CCOO ha denunciado este miércoles que las empresas adjudicatarias del servicio de transporte sanitario en la región y UGT han rechazado el mandato de la autoridad laboral de subsanar las ilegalidades pactadas por ambas partes en el convenio colectivo del sector, que han vuelto a firmar sin corregirlo, "para avalar así los 50 despidos ejecutados en los últimos tres meses".
Comisiones Obreras ha recordado que este convenio fue pactado en julio por la UGT y las empresas, que lo vienen aplicando desde entonces, "pese a que no está vigente, porque no ha sido publicado por el veto de la Autoridad Laboral, a instancias de CCOO, debido a las ilegalidades pactadas en materia de jornada y de organización del trabajo".
CCOO presentó alegaciones al convenio contra la regulación ilegal de los denominados "dispositivos de localización", que no garantiza en absoluto la exigencia de responder en un máximo de cinco minutos a las posibles necesidades de transporte sanitario urgente, tal y como se establece en el pliego de condiciones que reguló la concesión de este servicio.
Además, CCOO denunció que la jornada anual fijada en el convenio por la UGT y las empresas excede con mucho el máximo legal permitido, mediante el mecanismo denominado 'bases a tres', cláusula que las empresas han utilizado para ejecutar cerca de 50 despidos.
Ambas alegaciones de CCOO fueron atendidas por la autoridad laboral, que rechazó publicar el convenio y que, por dos veces, instó a la UGT y a las empresas a rectificar sus acuerdos, "forzando una nueva reunión de la comisión negociadora", en la que, según CCOO, las empresas y la UGT se han negado a corregir el convenio para adecuarlo a lo indicado por la autoridad laboral.
"Se han limitado a cambiar puntos y comas y a revolver el texto, pero manteniendo las ilegalidades que han amparado los despidos y que la autoridad laboral ordenó subsanar", ha denunciado el secretario regional de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Salvador Román.
Y ha anunciado que CCOO volverá a denunciar ante la autoridad laboral o ante los tribunales de justicia este renovado acuerdo de la UGT y las empresas, por seguir incurriendo en las mismas ilegalidades.
