La candidata de UPyD a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Celia Cámara, ha mostrado su total disposición a realizar un debate entre los candidatos autonómicos de todas las formaciones políticas que concurren a las elecciones del próximo 24 de mayo.
Para Cámara, "se trata de un formato en el que los ciudadanos pueden contrastar de manera directa los diferentes estilos y propuestas de todos los partidos políticos. Todo lo que sea ofrecer información en igualdad de condiciones para que se pueda votar con el mayor conocimiento es positivo y un debate ofrece la posibilidad de que el ciudadano compare el planteamiento que los distintos partidos tenemos para el futuro de Castilla-La Mancha", ha dicho, según ha informado el partido.
De hecho, Cámara ha recordado que hace ya unas semanas suscribió la petición de que la televisión pública promoviera un debate autonómico a través de la plataforma digital 'Change.org'.
Una muestra de su predisposición a este tipo de encuentros es que la candidata de UPyD en C-LM asistirá este domingo a un debate entre varios candidatos autonómicos de distintas comunidades autónomas y diferentes partidos políticos en el programa 'El Objetivo' de una televisión privada. Cámara será la única representante de Castilla-La Mancha en esta cita.
"Creo que el debate es sano y es un excelente medio para que los candidatos podamos explicar a los ciudadanos a qué nos comprometemos de una manera clara y concisa", ha añadido Cámara.
ENCUENTRO SOBRE AGUA CON UPyD MURCIA
De otro lado, representantes de la formación magenta de la Región de Murcia y Castilla-La Mancha han mantenido un encuentro de trabajo en La Roda, donde se han mostrado partidarios de revisar el estudio que se hizo en el Plan Hidrológico Nacional (PHN) de 2001, sobre la viabilidad económica de la alternativa de transferir agua desde el Alto Duero a la cabecera del Tajo en los embalses de Entrepeñas y Buendía.
Según ha informado el partido en nota de prensa, este encuentro pretendía aunar esfuerzos en la petición al Gobierno central para poner en marcha los mecanismos necesarios para que la interconexión entre cuencas excedentarias y demandantes "sea una realidad en el horizonte más próximo posible, y que ayude a vertebrar nuestro país".
En la reunión de trabajo estuvieron presentes los candidatos a la presidencia de ambas comunidades autónomas, Celia Esther Cámara y César Nebot, así como los responsables de agua y agricultura de ambas regiones.
Asimismo, para UPyD es muy necesario hacer una revisión del estudio que se hizo en el Plan Hidrológico Nacional (PHN) de 2001, sobre la viabilidad económica de la alternativa de transferir agua desde el Alto Duero a la cabecera del Tajo en los embalses de Entrepeñas y Buendía, "pues dicho estudio fue muy sesgado", y en estos momentos esta alternativa supondría una verdadera solución para acabar, de una vez por todas, con las necesidades de agua de ambas comunidades autónomas.
Ambos candidatos tienen plena coincidencia en que es preciso mejorar la situación de cabecera del Tajo, así como de su tramo medio y zona de Talavera de la Reina, "con un lamentable estado en cuanto a calidad ambiental y ecológica se refiere".
Para UPyD el coste de la depuración debe provenir del importe que los regantes murcianos han pagado a la Comunidad de Madrid, que alcanza los 73 millones de euros para obras hidráulicas más 17 millones de euros para Ingeniería Sanitaria, y que se deberían haber destinado a mantener las condiciones de salubridad del río a su paso por Talavera.
Respecto a las cantidades abonadas por los regantes de Murcia a la Junta de Comunidades de Castilla Mancha y que ascienden a 119,8 millones de euros, UPyD exige una mayor información sobre la utilización de esos fondos y su destino a abastecimiento y depuración de aguas.
Por otro lado, en aras de encontrar una solución permanente a las necesidades de agua para riego en el Levante español, los representantes de ambos territorios han coincidido en que se deben considerar las desalinizadores instaladas en la costa como una infraestructura de Estado.
Así, los gastos de amortización de estas instalaciones necesarias para la planificación territorial, como si de autopistas o ferrocarril se tratara, deben correr por cuenta de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), lo que posibilitaría una disminución del precio del agua, haciéndola asequible para el riego, y contribuyendo así a aminorar las demandas de la cuenca del Tajo.
