El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado los recursos a los trasvases de la cuenca del Tajo a la del Segura de mayo y junio, de 38 hectómetros cúbicos cada uno, y ha alertado de que en las últimas tres décadas ya se ha trasvasado a Murcia 25 veces la cantidad de agua que tiene el Mar Menor.
Así lo ha manifestado la consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo regional, Blanca Fernández, en una rueda de prensa para informar de los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno de esta semana, entre ellos, los dos recursos a los trasvases, con los que ya suman 51 las impugnaciones interpuestas por Castilla-La Mancha a los trasvases para riego en el Levante.
Fernández ha indicado que esas 25 veces la cantidad de agua del Mar Menor trasvasada desde el río Tajo equivale a 13.800 hectómetros cúbicos, en tres décadas, y a cambio, Castilla-La Mancha ha recibido una media de 4 millones de euros al año, una cantidad "ridícula".
"No pedimos más dinero, queremos agua", ha precisado la portavoz del Gobierno castellano-manchego, quien ha añadido que un regante de Murcia paga a 13 céntimos el metro cúbico de agua cuando debiera ser a 18 según la actualización del IPC; y es más, ha indicado, paga más barata el agua que un castellano-manchego para beber, "y esto no es razonable", ha dicho.
Para la consejera, los trasvases objeto de recurso "conculcan el interés general en materia hídrica que tiene Castilla-La Mancha" y la sostenibilidad del río Tajo, así como el desarrollo de los pueblos ribereños.
Blanca Fernández ha destacado que, desde hace más de un año, el Gobierno de España ha cambiado su actitud en relación al Tajo y al trasvase Tajo-Segura, lo que ha dicho que se traduce en logros para Castilla-La Mancha como la reciente modificación de las reglas del trasvase por la que, cada vez que los pantanos de cabecera estén en nivel 2, en vez de 38 hectómetros cúbicos se limita a 27 la cantidad máxima trasvasable.
También ha valorado que en último trasvase, en vez de autorizarse 20 hectómetros cúbicos como propuso la Comisión de Explotación del Trasvase, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico redujo la cantidad a 12.
"Hemos mejorado bastante la situación y ahora empieza a ser el Gobierno murciano el que recurre porque no está de acuerdo con el agua que les llega, lo que es un síntoma de que algo está cambiando", ha dicho la portavoz de la Junta, para quien "es importante que empiecen a removerse conciencias y a tomarse decisiones distintas en materia hídrica por una cuestión de justicia social con nuestra tierra, por puro sentido común y por sostenibilidad medioambiental".
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 3,7 millones de euros para la licitación del contrato de gestión integral de centros de mayores de Salobre y Vianos, en Albacete.
Además, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado un gasto de dos millones de euros para licitar la remodelación y mejora del Parque de la Alameda de Sigüenza, en la provincia de Guadalajara, un municipio que aspira a conseguir la declaración de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
FINANCIACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS
En otro orden de asuntos, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha ha explicado que se está a la espera de la interpretación que haga el Ministerio de Hacienda de la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el sistema de cálculo de la plusvalía municipal y que no perjudique la financiación de los ayuntamientos.
Fernández ha respondido a preguntas de los periodistas sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que ha anulado el sistema de cálculo de la plusvalía municipal, por lo que el Ministerio de Hacienda y los ayuntamientos, representados en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), aguardarán a que el alto tribunal haga pública su sentencia para reformular dicho sistema.
La consejera portavoz ha recordado que la modificación a la que se refiere el alto tribunal la introdujo el PP con el gobierno de Rajoy, y "queriendo buscar el trazo grueso y el recorrido corto" modificaron la ley de plusvalías "deprisa y corriendo, de mala manera y sin el apoyo del PSOE, y ahora el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional esta modificación marca Partido Popular".
Ha pedido al PP que dé explicaciones en lugar de "intentar imputar esta inconstitucionalidad al Gobierno actual" y, en cualquier caso, ha dicho que el Ejecutivo regional espera "no solo que el Ministerio interprete la norma sino que esa modificación de la norma para atender los requerimientos del Tribunal Constitucional no perjudique la financiación de los ayuntamientos".
El Gobierno de Rajoy, ha continuado Fernández, dejó pendiente la financiación municipal que está "caducada ya desde hace unos cuantos años" y "una manera de intentar acallar bocas fue esa reforma de la plusvalía, pero chapucera, que ha hecho que el Tribunal Constitucional haya tenido que declarar nulos algunos de sus artículos".
REFORMA LABORAL
Por último y de otro lado, la reforma laboral, según la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, debe equilibrar la protección del tejido empresarial y un mercado laboral justo que permita a la clase trabajadora vivir con dignidad y, una vez se haya pactado este objetivo, el Gobierno de España y los agentes sociales deben pactar la hoja de ruta para su consecución.
Fernández ha respondido así a preguntas de los periodistas sobre las negociaciones para la derogación de la reforma laboral.
"Tenemos una deuda pendiente con la clase trabajadora", que según ha recordado, no ha recuperado aun la merma salarial por la crisis de 2008 que los sindicatos cifran en una media del 20 %, pero, ha continuado, "estamos saliendo de una crisis" y hay que proteger también el tejido empresarial y "hacer compatibles estos dos objetivos".
Ha considerado que lo sensato es hacer posible el crecimiento económico sostenido y que eso tenga rendimiento en la economía familiar, "son dos elementos interrelacionados que no entiendo que haya que contraponer".
Al Gobierno de España, ha afirmado Fernández, le corresponde equilibrar esos dos objetivos" por el interés general: "que haya más empresas, más productivas y competitivas y, a la vez, un mercado laboral justo que permita a la clase trabajadora vivir con dignidad".
Este es, ha dicho la consejera, el gran objetivo al que están obligados el Gobierno de España y los agentes sociales, "hay que pactar el objetivo y una vez hecho, pactar la hoja de ruta lo llamen como lo llamen".
