de beneficiarios al Sistema de Dependencia en el último año y se han reducido a la mitad las personas sin valoración, pasando del 36 por ciento al 14,9 por ciento en abril de este año.
“Esta comunidad tiene un 11,6 por ciento de personas beneficiarias, por encima del 9,2 por ciento de media nacional”, ha afirmado la consejera de Bienestar Social, quien ha defendido que “nadie, objetivamente hablando, puede dudar del esfuerzo de nuestra comunidad por remontar los datos que encontramos y por atender a las personas más y mejor” y, con ello, ha valorado el trabajo de los profesionales.
Sánchez ha explicado que para conseguir “estos retos y seguir mejorando, ha sido necesario un cambio en el modelo de la política social de Castilla-La Mancha, que organice, centre y agilice el sistema sin perder los principios fundamentales”.
La consejera ha citado los “tres grandes objetivos” del Gobierno regional: “mejorar la calidad de vida de las personas, sobre todo de las más desfavorecidas; generar más riqueza y empleo, a través del mantenimiento de los recursos de bienestar social, y mantener un presupuesto sostenible que equilibra calidad y cantidad en los servicios de atención a los ciudadanos de Castilla-La Mancha”.
Con ello, ha resaltado que la mayor parte del presupuesto que tiene la Consejería de Bienestar Social va dirigido al Sistema de Dependencia y ha recordado al Gobierno de España “la corresponsabilidad financiera” y se ha mostrado convencida de que “así va a ser”.
Sánchez también se ha referido a los proyectos de futuro y ha detallado la necesidad de “seguir consolidando el servicio de promoción de la autonomía personal, el denominado SEPAP-‘MejoraT’, que en 2018 ha duplicado su presupuesto para desarrollar 115 dispositivos, 15 de ellos itinerantes, en 205 municipios”.
También ha apuntado la incorporación de nuevos programas dirigidos a la prevención de las situaciones de dependencia, la creación del Observatorio de Servicios Sociales y Dependencia y la ampliación de la atención a la discapacidad desde la Atención Temprana, entre otros.
"LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA. REALIDADES Y FUTURO"
Toledo acoge durante dos días la celebración del simposio ‘La atención a la dependencia. Realidades y futuro’, que organizan la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (AEDYGSS) y la Fundación CERES, en colaboración con el Gobierno regional.
Durante esta doble jornada, a través de una serie de ponencias y mesas redondas, diferentes expertos y profesionales de ámbito nacional, hacen balance de los más de diez años que han transcurrido desde la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
El simposio sirve, asimismo, como espacio de intercambio de conocimientos para analizar el estado de situación del Sistema de Atención a la Dependencia y extraer las mejores buenas prácticas de innovación, a través del análisis comparado con otros territorios y el debate científico sobre las posibilidades de mejora.
