Castilla-La Mancha alerta de restricciones en la nueva planificación hidrológica del Gobierno

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha alertado de restricciones en la nueva planificación hidrológica a partir del 2027 publicada por el Gobierno central, algo que genera "incertidumbre" y que "no hace posible que agricultores y ganaderos se formen adecuadamente en cómo pueden adaptar sus cultivos" o qué es lo que se necesita también para atender la demanda de los ciudadanos que consumen los alimentos que ellos producen.

"Ha publicado ya el Estado el nuevo esquema de temas importantes para la nueva planificación hidrológica a partir del 2027 y evidentemente las primeras noticias ya son de que todo es restricción, todo es prohibición", ha afirmado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, tras la reunión que ha mantenido con presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda.

A preguntas de los medios sobre qué confederación puede resultar más afectada por estas restricciones, la consejera ha señalado que afectarían de igual modo a las siete confederaciones, pues "están cortadas por el mismo patrón".

Los documentos iniciales son comunes prácticamente para todas ellas, ha afirmado Gómez, con lo cual, las medidas restrictivas "les afectan a todos por igual". No obstante, ha reconocido que hay una mayor afectación a la del Tajo, la del Guadiana, Guadalquivir, Segura y Júcar y algo menos, a la del Ebro y del Duero.

"Evidentemente en todas tenemos relación directa no sólo por la protección ambiental de nuestros espacios naturales, que también se pueden ver afectados por la falta de recursos hídricos, sino también por las necesidades que los agricultores y ganaderos que están en esas siete cuencas, que necesitan saber cuáles van a ser sus reglas del juego lo antes posible".

DEFENSA CONJUNTA CON ASAJA

Ponen en valor desde el Gobierno regional estos encuentros con Asaja, para poder defender de forma conjunta los intereses que correspondan a la región en las siete confederaciones.

Asimismo, ha señalado que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ya ha trasladado a Castilla-La Mancha que quiere hacer una conferencia sectorial de medio ambiente "bien a finales del mes de enero o a principios de febrero", cita en la que Gómez espera contar con "la información necesaria para luego llevar al Consejo Nacional del Agua".

"La situación climatológica sigue siendo adversa. Es verdad que los embalses de cabecera ahora mismo tienen más agua que nunca, pero no nos olvidemos que eso es una reserva estratégica de agua que no se puede desperdiciar, y que justo ahora es cuando se debería aprovechar para modificar las reglas de explotación y adaptarlas realmente a las necesidades", ha afirmado.

De cara a las reuniones que se están celebrando de los consejos de las demarcaciones en los primeros días de 2025, Castilla-La Mancha está en condiciones de "plantear cuestiones o líneas rojas" que no está dispuesta a que "no se contemplen" dentro de esta nueva planificación.

VIAJE A BRUSELAS

Asaja, con 30.000 afiliados en Castilla-La Mancha, realizará un viaje a Bruselas el 15, 16 y 17 de enero para reunirse con autoridades europeas y denunciar algunas de las problemáticas principales del sector agrario, ha señalado Jose María Fresneda.

Se queja el presidente de Asaja de unas "condiciones de producción escandalosas" que no pueden cumplir y del incumplimiento de los objetivos de la Directiva Marco del Agua, por lo que han pedido solicitar una prórroga de la misma, de forma conjunta con la Administración regional.

"Ya ha habido dos prórrogas, pero aquí nadie ha resuelto el problema, que es muy gordo. Los parámetros de una explotación son muy cambiantes. Por ejemplo, hace diez años no había pistachos, ahora todo el mundo pone pistachos y los quiere regar", ha afirmado.

Apelan a movilizaciones, negociación y como último recurso, los juzgados y se quejan de que en Europa se elaboren reglamentos con medidas restrictivas "desconociendo lo que pasa en cada pueblo, en cada aldea o en cada explotación de la región".

También abordarán el tema de la sequía con las autoridades europeas con competencias en riesgos climáticos, para ver si Asaja pudiera "rescatar alguna medida en relación con la sequía, que fundamentalmente ha asolado Albacete".

FIN DE LA MORATORIA A LAS MACROGRANJAS

En otro orden, la consejera de Desarrollo Sostenible ha pedido "cierta coherencia" a los colectivos en contra de la finalización de la moratoria de macrogranjas en la región y del decreto de purines, y les ha preguntado "cuántos de ellos" representan a las personas "que realmente viven todos los días en el entorno rural".

A preguntas de los medios, Mercedes Gómez ha reaccionado de este modo tras las críticas de colectivos vecinales y de Verdes Equo contra la posible reactivación de concesión de las licencias para ampliar el número de macrogranjas y de la instalación de plantas de biometano.

"¿Realmente qué molestias son las que producen a los agricultores y ganaderos que viven en el medio rural, que están los 365 días del año y que necesitan, lógicamente, tener su trabajo y seguir viviendo en su entorno rural?, ha abundado la titular del ramo.

Respecto a las solicitudes de explotaciones porcinas tras levantar esta moratoria, Gómez ha señalado que de momento no se ha notado una activación, manteniendo "una dinámica muy similar" a la que existía antes de la moratoria.

Con 61 explotaciones paralizadas por la moratoria, a estas se les está preguntando si siguen estando interesados o no en que su proyecto siga adelante. "Veremos si cumplen todos los requisitos y veremos si, en el caso de que cumplan, se pondrán en marcha o se autorizarán o no".

Estas explotaciones tienen en vigor una suspensión del proceso, y ahora el Gobierno regional tiene que notificarles el levantamiento de la suspensión. Se trata de un procedimiento que está arreglado en la Ley de Procedimiento Administrativo, por lo que la Junta, "de oficio", no puede iniciar ningún trámite si está suspendido.

Con la regulación y la normativa actual, señala Gómez, "los ganaderos y los agricultores hacen lo que tienen que hacer y de la forma más eficiente posible", y "en ningún caso y en ningún momento", si cumplen todos los requisitos, el Gobierno regional les va a impedir el desarrollo de la ganadería y del sector cárnico en Castilla-La Mancha.

El sector porcino en Castilla-La Mancha representa el 18% del PIB regional y "genera muchísimos puestos de trabajo, no solo en la ganadería, sino también en el sector de la industria alimentaria que corresponde", por lo que el Gobierno regional sigue aspirando "a contar con las mejores cabañas ganaderas".

Se ha modificado la Ley de Evaluación Ambiental para que un ayuntamiento pueda definir qué tipo de proyecto es el que quiere y cómo lo quiere, "sea de porcino o del tipo que sea".

Por otro lado, se ha establecido una regulación, mediante el decreto de gestión de purines, "para evitar los posibles malos olores por el uso del purín", como un elemento de abono orgánico que, además, "es necesario para un suelo deficiente como es el de Castilla-La Mancha".

"Ahora mismo la norma más restrictiva que existe en toda España es la de Castilla-La Mancha en ese ámbito, una norma consensuada con el sector agrícola, ganadero y con el sector industrial para garantizar el que podamos seguir desarrollando nuestras explotaciones", ha remarcado.