La renovación de la Corona: positiva, pero incompleta, según los expertos

Varios expertos sostienen que asuntos como la reforma legal de la sucesión en el trono o el acotamiento de la inviolabilidad del rey son asuntos que siguen pendientes
El rey Felipe VI y la reina Letizia esta semana en Palma de Mallorca - EFE/Cati Cladera
photo_camera El rey Felipe VI y la reina Letizia esta semana en Palma de Mallorca - EFE/Cati Cladera

La decisión de Felipe VI de revelar su patrimonio personal y el real decreto del Gobierno con las medidas de transparencia que venía aplicando desde el inicio de su reinado favorecen la imagen de la Corona, aunque deja en el alero algunas reformas legales que contribuirían a dar más estabilidad a la Jefatura del Estado.

Esta es la conclusión a la que llegan diversos expertos constitucionalistas consultados por EFE, que sostienen que asuntos como la reforma legal de la sucesión en el trono o el acotamiento de la inviolabilidad del rey son asuntos que siguen pendientes.

“Todo lo que sea aportar transparencia a la gestión de la Casa Real es positivo. Es un paso en la dirección idónea, pero limitado y pequeño desde un punto de vista de su efectividad”, opina la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Ana Carmona al enjuiciar el decreto de renovación de la monarquía y el que Felipe VI haya dado a conocer su patrimonio, algo inédito hasta ahora.

Tales medidas representan, según el Ejecutivo, “el punto de llegada” de la hoja de ruta de renovación de la monarquía que el presidente, Pedro Sánchez, anunció hace casi año y medio, en plena tormenta por los negocios de Juan Carlos I en el extranjero.

Para Carmona, “se podría haber hecho bastante más”, aunque es consciente de que “no va a haber un giro copernicano” en la Casa Real porque “no es una institución que se preste a cambios inmediatos de forma profunda”.

Como ejemplo de que la reforma ha sido parca, según la catedrática, la auditoría externa que el Tribunal de Cuentas va a hacer de las finanzas de la Casa del Rey “es voluntaria, no preceptiva”, al recogerse sólo en un convenio.

“Para que el Tribunal de Cuentas tuviera competencia directa y efectiva, habría que reformar la ley que regula este organismo”, apunta Carmona.

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona Xavier Arbós coincide en que las iniciativas acordadas esta semana son “positivas”, pero “insuficientes”, porque, a su entender, “la pieza que falta” para terminar de regular la monarquía es una Ley de la Corona en la que podría abordarse la limitación de la inviolabilidad del rey para que no tuvieran blindaje sus actos privados ilícitos.

“Entre los reales decretos y la Constitución no hay nada. Parecería como si la Corona quedara con un pie solo en el entramado jurídico y sería bueno que tuviera los dos dentro con una regulación legal de la institución”, postula Arbós.

A su juicio, esta reforma “no es nada fácil de abordar”, pero posponerla “puede hacer un flaco favor a la monarquía parlamentaria”, a la que el profesor catalán ve como el modelo que “conviene” al país.

Las medidas conocidas esta semana también “van en la buena dirección” para el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos David Ortega, porque contribuyen a “dar una mejor imagen de la Corona”.

No obstante, Ortega comparte la tesis de que el bloque de la Constitución de 1978 relativo a la Corona “ha tenido un muy escaso desarrollo normativo” que las Cortes Generales “deberían acotar y aclarar”, como en lo referente al estatuto del príncipe de Asturias o la inviolabilidad.

Conocer el patrimonio del rey o que se controlen mejor las cuentas del Palacio de la Zarzuela hacen que su régimen jurídico “se parezca cada vez más al de otras instituciones del Estado”, asevera el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada Agustín Ruiz Robledo.

Frente a la opinión de otros académicos de su rama, Ruiz Robledo concluye que “no está claro técnicamente que deba haber una Ley de la Corona”, por lo que se inclina por no plantearla y legislar sólo sobre la sucesión al trono.

El profesor aplaude que aflore qué bienes tiene Felipe VI, pero echa en falta que también se sepa los de la reina Letizia.

La Casa Real alega que “no tiene responsabilidades institucionales” porque no es jefa de Estado y que las parejas del presidente del Gobierno tampoco da a conocer su patrimonio.

Un argumento que para el catedrático de la Universidad de Granada es “endeble” porque “es discutible (la reina) que no ejerza funciones de representación, y además recibe dinero público”.

“Si los altos cargos de la Casa del Rey hacen declaración de patrimonio al recibir dinero público, ¿por qué la reina no?”, reflexiona Ruiz Robledo.

Frente a quienes reclaman más transparencia y regulación, la Casa Real alega que lo aprobado esta semana “no agota el proceso de renovación y lo que puedan ser reformas de futuros”.

“No es una foto estática. Son los tiempos y las demandas de los ciudadanos los que determinarán en qué momento tomar cualquiera otra decisión que se considere oportuna”, explican desde la Zarzuela.

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