La Administración General del Estado y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha han creado una Comisión Bilateral de Cooperación para resolver las discrepancias suscitadas en relación a diez artículos de la Ley de Caza, aprobada el pasado mes de marzo por las Cortes de Castilla-La Mancha, uno de ellos referido a las funciones de los agentes de la autoridad para el cumplimento de la legislación en esta materia.
El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica una resolución del 15 de junio de la Secretaría General de Presidencia y Administraciones Públicas, que explica que la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha ha acordado iniciar negociaciones para resolver las discrepancias suscitadas en relación con los artículos 7 y 8 de esta norma, relativos a las especies objeto de caza y de control de poblaciones y a la responsabilidad por daños causados por especies cinegéticas.
Los artículos 26, sobre los medios prohibidos de caza y de control de poblaciones, y 28, que recoge las autorizaciones excepcionales para control de poblaciones cinegéticas, también han suscitado diferencias entre las dos administraciones.
Al igual que el artículo 48, que contempla la anulación de la condición de Coto de Caza o Zona Colectiva de Caza, el 49, de terrenos no cinegéticos en general, y el 50, relativo a terrenos enclavados.
También los artículos 70, sobre las funciones de los agentes de la Autoridad para el cumplimento de la legislación en materia de caza; el 74, que recoge las consideradas como infracciones graves, y el 80, sobre decomisos, serán objeto de estudio de dicha comisión.
De igual modo, dicho acuerdo, suscrito por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el consejero del ramo castellano-manchego, Leandro Esteban, contempla designar un Grupo de Trabajo para proponer a la Comisión Bilateral de Cooperación la solución que proceda.
También se han puesto de acuerdo en comunicar dicho Acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
