Castilla-La Mancha reconoce a sanitarios como autoridad y crea una dirección de seguridad
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado un paquete de medidas legislativas y organizativas pioneras para reforzar la seguridad y la consideración institucional del personal del sistema público de salud. En el corazón de este plan se sitúan dos ejes principales: el reconocimiento de los sanitarios como autoridad pública en el ámbito administrativo y la creación de una dirección de seguridad que coordinará todas las políticas de prevención y actuación frente a las agresiones.
El anuncio lo realizó el director general de Recursos Humanos y Transformación del Sescam, Íñigo Cortázar, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad de las Cortes regionales, en la que presentó el balance de agresiones registradas en 2024 y desgranó las próximas reformas que prepara la Consejería de Sanidad.
Cambios legislativos para sancionar agresiones
Cortázar explicó que el Ejecutivo autonómico trabaja en una modificación normativa que permitirá al Sescam imponer sanciones administrativas a quienes agredan a profesionales, aunque los hechos ya estén contemplados como delito en el Código Penal. Esta reforma se incluirá previsiblemente en la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2026, con el objetivo de dotar al sistema sanitario de un instrumento complementario al judicial para proteger a sus trabajadores.
“Queremos poder sancionar por vía administrativa las agresiones a sanitarios, incluso cuando un juez haya dictaminado sobre ellas”, señaló Cortázar. “Si un tribunal considera que existe delito, el procedimiento penal se desarrolla con sus propias consecuencias; pero si se da una absolución por eximentes o circunstancias personales del agresor, el Sescam no puede hoy aplicar ninguna sanción. Eso es lo que queremos corregir”, añadió.
El responsable de Recursos Humanos recordó que este cambio surge a raíz del caso de Camarena (Toledo), ocurrido en 2018, cuando un profesional sanitario sufrió graves secuelas tras un intento de homicidio en el centro de salud. El agresor fue finalmente absuelto por razones psiquiátricas, lo que impidió que la administración sanitaria pudiera emprender acciones adicionales. “Nos gustaría haber podido sancionar a ese homicida con una multa administrativa, no como venganza, sino como mensaje claro de que ninguna agresión quedará sin respuesta”, declaró.
La intención del Gobierno regional es que el nuevo régimen sancionador permita multar económicamente a los agresores y establecer restricciones de acceso a centros sanitarios en casos graves o reincidentes, además de garantizar la asistencia jurídica inmediata a los profesionales afectados.
Un director de seguridad pionero en España
La segunda gran medida es la creación de la figura del director de seguridad del Sescam, una iniciativa sin precedentes en el Sistema Nacional de Salud. Este puesto, que se licitará a través de un contrato administrativo, será ocupado por un profesional habilitado por el Ministerio del Interior y se encargará de coordinar los dispositivos de seguridad privada de todos los centros sanitarios, así como de enlazar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Según Cortázar, el director de seguridad dependerá directamente de la Dirección General de Recursos Humanos y Transformación, y desempeñará funciones de coordinación, asesoramiento y supervisión. “Será un perfil especializado, con experiencia en seguridad pública y privada, que trabajará codo con codo con el interlocutor policial regional y con las gerencias de área”, explicó.
La creación de esta dirección responde al objetivo de “agresiones cero”, un principio que guía toda la estrategia del Sescam en materia de prevención y respuesta ante episodios de violencia contra el personal sanitario. “Castilla-La Mancha vuelve a situarse a la vanguardia de las políticas de protección de sus profesionales”, destacó Cortázar.
Datos del informe de agresiones 2024
El último informe nacional de agresiones elaborado por el Ministerio de Sanidad, en colaboración con las comunidades autónomas, revela que Castilla-La Mancha mantiene una de las tasas de agresión más bajas de España. En 2024 se registraron 687 incidentes, 41 más que en 2023, pero la tasa por cada 1.000 profesionales se redujo de 16,48 a 16,13, frente a una media nacional del 24,6. En atención primaria también descendió, pasando de 28,81 a 28,02.
De los incidentes contabilizados, 19 fueron agresiones físicas, una menos que el año anterior, mientras que el resto correspondieron a amenazas, insultos o episodios de tensión verbal. En 147 casos se incoaron procedimientos sancionadores y otros derivaron en denuncias ante la autoridad judicial.
El análisis del Sescam muestra que el 33 % de las víctimas son médicos, el 29 % personal de enfermería, el 14 % administrativos y el resto celadores o auxiliares. El 76 % de los profesionales agredidos son mujeres, en una plantilla mayoritariamente femenina, y casi la mitad tienen entre 35 y 55 años.
En cuanto al perfil del agresor, el 71 % son los propios usuarios o pacientes, frente al 29 % que corresponde a familiares o acompañantes. “No existe un perfil criminalístico claro, pero sí patrones de frustración, sobrecarga emocional o desinformación que debemos abordar desde la educación sanitaria y la gestión de la atención”, afirmó Cortázar.
Rechazo unánime a las agresiones
El director general expresó la condena firme y rotunda del Gobierno regional ante cualquier tipo de violencia hacia los trabajadores de la sanidad pública. “No hay justificación alguna. Vamos a perseguir estas conductas por tierra, mar y aire. No nos conformamos con los datos actuales, aunque sean mejores que la media nacional. El único número aceptable es cero agresiones”, enfatizó.
Cortázar subrayó que el Sescam ofrece apoyo jurídico, psicológico y organizativo a los profesionales agredidos y que la administración autonómica se persona como acusación particular en los casos más graves. Además, recordó que la Secretaría General del Sescam ha recibido recientemente el Premio Nacional de Igualdad y Recursos Humanos del sector Salud por su labor en la erradicación de agresiones, en reconocimiento a un modelo que combina formación, refuerzo de seguridad y protocolos de actuación rápida.
Debate político en las Cortes
Durante el debate parlamentario, los grupos de la oposición coincidieron en reconocer la necesidad de medidas más contundentes, aunque con distintos matices. El diputado de Vox, David Moreno, señaló que “las agresiones han aumentado un 64 % desde 2019” y reclamó la presencia de vigilantes privados en los centros de salud “donde se registran incidentes de forma repetida”.
Desde el Partido Popular, el parlamentario Juan Antonio Moreno Moya reprochó que el Sescam “no se persone de oficio” en los casos judiciales y que Cortázar no haya comparecido en las Cortes “desde hace seis años”. “De los casi 700 incidentes del año pasado, solo 50 contaron con la personación del Sescam”, criticó.
Por su parte, el diputado socialista Ángel Tomás Godoy defendió la política del Ejecutivo autonómico y pidió “unidad de acción” para afrontar un problema que, en sus palabras, “trasciende la ideología y afecta a todo el sistema sanitario”. Reconoció que la falta de profesionales puede ser un factor de tensión, pero subrayó que “nada justifica una agresión”.
Un modelo de referencia
El Gobierno de Castilla-La Mancha reivindica el resultado de su estrategia integral, que combina prevención, sanción y acompañamiento. Según Cortázar, el sistema regional ha demostrado eficacia gracias a la coordinación con los interlocutores policiales, la sensibilización social y los programas de formación en habilidades de comunicación y manejo de conflictos que ya se imparten en centros sanitarios.
“Estamos en la senda correcta, pero no satisfechos. Queremos que los profesionales se sientan seguros en su lugar de trabajo, que la sociedad reconozca su autoridad y que cualquier agresor sepa que enfrentará consecuencias, tanto penales como administrativas”, concluyó el director general.
Con la próxima aprobación de la nueva dirección de seguridad y la modificación legal prevista para 2026, Castilla-La Mancha se convertirá en la primera comunidad autónoma que refuerza la protección de los sanitarios en todos los niveles: jurídico, organizativo y operativo, consolidando su posición como referente nacional en la lucha contra las agresiones al personal de salud.