El Parlamento de Cataluña ha aprobado este miércoles en lectura única la proposición de ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza, que reconoce el "uso curricular y educativo" del castellano y reafirma el catalán como lengua vehicular, sin establecer porcentajes lingüísticos.
Un día después de que el Consejo de Garantías Estatutarias dictaminase que la ley promovida por PSC-Units, ERC, JxCat y En Comú Podem "no vulnera" ni la Constitución ni el Estatut, el pleno del Parlament ha aprobado la propuesta con los 102 votos de socialistas, independentistas y comunes, frente a los 29 votos en contra de Vox, Ciudadanos, PP y, por motivos distintos, la CUP, y una abstención.
La ley -contra la que Vox, Cs y PP habían presentado enmiendas a la totalidad- pretende dar respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre el 25 % de clases en castellano y plantea reconocerlo como lengua de "uso curricular".
Este reconocimiento, que aspira a atender la sentencia del TSJC sin necesidad de concretar porcentajes de usos lingüísticos, ha sido puesto en valor por el Consejo de Garantías, que en su dictamen constata que la ley establece "un uso más amplio del castellano en el sistema educativo respecto a las previsiones contenidas en la Ley de Educación de Cataluña y la Ley de Política Lingüística".
Vox, Cs y PP han anunciado que llevarán al Tribunal Constitucional (TC) la ley, pese al dictamen favorable del Consejo de Garantías, y han cargado contra los socialistas por alinearse con ERC y JxCat.
El portavoz parlamentario de Vox, Joan Garriga, ha anunciado que su partido recurrirá la nueva ley al TC y presentará "una querella para los que han incumplido la sentencia", ya que a aquellos que desobedecen, ha dicho, hay que "sentarlos en el banquillo y, si cabe, meterlos en prisión".
El líder de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha acusado al PSC de "mentir a la población", asumir el discurso del independentismo "más excluyente y desbocado" y permitir a ERC y Junts "no cumplir la sentencia del 25 % de castellano".
El presidente del PPC, Alejandro Fernández, ha advertido de que la inmersión lingüística es una "anomalía" en los países con más de una lengua oficial y ha considerado "ilegal" este modelo, que en su opinión busca arrinconar el castellano.
La diputada de PSC-Units Esther Niubó ha defendido que la nueva ley reconoce un uso del castellano que va más allá de la asignatura de lengua, sin "desafiar" al TSJC, y ha reprochado al PPC su 'no' a la ley por "dinámicas electoralistas" y "contaminación" de Vox.
La diputada de En Comú Podem Jéssica González ha pedido aislar la lengua de la "confrontación", mientras que la líder parlamentaria de los comunes, Jéssica Albiach, ha recalcado que ni el catalán es patrimonio de los independentistas ni el castellano lo es de la "derecha españolista".
El diputado de JxCat Francesc Ten ha deplorado el "filibusterismo" parlamentario de la "ultraderecha lingüística" y ha anunciado su abstención individual como "gesto simbólico" en reconocimiento a Salvador Ribot, un activista que a finales de mayo se declaró en huelga de hambre en defensa del catalán en la escuela.
Desde la CUP, Carles Riera ha cargado contra los impulsores de la ley porque es una "chapuza" y una "claudicación" que, a su juicio, "oficializa" el castellano como lengua curricular y "abre la puerta a su vehicularidad, al bilingüismo y a la segregación escolar".
Antes de votarse la ley ha tomado la palabra el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha celebrado el "gran acuerdo de consenso y de país sobre la escuela catalana", que ha hecho posible "preservar la escuela de la utilización partidista y política".
A continuación, el primer secretario del PSC y jefe de la oposición en Cataluña, Salvador Illa, ha reivindicado el consenso lingüístico y ha advertido de que la defensa del catalán no tiene que ser impulsada ni percibida como un "ataque" al castellano.
