Soriano, satisfecha por que el Supremo 'haya dado validez' al ERE de GEACAM

La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, ha mostrado su satisfacción por que el Supremo "haya dado validez" a la decisión que GEACAM tomó en 2012 cuando presentó un ERE que afectó a cerca de 1.800 empleados

La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, ha mostrado su satisfacción por que el Tribunal Supremo "haya dado validez" a la decisión que la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (GEACAM) tomó en 2012 cuando presentó un ERE que afectó a cerca de 1.800 trabajadores dedicados a la prevención y extinción de incendios forestales.

En declaraciones a Europa Press, ha afirmado estar "satisfecha" por que el Supremo no aprecie fraude de ley en la negociación y que haya reconocido que "las medidas que se pusieron eran las que tenían el menor impacto para los afectados" y, por ello, eran "la mejor solución para los trabajadores".

La titular de Agricultura también ha señalado ver "buenas perspectivas" respecto al nuevo ERE presentado por la empresa, que fue ratificado en el Consejo de Administración de GEACAM y que podría afectar a 202 trabajadores.

En este sentido, ha indicado que "hasta que no se conozca la sentencia definitiva del Supremo, se va a esperar para ver cómo se cierra" este nuevo ERE. "Si la sentencia llega antes de que la empresa cierre el ERE, se pedirá una prórroga", ha explicado Soriano, al tiempo que ha añadido que, posteriormente, GEACAM estudiará con sus abogados los términos finales de este acuerdo.

Denuncia de CCOO

La empresa pública decidió despedir a estos trabajadores en 2012 a través de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) siendo contratados posteriormente como fijos-discontinuos meses después. El sindicato CCOO denunció ante el TSJCM esa situación y que los trabajadores pasasen a estar empleados ocho meses en lugar de todo el año.

En ese momento, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha acordó la "nulidad" del ERE, considerando que el acuerdo alcanzado -que fue aprobado por los representantes de UGT, SIBF y SATIF- "fue contraviniendo la legalidad vigente, en fraude de ley", por lo que opinó que debía ser "declarado nulo".

Posteriormente, la empresa pública GEACAM presentó ante el Tribunal Supremo un recurso de casación contra la sentencia TSJCM, que ahora ha sido admitido por el Alto Tribunal.

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