Junta explica que no desaloja a quienes no pueden pagar el alquiler

El Gobierno de Castilla-La Mancha explicó que no desaloja de sus viviendas a quienes no pueden pagar el alquiler por dificultades económicas "justificadas". El Ejecutivo reaccionó de esta manera después de que el PSOE haya asegurado que 226 familias de Castilla-La Mancha han recibido una carta de desalojo de su vivienda social.

En un comunicado, la Junta informó de que el Decreto de Aplazamiento de Rentas de Viviendas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha establece temporalmente unas medidas excepcionales para arrendatarios que tienen dificultades de pago para afrontar la renta del Parque de viviendas públicas.

En base a este Decreto, apuntó la Junta, se está informando a los inquilinos que tienen deuda contraída con la Administración superior a 60 meses de impagos, de la posibilidad que tienen de acogerse a esta norma ante situaciones de dificultad grave para poder atender regularmente el alquiler, "con el objetivo de evitar situaciones que obliguen a desalojar a familias de estas viviendas".

Las misivas informativas están siendo dirigidas a aquellos deudores que acumulan más de 60 recibos impagados y que no hayan firmado compromisos de pago con la Administración o que, habiéndolo hecho, hayan incumplido con el pago de forma grave o reiterada, para que puedan regularizar su situación y evitar la extinción del contrato de arrendamiento.

Según el Gobierno, los alquileres estipulados están adaptados a las posibilidades de las familias, estableciéndose así una renta social según los ingresos de los que dispongan, que en la mayoría de los casos no superan los 80 euros de alquiler al mes.

"Mientras que los arrendatarios con dificultades económicas justificadas merecen que la Junta de Comunidades les conceda facilidades para superar las dificultades --tal y como estable el Decreto--, los arrendatarios en los que no concurre esta circunstancia y que de forma reiterada incumplen sus compromisos de pago, deben hacer frente a las deudas o abandonar las viviendas, para que otras familias que lo necesiten puedan acceder a ellas, teniendo en cuenta que hay un gran número de familias inscritas que demandan estas viviendas en la región", concluyó el comunicado.

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