Castilla-La Mancha ha planteado que el nuevo sistema de financiación autonómica incorpore un fondo adicional para aplicar medidas contra la despoblación y que el territorio sea un elemento estructural para calcular el coste efectivo en la prestación de servicios, de forma que no sea solo un elemento corrector, tal y como incluye la propuesta del Gobierno central.
El vicepresidente de la Junta de Comunidades, José Luis Martínez Guijarro, ha explicado en una rueda de prensa las principales aportaciones que el Ejecutivo castellanomanchego hará llegar al Gobierno central en un documento que remitirá este mismo lunes al Ejecutivo, tras reunirse con los tres grupos parlamentarios (PSOE, PP y Cs) y con los agentes sociales.
En estos momentos, según la propuesta del Ministerio de Hacienda, actúan como elementos correctores el territorio, la despoblación, la dispersión de la población y la insularidad, mientras que la población ajustada es un elemento estructural y, para cada uno de los servicios, se calcula el coste efectivo en función de unos criterios, de forma que para hacer el cálculo en sanidad se divide a la población en 20 tramos de edad; para la educación, se tiene en cuenta los ciudadanos de 0 a 17 años y para los servicios sociales se atiende a los mayores de 65 años.
Martínez Guijarro ha argumentado que, a juicio del Ejecutivo castellanomanchego, la superficie no tiene que ser un elemento corrector sino estructural, pues esta variable unida a la población ajustada da como resultado "la densidad de población, que es lo que se acerca a la financiación del coste efectivo del servicio".
"Los servicios se prestan a las personas, pero las personas viven en los territorios", ha justificado el vicepresidente castellanomanchego, que ha informado de que el Gobierno regional ha realizado un estudio en la provincia de Guadalajara -que aúna una zona de alta densidad de población como es el Corredor del Henares y la capital y otra despoblada, que es el resto de la provincia- para calcular el coste de la prestación de cada servicio.
Así, ha informado de que el estudio ha revelado que la asistencia sanitaria en las zonas despobladas cuesta el triple que en el Corredor del Henares y en Guadalajara capital, mientras que en educación, el coste en las zonas despobladas es un 50 por ciento superior al coste del servicio en Guadalajara capital y el Corredor del Henares.
Por ello, ha considerado que si dentro de la propia comunidad autónoma "se pone muy en evidencia" la diferencia del coste en la prestación de los servicios, "esto ocurrirá también si se hace el análisis del coste de servicios de Castilla-La Mancha y otras comunidades autónomas donde haya un alto índice de concentración" de la población.
Martínez Guijarro, que ha estado acompañado por el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha informado, asimismo, de que el Ejecutivo regional plantea que el nuevo sistema de financiación autonómica aporte un coste fijo para todas las comunidades autónomas, pues ha señalado que en la actualidad solo se contempla para las comunidades con menos de 2 millones de habitantes, a pesar de que todas las autonomías tienen "un Legislativo y un Ejecutivo, sea cual sea el volumen de población".
Por ello, ha pedido que "esos costes fijos se tienen que contemplar para el conjunto de las diecisiete comunidades autónomas" y ha solicitado, además, que se compense a las autonomías pluriprovinciales que tienen "un coste de mantenimiento" estructural en las diversas provincias que la componen.
Asimismo, ha sugerido que se tenga en cuenta las diferencias de renta, pues ha señalado que "hay estudios que ponen de manifiesto que a mayor nivel de renta, menor utilización práctica de los servicios públicos".
Martínez Guijarro ha adelantado que estas serán las aportaciones que realizará Castilla-La Mancha al Gobierno central en un primer documento, que se verá seguido de otros que ha confiado que puedan contar con las aportaciones de los grupos parlamentarios y los agentes sociales, y ha apuntado que puesto que hay elecciones en Castilla y León, no está previsto que se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera con prontitud.
"Es un proceso a medio-largo plazo, no es una cuestión que se vaya a resolver en las próximas semanas o meses", ha admitido Guijarro que, con todo, ha apostado por "empezar a aportar documentos técnicos que se puedan incorporar al sistema".
PARTICULARIDADES DE LA COMUNIDAD
Al respecto, UGT Castilla-La Mancha ha pedido que, en el nuevo modelo de financiación autonómica, se tengan en cuenta las peculiaridades de la región, ya que la "renta por debajo de la media nacional y la dispersión geográfica así como la despoblación deben tenerse en cuenta sí o sí".
El secretario general de UGT Castilla-La Mancha, Luis Manuel Monforte, ha trasladado este mensaje en un comunicado de prensa, tras la reunión mantenida con el vicepresidente de la Junta, el consejero de Hacienda y el resto de agentes sociales.
Tras el documento remitido por el Ministerio de Hacienda a las distintas autonomías, que incorpora nuevos indicadores y contempla variables correctivas que tienen en cuenta, por ejemplo, el mayor coste que implica la despoblación, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha elaborado un informe con observaciones y propuestas que va a remitir al Gobierno central.
Entre estas observaciones, Monforte ha citado que se encuentra la necesidad de que se tenga en cuenta la renta, algo con lo que está "totalmente de acuerdo", del mismo modo que también coincide en la necesidad de que la despoblación sea objeto de un fondo especial.
GARANTIZAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Por su parte, CCOO ha abogado por dotar a Castilla-La Mancha de un sistema de financiación "justo" que garantice los servicios públicos en toda la región.
Esta posición la ha manifestado el secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, tras reunirse con los representantes del Gobierno regional.
“Tenemos un déficit económico para la prestación de los servicios que se han de ofrecer en el conjunto de los municipios de esta región, defendemos que haya elementos que permitan una discriminación positiva en la financiación para territorios como éste, con una parte de su superficie despoblada”, ha dicho en una nota de prensa De la Rosa.
El sindicato ha considerado “positiva” la propuesta del Ejecutivo regional a la cartera de Hacienda: “Compartimos que la superficie de cada comunidad debe ser un factor clave en el reparto y no simplemente un elemento corrector”, ha añadido.
Castilla-La Mancha es la comunidad con menor densidad de población y las cinco provincias se encuentran entre las veinte con menor densidad poblacional de España.
De la Rosa ha incidido también en que el debate de la financiación debe solventarse con criterios “más justos” que permitan a las comunidades converger con otras regiones.
“Es preciso que se aborde también desde la fiscalidad, porque es con los impuestos y con una fiscalidad justa, donde pague más quien más tiene, como tenemos que alcanzar una financiación suficiente para los servicios que permiten a las personas tener una vida digna”, ha sugerido el sindicalista.
