La exministra de Justicia Dolores Delgado ha superado este jueves el primer trámite para ser fiscal general del Estado al obtener el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque la división en el órgano de gobierno de los jueces ha dejado de manifiesto las dudas que suscita su polémico nombramiento.
Doce vocales han votado a favor de la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez y siete, parte del bloque conservador, lo han hecho en contra al considerar que su candidatura crea "una apariencia de vinculación" con el Ejecutivo que impide garantizar "la imagen de autonomía e imparcialidad" de la Fiscalía.
Ésta no ha sido la única decisión tomada por el Consejo -en funciones desde finales de 2018-, que ha acordado no hacer nuevos nombramientos "en la confianza de una pronta renovación", si bien en el caso de que no se constaten avances "en un tiempo prudencial", ha prometido volver a poner en marcha los procesos selectivos.
Entre las plazas que quedan congeladas se incluyen tres de la Sala de lo Penal del Supremo que, recuerda el CGPJ, "supone que el 20 por ciento de su planta esté sin cubrir, por lo que de prolongarse en el tiempo esta situación el normal funcionamiento de la sala se vería gravemente resentido".
Decisiones tomadas en una reunión en la que se ha evidenciado la fractura del Consejo en torno a la candidatura de Delgado como fiscal general, fuertemente contestada por la oposición y buena parte de la carrera fiscal.
Tras poco más de una hora, el pleno se ha limitado a constatar en su informe que la exministra cumple los requisitos que exige la ley para el cargo de fiscal general -15 años de ejercicio profesional como jurista de prestigio-, sin hacer referencia a sus "méritos" o "idoneidad", como sí ocurrió con sus antecesores.
"A la vista de la documentación recibida, cabe concluir que se cumplen en la candidata referida los requisitos exigidos por la legislación invocada", señala el acuerdo adoptado según la propuesta del presidente del Consejo, Carlos Lesmes.
Prescindir de los términos "méritos" o "idoneidad" ha sido la fórmula "aséptica" propuesta por Lesmes, para intentar concitar el mayor consenso posible en torno al informe sobre Delgado, consciente de que su candidatura contaba con muchas reticencias en el bloque conservador, mayoritario en este Consejo.
Pero el presidente, perteneciente a ese bloque, sólo ha convencido a dos de los vocales propuestos en su día por el PP, Rafael Fernández Valverde y Ángeles Carmona.
No le han apoyado siete vocales conservadores que, en un voto particular elaborado por Nuria Díaz, niegan que Delgado sea idónea para desempeñar el cargo y sostienen que las funciones que debe cumplir como fiscal general podrían estar "expuestas al riesgo" de que el Ejecutivo "influya en sus decisiones".
"No basta que se haga justicia, sino que es necesario que se vea que se hace justicia", indican estos vocales en alusión a un proverbio inglés del que se sirven para argumentar su oposición a Delgado.
No dudan que cumpla los criterios técnicos para encabezar la Fiscalía, pero cuestionan que le acompañe la "imparcialidad" que "tan alta responsabilidad implica".
Acceder a la Fiscalía General inmediatamente después de cesar como ministra y diputada por el PSOE, dice el voto, "supone un serio impedimento para garantizar a la ciudadanía la imagen de autonomía e imparcialidad" de este órgano.
Dos vocales, Concepción Sáez y Rafael Fernández, han anunciado un voto particular concurrente, al que se adherirá Ángeles Carmona, en el que mostrarán su conformidad con la decisión mayoritaria pero puntualizarán algunos de los argumentos.
El informe del CGPJ no es vinculante, pero sí preceptivo, y con él se ha roto la tendencia al consenso que este Consejo había mantenido en los últimos años al analizar las propuestas para la Fiscalía General.
Hubo unanimidad ante la fiscal progresista María José Segarra, propuesta por Pedro Sánchez, y los otros tres fiscales anteriores, con el Gobierno de Mariano Rajoy, también superaron el trámite sin mayores discrepancias.
Pero no es la primera vez en la que el CGPJ se divide al aprobar su informe sobre un candidato. Entre los precedentes, el de Javier Moscoso, exministro de Presidencia con Felipe González, que consiguió el apoyo de 13 de los 20 vocales.
La decisión de este jueves ha tenido lugar después de que este miércoles se viviera el primer choque entre el Gobierno y el CGPJ, que criticó unas declaraciones del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y pidió no usar políticamente la Justicia.
El Ejecutivo contestó en defensa de Iglesias y recordó la necesidad de renovar el CGPJ, una reivindicación que ha hecho suya una vez más el Consejo, esta con su decisión de no hacer más nombramientos hasta que eso no se produzca.
