UPyD advirtió de que la sanidad pública en Castilla-La Mancha y en España está "en la UVI" y, por ello, opinó que no puede responsabilizarse, "en exclusiva", al aumento de casos de la gripe el colapso de las urgencias, principalmente en Ciudad Real y Toledo.
En un comunicado remitido a los medios, UPyD denunció la "pésima gestión que de la sanidad pública hace el PP en Castilla-La Mancha" y criticó la "imaginativa" solución de la Consejería de Sanidad de "provocar un éxodo de pacientes a dos hospitales privados de la Comunidad de Madrid" para reducir las listas de espera.
"La estrategia del Gobierno popular en Castilla-La Mancha es clara y evidente, se deteriora hasta extremos inimaginables la sanidad pública, reduciendo hasta la extenuación los recursos humanos y materiales para justificar lo injustificable, que no es otra cosa que poner en manos de empresas privadas la sanidad de todos los castellanomanchegos", lamentaron.
Por ello, la formación consideró que es "el momento de decir basta a tanto atropello y a tanta degradación del estado de bienestar, derecho que asiste a todos los ciudadanos de este país".
Ley de Racionalización de la Administración
En otro orden, la coordinadora regional de UPyD en CLM, Celia Cámara, lamentó la puesta en marcha de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local porque "ayuda a destruir el Sistema Público de Servicios Sociales, contribuyendo a la implantación de un modelo de una mayor desigualdad, gestionado por un Estado asistencial que sobrecarga a la familia y que hace al individuo responsable último de los riesgos de su existencia".
Cámara apuntó que, además, esta norma "pone de manifiesto la necesidad de estar en guardia a los partidos de la oposición", especialmente a UPyD, "pues las obligaciones derivadas de su práctica retardada comportan que tanto comunidades autónomas como entes locales deban iniciar un proceso de adaptación de su cartera de servicios, organización y personal a lo dispuesto en esta norma".
Sin embargo, a juicio de UPyD, "el problema más urgente es que engloba mandatos inmediatamente aplicables, ante los cuales ni responsables políticos locales ni funcionarios públicos podrán eludir su cumplimiento".
Por esto, desde UPyD reclamaron al Gobierno de Castilla-La Mancha "que soslaye medidas privatizadoras y recentralizadoras, y actúe con la diligencia precisa para evitar un desmantelamiento total del sistema público de servicios sociales, cuya acción retraería una vuelta a los pasos de beneficencia en materia asistencial".
