Los últimos datos publicados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) avalan la gestión de la dependencia por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, que en esta legislatura ha pasado del puesto número 17 que ocupaba en julio de 2015 a estar entre las cuatro comunidades autónomas con menos personas pendientes de atender, adelantando así 13 posiciones en apenas 40 meses.
Así lo ha subrayado el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, que este miércoles ha valorado estos datos que han permitido a la región dejar de estar “en la cola del tren” para situarse entre las regiones que mejor atención prestan a sus dependientes.
Según estos datos, Castilla-La Mancha es la Comunidad Autónoma que más ha reducido el número de personas pendientes de atender desde el año 2015 y la tercera con mayor ratio de personas beneficiarias con prestaciones en relación a la población.
La cobertura de prestaciones a las personas con dependencia es de casi el 90 por ciento, diez puntos por encima de la media nacional, que está en el 79,17 por ciento.
El portavoz del Ejecutivo autonómico ha recordado que el pasado mes de octubre fue un mes récord en incorporaciones al Sistema de Dependencia en Castilla-La Mancha, con 1.300 personas más atendidas y 1.500 nuevas prestaciones.
Así, y mientras en la pasada legislatura se perdían tres beneficiarios, ahora se incorporan 55 personas cada día al Sistema de Dependencia. “De los objetivos marcados por el Gobierno regional, quizá éstos sean de los que más merecen la pena”, ha subrayado Hernando.
HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE GARANTÍAS
En otro orden de asuntos, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado esta semana el gasto correspondiente al expediente de contratación para el desarrollo del Sistema de Información del Plan Integral de Garantías Ciudadanas e Historia Social Única, al que se destinarán más de 1,2 millones de euros.
Así lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo autonómico que ha explicado que se podrá poner en marcha así la aplicación y los sistemas informáticos para desarrollar este Plan que tiene como objetivo “mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Castilla‐La Mancha”.
En palabras de Hernando, se trata de “un primer gran paso” para poder contar con esta herramienta informática que va a permitir el desarrollo del Plan y la tramitación de la futura Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas, “un circuito de la igualdad, a través del empleo, frente al riesgo de caer en la cuneta social", ha apostillado.
SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SOCIOSANITARIAS
El Ejecutivo autonómico también ha aprobado la convocatoria de subvenciones a asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de actividades y prestaciones de servicios en materia sociosanitaria para 2019, dotada con 1,4 millones de euros para contribuir a financiar la importante labor que llevan a cabo.
En 2018 se beneficiaron de esta convocatoria de subvenciones 220 entidades en 24 áreas de intervención o grupos de patologías como Alzheimer y otras demencias seniles, Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas, cáncer, trastornos generalizados del desarrollo y enfermedades raras.
Las asociaciones del sector de autoayuda y sociosanitario aglutinan en la región a unos 87.000 pacientes y “un buen número de ellas prestan servicios complementarios como fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional o atención psicológica, en un total de 71 centros de día en los que colaboran más de 1.300 profesionales”, ha especificado Hernando.
En este sentido, el portavoz ha recalcado que el Gobierno que preside Emiliano García-Page considera a las asociaciones de pacientes “una pieza clave en el modelo de atención a personas con enfermedades crónicas y enfermedades raras” puesto en marcha durante la presente legislatura.
AYUDAS A LA RECUALIFICACIÓN DE TRABAJADORES
El Ejecutivo autonómico también ha autorizado la convocatoria de subvenciones para la realización de programas para la recualificación y el reciclaje profesional y que contarán con una inversión de 11,2 millones de euros para 2018 y 2019, tal y como avanzó ayer el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.
Hernando ha explicado que esta convocatoria se destina “preferentemente a personas desempleadas mayores de 45 años, con responsabilidades familiares y procedentes del sector de la construcción y afines”.
Así, las entidades cuyo ámbito territorial de actuación cuente con hasta 25.000 habitantes podrán presentar una única solicitud, tres las que tengan entre 25.000 y 50.000, diez las que cuenten con entre 50.000 y 100.000 habitantes, y hasta un máximo de 50 aquellas que superen los 100.000, como Albacete.
La previsión es que puedan desarrollarse 145 proyectos que beneficiarán a casi 1.200 personas procedentes en toda la región, y que Hernando ha denominado como “los talleres de empleo 2.0, renovando un programa acorde con el siglo XXI”.
MODIFICACIÓN DEL CONSEJO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 1/2001, de 5 de abril de creación y regulación del Consejo de Formación Profesional de Castilla-La Mancha, ya que desde la publicación de la Ley hace 17 años, ha explicado el portavoz, se han publicado otras normas que hacen necesaria la adaptación de esta Ley.
Con la modificación, ha dicho Hernando, se persigue “dar mayor protagonismo a la formación profesional a través del Consejo de Formación Profesional, evitando periodos como el 2011-2015 sin prácticamente actividad en el Consejo”, ya que, a partir de ahora, será preceptivo que el Consejo informe sobre leyes y normas sobre la formación profesional o las cualificaciones profesionales en Castilla-La Mancha.
Asimismo, permitirá “actualizar el lenguaje de la ley al hoy y, sobre todo, al mañana” sustituyendo expresiones en desuso como ‘homologación’ por ‘inscripción’ o ‘acreditación’, o ‘formación ocupacional y continua’ por ‘formación profesional para el empleo’.
Con la aprobación de este proyecto de Ley, el Consejo de Gobierno da por finalizada la tramitación administrativa y acuerda su envío a las Cortes de Castilla-La Mancha para su debate y votación, ha finalizado.
AYUDAS A LA CREACIÓN DE AGRUPACIONES DE PRODUCTORES
En materia agraria, el Gobierno regional ha dado luz verde igualmente a una nueva convocatoria de ayudas a la creación de agrupaciones de productores para cooperativas y empresas particulares del sector agroalimentario, con un montante de más de 4,8 millones de euros entre 2019 y 2023.
El objetivo, ha indicado Hernando, “es fomentar, promover e incentivar la creación de estas agrupaciones de productores y apoyarlas en las labores de comercialización conjunta que llevan a cabo”.
Así, podrán acogerse a estas subvenciones las agrupaciones que estén compuestas por titulares de industrias agroalimentarias de un mismo producto y que elaboren un plan empresarial de comercialización conjunta, de entre tres y cinco años de duración, en el que se recojan las actuaciones a realizar en análisis de mercado, recursos humanos, inversiones y promoción, y marketing y publicidad.
Esta nueva convocatoria permitirá crear hasta un total de 12 nuevas agrupaciones de productores, que se unirán a las siete que ya se han impulsado en esta legislatura, contando con 400.000 euros por proyecto.
El portavoz regional ha destacado igualmente la creación de un total de cinco Entidades de Prioritarias de Interés Regional (EAPIR), convirtiendo así a Castilla-La Mancha en “una región puntera en el sector agroalimentario”.
MEDIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PEQUEÑOS MUNICIPIOS
Por último, el Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto de medidas para facilitar la actividad urbanística en los pequeños municipios de la región y que, tal y como ha detallado Hernando, se enmarca en la estrategia del Ejecutivo autonómico para luchar contra la despoblación.
El decreto incluye 12 medidas que tienen que ver con el urbanismo en los pequeños municipios, siete de agilización de trámites, siete en materia de sostenibilidad, cinco para fomentar la actividad económica, seis para mejorar la transparencia y la participación, y ocho para adaptarse a la normativa.
Así, ha recordado que, a día de hoy, 291 municipios de la región carecen todavía de un planeamiento general que ordene sus territorios y cuyos ayuntamientos, gracias a este decreto, van a poder llevar a cabo Planes Especiales para mejorar su casco urbano o promover algún tipo de actividad económica. “No estamos hablando de ninguna flexibilidad para la especulación”, ha finalizado.
