El Gobierno regional ha aprobado destinar 13 millones de euros para promover la integración social y laboral de las personas con discapacidad en los centros especiales de empleo de Castilla-La Mancha en 2018.
El portavoz del Ejecutivo autonómico, Nacho Hernando, que ha informado este miércoles de los acuerdos del Consejo de Gobierno, ha explicado que el objetivo de estas ayudas es favorecer que estas personas tengan “un empleo remunerado” y que puedan ejercer su derecho al trabajo “a través del empleo protegido”.
Así, la presente convocatoria tiene por objeto subvencionar parcialmente el coste salarial de cada trabajador con discapacidad en plantilla de los centros especiales de empleo que presten sus servicios en un centro de trabajo radicado en Castilla-La Mancha.
La cuantía de la ayuda consistirá en el abono a los centros especiales de empleo de un máximo del 50 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional, proporcional a la jornada realizada.
El periodo subvencionable comprenderá desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y la medida beneficiará a los más de 3.500 trabajadores que integran la plantilla de los 90 centros especiales de empleo de la región.
“El mayor capital que tenemos es el humano”, ha asegurado Hernando, que ha recordado que el Gobierno del presidente García-Page trabaja para que el empleo de Castilla-La Mancha ”sea de calidad, pero también inclusivo”.
MÁS DE 2 MILLONES PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN
El Consejo de Gobierno también ha aprobado dos novedosas convocatorias de ayudas para fomentar la contratación de investigadores y tecnólogos en la región.
La primera de las líneas, dotada con 750.000 euros, va dirigida a la contratación de tecnólogos en empresas y centros tecnológicos y consta de 15 plazas. La segunda de las convocatorias, con un presupuesto de casi 1,3 millones de euros y 32 plazas, va orientada a la contratación de ayudantes de investigación y gestión de la I+D y técnicos de laboratorio.
“Ambas convocatorias persiguen la promoción del empleo juvenil y la potenciación de la investigación en Castilla-La Mancha”, ha subrayado el portavoz.
Así, se cofinanciará el salario y la cuota empresarial de la Seguridad Social de los contratos a formalizar, con una duración máxima de dos años, para jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Hernando ha recordado que en 2017 se concedieron 62 ayudas en distintas modalidades convocatoria, incluyendo las becas pre y post-doctorales, y ha avanzado que el próximo mes de mayo se resolverá la convocatoria plurianual de proyectos de investigación regionales, dotada con 12 millones de euros.
Asimismo, ha señalado que hasta mediados del mes de junio permanecerá abierta la convocatoria de expresiones de interés para la creación, consolidación y mejora de infraestructuras en materia de investigación y desarrollo dirigida a entidades locales y con un montante de 17,5 millones de euros.
PLAN DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 2018
Por otro lado, Hernando también ha informado de la toma en conocimiento del Plan de Simplificación y Reducción de Cargas Administrativas para 2018, que incluye 116 medidas y que ha sido impulsado y coordinado por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
Es el tercer plan de este tipo que se pone en marcha tras los aprobados en 2016 y 2017 con el objetivo de “priorizar la calidad, eficiencia y oportunidad de los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”, ha explicado.
El plan de 2018 cuenta con 116 medidas frente a las 42 de 2017, un 176 por ciento más, y beneficiará anualmente a más de un millón de personas, empresas, cooperativas, asociaciones y ayuntamientos, entre otros.
Para la evaluación de este plan se elaborarán informes trimestrales de seguimiento de las medidas propuestas y se realizará un informe final que será elevado al Consejo de Gobierno en el primer trimestre del año 2019.
Hernando ha resaltado que un número muy importante de las numerosas medidas incluidas en este nuevo plan inciden mayoritariamente en trabajar el eje de la digitalización, “en conseguir una administración lo más electrónica posible, tener que reducir al mínimo el papeleo al que se ven abocados cualquier ciudadano o ciudadana, o también muchas empresas que tienen esa obligatoria interacción con la Administración regional”.
NUEVAS TITULACIONES EN LA UCLM
En otro orden de asuntos, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado la implantación y puesta en funcionamiento del Plan de Estudios para la obtención del título de Máster Universitario en Educación Física en Educación Primaria y Deporte en Edad Escolar por la Universidad de Castilla-La Mancha.
Así lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo autonómico, que ha detallado que dicho máster se impartirá a partir del próximo curso académico en la Facultad de Educación de Albacete, será de carácter presencial y constará de 60 créditos.
Hernando ha indicado que “constituye una buena oportunidad y un aliciente más de cara a las oposiciones de primaria que el Gobierno regional convocará en 2019, ya que servirá para incrementar la formación y, con ello, las posibilidades de cara a esta OPE”.
Además, ha puesto este máster como ejemplo de funcionamiento del proceso de ampliación del mapa de titulaciones.
Así, ha explicado que la primera fase comenzó con la propuesta inicial de la UCLM, que elaboró el Proyecto del Programa de Estudios de la titulación, que después pasó por diversas instancias universitarias que elaboraron distintos informes favorables.
En una segunda fase, la propuesta fue consensuada internamente en la UCLM y remitida por esta institución a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, que se encargó de evaluarlo y remitirlo a la Conferencia General de Política Universitaria, dependiente también del Ministerio.
“Es en ese momento y no antes, es decir en aproximadamente 12 meses, si no hay alegaciones o sugerencias por parte de la ANECA, cuando se remite al Gobierno de Castilla-La Mancha para, si lo considera oportuno, aprobarse en Consejo de Gobierno, como finalmente ha ocurrido”, ha explicado Hernando.
En este contexto, el portavoz del Gobierno regional ha pedido a los alcaldes de Talavera de la Reina y Cuenca “que le den a la UCLM y al Ministerio le den el tiempo suficiente para que el grado de informática en Talavera y Turismo en Cuenca, que será lo siguiente que venga y que nosotros ya hemos mandatado a la UCLM para que inicie ese recorrido, lleguen lo antes posible a la mesa del Consejo de Gobierno para que se aprueben”.
Hernando ha enfatizado que el proceso de implantación de una nueva titulación “no se puede hacer de un día para otro” y que la educación en Castilla-La Mancha “no puede ser algo trasnochado, una ocurrencia o, bajo ningún concepto, algo que hagamos de manera exprés, sin rigor, sin seriedad, sin consenso y sin que, en definitiva, hayamos cumplido la ley”.
Finalmente, ha tildado de “irresponsable, demagoga, poco rigurosa o seria y verdaderamente lamentable” la actitud de ambos alcaldes, conocedores del tiempo que se necesita para hacer efectiva la ampliación de titulaciones en la Universidad regional.
TRASVASE TAJO-SEGURA Y TRAMA DEL AGUA
Por último, y de otro lado, el Gobierno de Castilla-La Mancha está estudiando personarse en el caso de que haya un litigio jurídico en relación al presunto fraude de 600 millones de euros en la desaladora de Escombreras, en Cartagena (Murcia).
Así lo ha adelantado el portavoz del Gobierno regional, a preguntas de los periodistas, aunque también ha reconocido que, de momento, la información que maneja el Ejecutivo castellano-manchego sobre este asunto es la que ha aparecido en los medios de comunicación.
Hernando ha considerado que "se abrirá en España algún tipo de proceso jurídico" en torno a este asunto, en cuyo caso "la Junta está estudiando poder personarse", ha dicho.
No obstante, si no se produjera ningún litigio y puesto que el Gobierno regional está investigando las causas del posible fraude y analizando la documentación sobre este asunto, el portavoz ha indicado que el Ejecutivo quiere conocer si podría iniciar una demanda judicial.
Al margen del ámbito judicial, Hernando ha incidido en que al Gobierno de Castilla-La Mancha le compete el ámbito político y en este sentido ha remarcado que la finalidad es "usar este ejemplo para demostrar que realmente las desaladoras tienen que ser una herramienta útil y sobre todo limpia".
"Apostamos por las desaladoras independientemente de que otros hayan hecho apuestas con las desaladoras", ha apostillado.
Por otra parte, a preguntas sobre la posibilidad de que se amplíe la cantidad del trasvase, el portavoz del Ejecutivo regional ha avanzado que "a partir del día 3 de mayo hay una nefasta pero gran probabilidad de que el Ministerio aumente de 20 a 38 hectómetros cúbicos el trasvase al Levante".
Para Hernando, "no es solo un trasvase de agua, sino que es de renta", y ha lamentado que tanto la decisión del Gobierno de España como el Memorándum que firmó la expresidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, "condenan a Castilla-La Mancha a tener una lámina mínima de 400 hectómetros cúbicos".
En este sentido, ha subrayado que la ampliación del trasvase sería "un paso atrás de nuevo" en el proceso para llegar a un Pacto Nacional del Agua, porque "el Gobierno de España no está en disposición de hablar de soluciones a medio o largo plazo y está concentrado solo en aumentar el trasvase a corto plazo, lo que nos deja con sequía permanente en el centro del país", ha concluido.
