CCOO, UGT y CSIF han vuelto a mostrar su rechazo al texto de la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha que este lunes volvía a sentar en torno a la Mesa General de Negociación a Gobierno regional y sindicatos. En palabras de la Coordinadora del Área Pública de CCOO-CLM, Carmen López "se nos ha mentido descaradamente" ya que se han mantenido varios puntos a los que estos sindicatos mostraron su rechazo el pasado viernes, cuando se celebró la primera reunión entre ambas partes.
En concreto, se trata del punto referente al complemento por incapacidad temporal (CIT) que, según ha defendido la responsable sindical se trata de la "mayor pérdida por baja por enfermedad" del conjunto de trabajadores públicos del país. Carmen López ha denunciado que los trabajadores públicos que causen baja por enfermedad seguirán sin cobrar durante los primeros tres días, además de beneficiarse "sólo de una subida del 10%" a partir del undécimo día de baja.
Otro de los puntos de conflicto ha sido el referente a las bajas por paternidad que expetimentarán un reducción de las cuatro semanas actuales hasta las dos que contempla el texto propuesto por el Gobierno regional. Según CCOO "empeora la propuesta que en su día nos presentaron" y adelgaza considerablemente las condiciones pactadas entre sindicatos y administración en el Plan Concilia.
Por último, según ha apuntado Carmen López, el Gobierno regional también ha rechazado la reposición de la última rebaja del 3% en la nómina de los trabajadores públicos. Según ha denunciado, Castilla-La Mancha es la "única comunidad autónoma que ha aplicado esta rebaja", a la que se suma el 5% impuesto por el Ejecutivo central.
CCOO ha lamentado que los funcionarios públicos "llevamos ya tres años de congelación salarial", a lo que hay que añadir la retirada de pagas extra y recortes en el número de trabajadores dependientes de la administración, lo que consideran una "agresión" al conjunto de funcionarios.
Por otro lado, CCOO ha informado de la retirada por parte del Gobierno del punto referente a la subida de salarios de altos cargos que inicialmente incluía el texto de la Ley. Según ha apuntado el Coordinador de Funcionarios del sindicato, Ramón González, se había previsto que los altos cargos pudieran experimentar ascensos de hasta 8 niveles en la escala funcionarial en tan sólo 6 años, cuando "un funcionario de carrera sólo puede promocionar 5 niveles en 20 años".
Aunque no descartan movilizaciones en un futuro, CCOO ha rechazado la vía judicial como posible salida al conflicto y ha avanzado que es intención del sindicato reunirse con los grupos parlamentarios popular y socialista para negociar el texto definitivo de la norma.
Por su parte, CSIF ha denunciado que el Ejecutivo regional les había citado no para buscar el consenso sino para "informarles unilaterlmente" sobre decisiones ya tomadas. Según apunta CSIF el Gobierno autonómico pretende con esta Ley "endurecer la regulación sobre Incapacidad Temporal, mantener una Relación de Puestos de Trabajo que favorece la discriminación negativa y la asignación de puestos sin la obligada concurrencia de los principios de igualdad, mérito y capacidad".
Al mismo tiempo han asegurado que la norma pretende "reducir las unidades electorales y las del servicio de salud, con el fin de debilitar el papel de control de los sindicatos y su defensa de los derechos laborales, así como la desaparición de la Junta de Personal de los Servicios Centrales".
Sólo FSES, formada por SATSE y ANPE, han continuado en la reunión aunque, posteriomente también han manifestado su rechazo denunciando que "el Gobierno regional impone congelación y pérdida de derechos a los empleados públicos" de Castilla-La Mancha.
