El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha destacado que Castilla-La Mancha es pionera en la incorporación de las nuevas tecnologías en la justicia y, en esta línea, ha confiado en que la fiscalía digital pueda ser una realidad en toda la región en 2018.
En un desayuno informativo que ha protagonizado este martes en la ciudad de Toledo, el ministro de justicia ha desgranado los seis bloques principales que, a su modo de ver, son importantes en la administración de justicia, entre los que ha situado la incorporación de las nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia, la transparencia, los medios materiales y humanos y la agilidad.
En el apartado concreto de la mejora de la eficiencia, el ministro ha explicado que, a día de hoy, la eficiencia en la gestión de procesos está asociado al uso de las nuevas tecnologías, un apartado "en el que queda un buen camino por delante para trabajar con la naturalidad con que el conjunto de la sociedad usa las nuevas tecnologías".
En cambio, ha destacado que Castilla-La Mancha "es pionera" en la incorporación de las nuevas tecnologías en la justicia, ya que a día de hoy el sistema de justicia digital está implantado ya en todas las audiencias provinciales, en el 80 por ciento de los partidos judiciales y se trabaja para que en el primer semestre de 2018 esté ya en todos los partidos judiciales de la región.
Además, ha indicado que en 2017 se van a hacer unos 3,5 millones de comunicaciones electrónicas entre los despachos de abogados, procuradores y la administración de justicia en Castilla-La Mancha y que la fiscalía digital es una realidad ya en Cuenca, Toledo, Talavera de la Reina y Guadalajara y ve posible que en 2018 sea una realidad en toda la región.
La transparencia es otro de los pilares de la justicia que ha resaltado Catalá y, aunque ha considerado que la justicia en España es independiente, "hay algunos estudios sociológicos que ponen de manifiesto que la percepción social no es así".
Por ello, ha apuntado algunas medidas que se podrían poner en marcha para mejorar esta percepción, como por ejemplo revisar el que los parlamentos autonómicos designen, mediante cuotas, a algunos magistrados de las salas de lo civil y penal de los tribunales de justicia, una medida que, quizá al principio de la democracia tendría sentido, pero que ya no ve necesaria a día de hoy.
La transparencia también se podría mejorar con la reforma del sistema de elección de vocales Consejo General del Poder Judicial poder judicial o la regulación del trasvase de personas que puedan pasar de la judicatura a la política y luego retornar a la justicia.
A su parecer, estas medidas "podrían fortalecer la percepción de independencia" del sistema judicial.
Catalá también ha señalado que las reformas que se han puesto en marcha, como por ejemplo, sobre el turno de oficio, "que nunca estará sometido" al IVA por considerar que los profesionales que lo prestan reciben una indemnización, no un salario.
También ha hecho alusión a la reforma del código penal, para modificar el concepto de omisión del deber de socorro, en particular sobre los accidentes de tráfico en los que se van involucrados ciclistas o la reforma del registro civil.
Asimismo, también ha propuesto hacer un texto refundido de la ley concursal en vigor, para promover una simplificación de la norma, que "en muchas ocasiones puede ocasionar incertidumbres", al tiempo que ha señalado la necesidad de actualizar el código civil y el código de comercio.
En este punto, Catalá ha hecho alusión a la idea de la justicia como "factor dinamizador de la economía" y ha subrayado la importancia de que exista seguridad jurídica en un país para favorecer la atracción de inversiones, la creación de empresas y la generación de empleo.
Así, ha destacado que en 2018 se crearán en España 600.000 puestos de trabajo y ha adelantado que el Gobierno central ve posible que el objetivo de contar con 20 millones de trabajadores en España se pueda alcanzar en 2019, un año antes de lo previsto por el Ejecutivo.
PIDE CONCRETAR QUE SE QUIERE CAMBIAR DE LA CONSTITUCIÓN
Por otra parte, el ministro de Justicia ha señalado que si se proponen mejoras para reformar la Constitución, éstas se pueden estudiar "con naturalidad", pero ha considerado que el debate no se debe iniciar hasta que no se concrete qué se quiere cambiar de la Carta magna.
Durante su intervención, el ministro de Justicia ha señalado que la posible reforma de la Constitución "es uno de los temas de moda", pero ha advertido de que todavía "falta por saber para qué".
En este sentido, ha explicado que en estos días en que se celebra el 39 aniversario de la Constitución, se puede hacer un "balance extraordinario" desde su aplicación, por lo que ha señalado que "si algo hay que hacer es ponerla en valor, reconocer la generosidad y el diálogo" de quienes participaron en su elaboración.
"Tenemos que reconocer lo que es y ha sido y si en ese proceso de reconocimiento se identifican mejoras posibles, estudiarlas no naturalidad, pero si la reforma se quiere para cambiar el modelo, el PP nunca va a estar ahí, porque creemos que la Constitución puede tener una larga vida", ha afirmado el ministro de Justicia.
Catalá ha recordado que la Constitución ha tenido "pequeños ajustes", como cuando se reformó el artículo 135, y ha incidido en que ahora se debe identificar "para qué" se quiere cambiar el texto constitucional, como por ejemplo "poner la lista de las diecisiete comunidades autónomas o para cambiar la prevalencia del hombre en la sucesión de la corona".
A su parecer, estos cambios no son estructurales, y por ello ha incidido en que cuando los que defienden "con tanta vehemencia" su reforma digan qué quieren cambiar, se estudiará pero "con el reconocimiento de la importancia estratégica" de la Constitución de 1978.
NO HAY PLANES DE ILEGALIZAR PARTIDOS POLÍTICOS
En otro orden, el ministro de Justicia ha señalado que, en estos momentos, el Gobierno central no tiene previsto promover un proceso de ilegalización de partidos políticos.
Catalá ha explicado que puede haber partidos que, por ejemplo, defiendan la república, pero si la mayoría resultante de las urnas apuesta por una monarquía constitucionalista, "los que han perdido no pueden pretender dar un golpe de estado para implantar al república".
De este modo, ha explicado que el Gobierno central no prevé promover un proceso de ilegalización de partidos políticos, si "defienden cualquier idea dentro del marco constitucional".
En cuanto al resultado de las urnas del 21 de diciembre, se ha mostrado confiado en que la constitución del próximo Parlament catalán permita formar un gobierno que "de manera lógica, razonable y coherente" haga de la defensa de la Constitución y del Estado "sus ejes de actuación".
Si bien, ha alertado de que "si no es así" se debe tener "la confianza y la tranquilidad" adquirida tras la experiencia de los últimos meses de que "al final, el Estado de Derecho y la Constitución ha prevalecido".
"La seguridad jurídica está vigente hoy mediante mecanismos extraordinarios", como la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ha comentado el ministro, que ha argumentado que "nadie hubiera querido aplicar", pero es consecuencia del "incumplimiento de las obligaciones de un gobierno".
Por ello, ha deseado que no vuelva a suceder lo vivido en Cataluña, aunque ha recalcado que "si sucede, ha quedado acreditado que la democracia tiene herramientas y capacidad para garantizar la aplicación de la ley, las sentencias y los derechos de todos".
En este sentido, ha lamentado que el intento independencia de Cataluña ha provocado que unas 2.700 empresas haya cambiado su domicilio social que estaba ubicado en Cataluña y también en algunos casos, el domicilio fiscal.
Además, ha alertado de que también ha caído el consumo en grandes superficies en un 20 por ciento, el 15 por ciento la ocupación hotelera y un 10 por ciento las inversiones.
Catalá ha confiado en que las "empresas vuelvan a Cataluña" una vez que se ha restablecido la normalidad constitucional y estatutaria, pero ha considerado que "no será fácil y menos si algunos siguen proponiendo discursos desafiantes y tóxicos, arropados en la equidistancia populista que solo reconoce la ultraderecha xenófoba europea".
UN POLÍTICO DE "ROBUSTEZ INTELECTUAL"
Previamente a la intervención del ministro, el vicepresidente segundo de las Cortes de Castilla-La Mancha y secretario general del PP en la región, Vicente Tirado, ha puesto en valor la figura de Rafael Catalá, resaltando de él que se trata de un político de "robustez intelectual" en un contexto histórico en el que los 'ninis' "se acercan a la política".
Tirado, que ha sido el encargado de presentar al ministro en el desayuno, ha recordado cómo cuando Catalá fue nombrado ministro en sustitución de Alberto Ruiz Gallardón al frente de la cartera de Justicia, se le llamó "tecnócrata", a lo que ha sumado que se trata de un político "que aporta valor añadido".
Tirado, en alusión a la condición de diputado por de Cuenca de Catalá, le ha dicho al ministro que "no sólo la gente de Cuenca, sino todos los castellano-manchegos, se sienten orgullosos" de que represente a la provincia.
"Es una persona de equipos, que sabe aprovechar lo mejor de cada uno de los que trabajan con él. Sabe sacar lo mejor de todos y cada uno de los que trabajan con él para que la justicia en España sea una materia referente en cuanto a un Estado de Derecho", ha afirmado Tirado.
Para el 'número dos' de los 'populares' castellano-manchegos, Catalá es "un caballero de la política que sabe defender los intereses de los ciudadanos con determinación, pero con formas exquisitas". "Aporta valor añadido a Cuenca y a Castilla-La Mancha", ha concluido.
