La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha celebrado que esta semana pueda por fin aprobarse un presupuesto para la región que traerá "más del 70% dedicado a inversión o gasto social", lo que supondrá que más de 5.200 millones de euros "reforzarán los servicios públicos".
En rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida para dar cuenta de los asuntos del Consejo de Gobierno, Fernández ha precisado que esta cifra son más de 400 millones por encima de lo que recogían las cuentas de 2018, las que se mantienen en vigor tras haber sido prorrogadas.
Con estas cuentas habrá mejoras, más plantilla y más dinero para infraestructuras en una región que "crecerá por encima de la media nacional", tal y como ha recalcado la portavoz gubernamental.
En todo caso, ha reconocido que habrá "turbulencias" a nivel europeo, pero habrá "tranquilidad" en Castilla-La Mancha por lo que considera unos "buenos datos económicos".
Castilla-La Mancha va a destinar en 2020 un total de dos millones de euros diarios a políticas de bienestar social, tal y como recoge el Anteproyecto de Ley de Presupuestos de la región para el próximo año, cuyo debate y votación se inicia este jueves en las Cortes de Castilla-La Mancha.
Así lo ha señalado por su parte el vicepresidente autonómico, José Luis Martínez Guijarro, durante su visita a Guadalajara, donde ha apuntado que los presupuestos regionales para el próximo ejercicio cuentan con más de 10.500 millones de euros y destinan más del 70 por ciento al gasto social.
Asimismo, las cuentas autonómicas para el 2020 dispondrán de una partida para la Consejería de Bienestar Social que supera los 756 millones de euros, un 8 % más que en el último presupuesto, destinados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Castilla-La Mancha que más lo necesitan.
Además, a lo largo del próximo año se va a desarrollar la Ley de Protección y Apoyo Garantizado, para lo que se van a crear seis recursos públicos muy importantes como la Oficina Regional de Registro de Planes de Futuro para Personas con Discapacidad -que se creará en la Dirección General de Discapacidad- y a la que se sumarán cinco unidades de valoración y apoyo, una en cada delegación de Bienestar Social de la región.
CONSOLIDACIÓN DE GRADO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA
En otro orden de asuntos, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido que la enmienda del PSOE a la Ley de medidas administrativas y tributarias para la consolidación de grado en la función pública "no es ningún trato de favor ni nada fuera de la ley".
Fernández ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas con motivo de las movilizaciones este miércoles de los sindicatos de la Mesa General de la Función Pública exigiendo la retirada de la enmienda por considerar que supone "privilegios" para altos cargos que dejan la política y vuelven a su puesto de funcionario.
La portavoz regional ha manifestado que "los sindicatos quizás están utilizando esto como excusa para conseguir otras cosas" pero, en todo caso, ha agregado que están "en su derecho" de movilizarse.
Asimismo, ha precisado que la enmienda ya no se puede retirar porque está incorporada al dictamen una vez que resultó aprobada, con los votos del PSOE, en la comisión de Economía y Presupuestos en la que se debatieron las enmiendas, por lo que ha incidido en que los sindicatos han cometido este "error técnico".
En cualquier caso, ha subrayado que el objetivo de esta enmienda es "copiar el sistema extremeño" porque además Castilla-La Mancha era la única comunidad autónoma de toda España, prácticamente, que no tenía recogida esta situación, por lo que las personas que son funcionarias y que se dedican por un tiempo determinado a un cargo público, tenían mermada su posibilidad de ascender.
Por ello, ha resaltado que lo que hace esta modificación "legal" es proponer medidas para que estas personas "no vean damnificadas su carrera profesional" en consonancia con el Estatuto de la Función Pública que recoge que será la Administración pública la que articule dichas medidas.
Sin embargo, ha precisado que Castilla-La Mancha hace "exactamente lo mismo que otras comunidades" pero con la diferencia de que "aquí no hay complemento de alto cargo" como sí lo tiene el Estado y por ello lo cobra, por ejemplo, la expresidenta regional y exministra, María Dolores de Cospedal, que en la actualidad ocupa su puesto de abogada del Estado.
TRASVASE TAJO-SEGURA DE DICIEMBRE
Por otra parte, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha ha celebrado que, por segundo mes consecutivo, el trasvase de agua desde la cabecera del Tajo aprobado por el Gobierno central se limite a 7,5 hectómetros para garantizar el consumo humano, al tiempo que ha apuntado que el agua trasvasada en dos años completos serviría para llenar el mar Menor.
A preguntas de los medios, Fernández ha defendido que Castilla-La Mancha "siempre será solidaria ante una necesidad que cubrir" y ha celebrado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ponga pie en pared frente al drenaje permanente que se hace del Tajo".
En este sentido, ha recomendado al Levante que "encuentre alternativas viables, sin alharacas y sin confrontar", criticando que el presidente de Murcia, Fernando López Miras, se "extralimite en sus declaraciones".
"Hay que poner sentido común y tecnologías para dar alternativa al Levante y que su demanda no sea tan infinita como para que el Mar Menor se vea tan damnificado y maltratado por el uso de productos químicos de sus regadíos", ha subrayado.
RESIDUOS DE MADRID A TOLEDO
Por último y de otro lado, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha ha apuntado que hay "serias dificultades" para poder atender la petición del alcalde de Alcalá de Henares y presidente de la Mancomunidad del Este, Javier Rodríguez Palacios, para dar cabida en la planta de tratamiento de residuos de la provincia de Toledo a la basura generada por sus municipios.
Fernández a incidido en que la competencia en esta materia la tiene el Consorcio provincial y que es el organismo que tiene que tomar la decisión que, en todo caso, ha dicho que es "técnica".
No obstante, ha aseverado que "es más que posible que técnicamente haya serias dificultades para poder atender la petición que se ha hecho desde Madrid" y, por ello, "sería comprensible que se dijera que no".
Dicho esto, ha añadido que "no parece razonable" que si los habitantes de la Comunidad de Madrid tienen un problema, el Ayuntamiento de Madrid se niegue a prestarles una ayuda que, a juicio de la portavoz regional, sería "muy sencilla de prestar" porque hay un vertedero al lado.
Sin embargo, también ha achacado esa negativa a "una lucha intestina que se está produciendo, parece ser, entre partidos políticos que son socios y aliados en Madrid", de manera que ha culpado a PP y Ciudadanos (Cs) por la falta de acuerdo en torno a este asunto.
ENCUENTRO CON ADOLESCENTES
Tras ofrecer la rueda de prensa del consejo de Gobierno, la consejera de Igualdad ha inaugurado en Toledo el encuentro 'Adolescentes actuando contra la violencia de género', impulsado por el Instituto de la Mujer y desarrollado por la asociación 'Punto Omega', en el que participan en torno a 350 personas entre alumnado, personal de los institutos y técnicas de los centros de la mujer.
En concreto, este proyecto se está desarrollando en 25 localidades castellanomanchegas y cuenta con la participación de 35 centros de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en los que alumnos de 3º y 4º han recibido cinco horas de formación como agentes para la prevención de la violencia de género en las áreas de igualdad, violencia de género, ciberacoso, aplicaciones móviles para identificar esta violencia y habilidades básicas de comunicación.
El objetivo es que los alumnos sean capaces de detectar relaciones tóxicas entre su grupo de iguales y, en colaboración con los departamentos de orientación y los centros de la mujer, colaborar en el abordaje.
Uno de los aspectos más atractivos de este proyecto es que cada centro lo desarrolla de manera diferente, lo que ha permitido en algunos casos abrir un 'punto violeta' que sirve para que el alumnado evalúe si hay discriminación, formar a iguales en el uso de aplicaciones (apps) para detectar la violencia de género, colaborar con los ayuntamientos e, incluso, formar a la plantilla docente.
