El Grupo Parlamentario Socialista quiere que las Cortes Generales insten al Gobierno de Castilla-La Mancha a devolver el dinero correspondiente a la productividad mensual variable cobrada por parte del personal directivo del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) "por haberse recibido de forma anómala".
Además, los socialistas quieren que el Ejecutivo presidido por María Dolores de Cospedal "modifique su política económica" ya que, "tras múltiples recortes, no ha sido capaz de cumplir los objetivos de déficit fijados por el Gobierno de España".
Así figura en las propuestas de resolución, recogidas por Europa Press, que ha presentado el Grupo Socialista al informe anual de Fiscalización de la Comunidad Autónoma correspondiente al ejercicio 2012 -primer año completo con el Gobierno del Partido Popular- que serán debatidas este martes en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.
Los socialistas quieren, asimismo, que se inste a Castilla-La Mancha "a asumir las responsabilidades contables derivadas de las salvedades, deficiencias e incumplimientos de la legalidad" puestos de manifiesto en el Informe del Tribunal de Cuentas; a que "facilite el acercamiento en el tiempo" del control a efectuar por el Tribunal de Cuentas y por las Cortes y a que se vuelva a detallar, como aparecía en anteriores informes de fiscalización, los proyectos financiados por los Fondos de Compensación y los Fondos Complementarios.
PP: ADELANTAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS
Por su parte, las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular van en la línea de instar al Ejecutivo autonómico a realizar las modificaciones normativas oportunas para "adelantar el plazo de rendición de las cuentas al 30 de junio del ejercicio siguiente a que se refieran", con el objetivo de facilitar el acercamiento en el tiempo del control que tiene que realizar el Tribunal.
Los 'populares' también quieren que se elabore un plan de disposición de fondos, como instrumento de planificación de las disponibilidades liquidas, que se potencie la conexión automática entre el inventario y el sistema de información contable, y que se estudie la conveniencia de aprobar una norma con los criterios particulares, dentro de los generales de la normativa del Fondo de Liquidez Autonómica, para la selección de los pagos a incluir en este mecanismo.
El PP, en sus propuestas, también insta a valorar la modificación de la integración de la Cuenta General de las cuentas de todos los entes del sector público regional, y no sólo de los sujetos a contabilidad pública, y a aprobar una norma que regule la elaboración de un informe por parte de las funciones, empresas y consorcios, que se presente junto con sus cuentas anuales, sobre el cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financiero que hayan sido asumidas a consecuencia de su pertenencia al sector público.
Igualmente, el Grupo Parlamentario Popular quiere se que la Comunidad Autónoma valore la conveniencia de modificar el texto refundido de la Ley de Hacienda para incluir la obligación de remitir al Tribunal de Cuentas, de forma anual, un informe sobre el seguimiento de los expedientes de reintegro y sancionadores derivados del ejercicio del control financiero.
MEJORAR EL CONTROL INTERNO
La Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA y CHA) también ha presentado distintas propuestas de resolución al informe de fiscalización de Castilla-La Mancha del ejercicio 2012, en las que insta a la Comunidad Autónoma a mejorar los mecanismos de control interno y a medir el grado de realización de los objetivos en materia de subvenciones, así como a integrar en la Cuenta General las de todos los entes del sector público regional y no sólo de los sujetos a contabilidad pública.
Igualmente, IU, ICV-EUiA y CHA piden al Ejecutivo regional que sigan las recomendaciones del Tribunal de Cuentas a fin de mejorar la información de las memorias integrantes de las cuentas anuales, y a tomar las medidas necesarias para corregir las "deficiencias" puestas de manifiesto por el Tribunal de Cuentas en materia de contratación administrativa.
Finalmente, las propuestas de CiU quieren que el Parlamento inste al Gobierno central a incluir en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado los proyectos financiados con cargo al Fondo de Compensación Interterritorial y del Fondo Complementario; a realizar un estudio donde se evalúe la capacidad de generación de renta y riqueza de los proyectos candidatos a esos fondos y a presentar un informe de carácter bianual sobre todos los proyectos financiados con ellos.
