La comisión de Peticiones de la Eurocámara ha discutido este martes dos quejas contra los planes hidrológicos del Ebro y del Alto Guadiana presentadas por ciudadanos españoles que denuncian que los dos proyectos que incumplen la directiva marco del agua. Los eurodiputados han decidido mantener abiertas las quejas hasta que Bruselas dictamine si los planes se ajustan a la normativa comunitaria, algo que sucederá antes de finales de marzo de 2015.
La queja contra el plan hidrológico del Ebro, presentada por la Coordinadora Antitrasvase en 2012, sostiene que éste tendría graves consecuencias para el medio ambiente en la cuenca fluvial. Los peticionarios han invitado a los eurodiputados a realizar una visita de estudio a la zona del Delta del Ebro para conocer la situación sobre el terreno, y la comisión de Peticiones decidirá en su próxima reunión, según ha informado la Eurocámara en un comunicado.
La Comisión Europea ha explicado, a través de uno de sus funcionarios presente en el debate, que está finalizando la evaluación de los planes hidrológicos presentados por España y que presentará su informe definitivo antes de finales de marzo de 2015.
El Ejecutivo comunitario, según este portavoz, está preocupado sobre todo por las "deficiencias en los sistemas de seguimiento del estado de las aguas y en los métodos de evaluación del estado ecológico". Además, le inquieta el "número relativamente alto de nuevas infraestructuras que tienen un impacto grande en las masas de agua y no están suficientemente justificados en los planes". Bruselas trasladó todos estos elementos al Gobierno español en una reunión bilateral celebrada en noviembre.
Por lo que se refiere al plan para el Alto Guadiana, la queja, presentada en nombre de la Asociación Ecologista para la Defensa del Acuífero 23, critica que se haya disuelto el Consorcio encargado de la Ejecución de este plan, que según los denunciantes debería haber funcionado hasta 2015.
La Comisión ha recordado, sin embargo, que la directiva marco del agua no obliga a los Estados a desarrollar un plan específico de gestión de acuíferos ni a crear una autoridad independiente para ello. Así pues, ha afirmado, la disolución del consorcio de Gestión del Plan Especial del Alto Guadiana no infringe esta norma europea.
No obstante, Bruselas ha apuntado que en este caso le preocupa la extracción de recursos, especialmente en zonas protegidas como las Tablas de Daimiel. En este sentido, el Ejecutivo ha llamado al Gobierno español "a establecer controles sobre la cantidad que se extrae y registros sobre la calidad del agua".
