Junta retira el recurso ante el Supremo contra la readmisión de los interinos

El Gobierno de CLM ha presentado el escrito de desistimiento sobre del recurso de casación interpuesto ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del TSJCM, que le obligaba a readmitir a interinos despedidos en agosto de 2012

Empleados públicos de la Junta se han manifestado este sábado en Toledo, para pedir la readmisión de los interinos y la retirada del plan de RRHH que afecta a conductores
photo_camera En la imagen de archivo una de las concentraciones de los interinos pidiendo su readmisión

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha presentado el escrito de desistimiento sobre del recurso de casación interpuesto ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la región (TSJCM), que le obligaba a readmitir a interinos despedidos en agosto de 2012.

El Tribunal castellano-manchego falló a favor del recurso presentado por UGT y STAS, declarando nulas las órdenes de 20 de agosto de 2012 reguladoras de las plantillas de funcionarios y del personal sanitario, veterinario y de farmacia de la Administración regional.

La sentencia fue emitida el pasado 27 de enero por la Sala de lo Contencioso-Administrativo en relación a la denuncia que presentaron las organizaciones sindicales Unión General de Trabajadores y STAS por vulneración del derecho fundamental de negociación colectiva.

El Ejecutivo castellano-manchego ha adoptado esta decisión tras un cambio en la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre esta materia, que consiste en que los decretos de las Relaciones de Puestos de Trabajo -como es en este caso- ya no son susceptibles de ser recurridos en casación, ha informado la Junta en nota de prensa.

Este cambio en la doctrina del Tribunal Supremo implica, según el Gobierno autonómico, que no entre a conocer el fondo del asunto y, por tanto, no se garantizaría conocer cuál es la opinión del tribunal en esta materia.

"De esta forma, el Gobierno regional se anticipa y pone fin a una situación de incertidumbre -tanto para los propios trabajadores públicos como para la Administración regional- y que, en definitiva, podría concluir siendo más costosa para todos los ciudadanos", añade.

El Gobierno castellano-manchego subraya que, como siempre, los derechos de los trabajadores públicos, tanto los profesionales como los retributivos, van a estar garantizados.

Además, señala que el Ejecutivo regional toma esta decisión desde el máximo respeto a las instituciones judiciales, y entendiendo que el proceso tiene todas las garantías que la legislación contempla, pero reitera que debido a la imposibilidad de valorar el fondo de la cuestión -al haberse producido ese cambio de jurisprudencia- no se puede conocer la opinión del Supremo al respecto.

Finalmente, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha subraya que recurrió ante el Supremo con el firme convencimiento de actuar en beneficio de todos los empleados públicos de la Administración regional y de toda la sociedad castellano-manchega.

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