La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido la necesidad de reformar el Código Penal y revisar la actual tipificación de los delitos de rebelión y sedición para "acompasar comportamientos democráticos, asumidos en la vida cotidiana de España, a tipos penales" que se ajusten mejor al derecho comparado europeo.
"Hay tipos penales que son anteriores a la Constitución, se acompasan mal con acontecimientos nunca queridos (...) Nosotros como partido político siempre hemos tenido en nuestra acción de gobierno y dentro de los proyectos de reforma legislativa que haremos la modificación del Código Penal, simplemente porque pensamos que hay que acompasar comportamientos democráticos, asumidos en la vida cotidiana de España, a tipos penales que en alguna sentencia europea como la alemana nos advirtió que sonaban extraños", ha defendido en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press.
Calvo se refería así a la decisión de la justicia alemana que rechazó entregar a España al expresident catalán fugado Carles Puigdemont tal y como reclamaba el juez Pablo Llarena.
La vicepresidenta también ha recordado que el Gobierno de Sánchez surgido de la moción de censura, a través de la Abogacía del Estado, ya advirtió en el proceso judicial que juzgó a los líderes del 'procés', "lo que luego resultó ser en la sentencia del 14 de octubre, que había tipos penales que se acompasaban poco con algunas situaciones de este país", en alusión a que la primera sentencia del 'procés' condenó por sedición y no por rebelión como pedía la Fiscalía a los dirigentes independentistas.
TRABAJANDO YA EN LA REFORMA
Calvo también ha avanzado que ya están "armando el proyecto de reforma" del Código Penal que llevarán al Congreso de los Diputados y que abordará la revisión de la tipificación de los delitos de rebelión y sedición y la necesidad del consentimiento expreso en las relaciones sexuales.
La 'número dos' del Ejecutivo ha desvinculado la revisión del Código Penal con la mesa de diálogo político para una solución en Cataluña que el PSOE pactó con ERC en el acuerdo de investidura y que está pendiente de la entrevista entre el presidente, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat, Quim Torra, para constituirse.
"Del Código Penal y de su reforma el presidente no va a hablar con ningún presidente de las Comunidades Autónomas. No forma parte de ese escenario", ha asegurado Calvo.
La vicepresidenta ha justificado la necesidad de revisar los delitos de rebelión y secesión en que estos tipos penales "no están a la altura del derecho comparado en Europa" como han demostrado las distintas decisiones judiciales fuera de nuestro país que no han ido en línea de lo que pedía la justicia española en relación con el 'procés'.
Preguntada por la posibilidad de que si se suaviza el delito de sedición, esto beneficie al líder de ERC, Oriol Junqueras, y al resto de condenados porque su pena tendría que rebajarse para ajustarse al nuevo tipo penal, Calvo ha sostenido que "no es el Gobierno quien aplica los efectos" de la eventual reforma del Código Penal y ha incidido en que desde Europa la justicia ha mandado "mensajes de que hay que actualizar algo" en el Código Penal español.
También ha reivindicado que "no hay otro camino" para afrontar la situación en Cataluña "que no sea sentarse" con el independentismo para decirle que no cabe más salida que una que esté dentro del marco constitucional.
Tras recordar que el PSOE se situó al lado de la defensa de la Constitución cuando el independentismo rompió el marco legal, ha garantizado que el actual Gobierno no va a jugar con la "política de leña al fuego para sacar rendimiento electoral" como en su opinión sí hizo el PP.
DESCARTA SUBIR DE GOLPE EL SMI
Por otra parte, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia y Relaciones con las Cortes ha descartado que el salario mínimo interprofesional (SMI) vaya a subir de golpe desde los 900 euros actuales a 1.000 euros mensuales.
"De una vez no. Tiene que ser un crecimiento progresivo y asumible por el campo empresarial y que no provoque problemas en las pymes. Sabemos que esto tiene un efecto no deseado en el mundo rural de nuestro país, que es donde hay que sostener las iniciativas empresariales y a los autónomos", ha señalado durante la entrevista.
Así, Calvo ha subrayado que el Gobierno tiene, en este asunto, un diagnóstico "bastante fino", de manera el SMI subirá, pero de manera progresiva para que las empresas no sufran "daños colaterales" que pongan en riesgo el crecimiento del empleo.
La vicepresidenta, que ha insistido en que la subida del SMI es una "obligación" que emana de la Carta Social Europea, ha explicado que el objetivo es que, en cuatro años, en esta legislatura, el SMI de España se iguale al de otros países de Europa.
Ello, ha añadido, requerirá fortalecer el diálogo entre sindicatos y empresarios, con la "connivencia y responsabilidad del Gobierno". "En la crisis se cargó la mano contra los trabajadores. Hay que restañar esos equilibrios, pero tampoco podemos poner en riesgo el crecimiento de la economía", ha precisado.
En respuesta a las advertencias empresariales sobre los efectos de la subida del SMI sobre el empleo, Calvo ha asegurado que, con la subida a 900 euros mensuales en 2019, se constató que, frente a otros pronósticos, "no se destroza empleo" y que esta mejora del salario mínimo conviene al funcionamiento económico del país y al consumo.
"El mundo empresarial tiene absolutamente claro que somos un Gobierno que va a tomar decisiones, pero que somos gente bastante prudente (...). Para que exista crecimiento económico hace falta paz social (...) No hay crecimiento económico si no hay tranquilidad social y eso no va a ocurrir aquí porque vamos a tomar decisiones ponderadas", ha asegurado la vicepresidenta.
Calvo ha afirmado que el deseo del Gobierno es reactivar "de manera respetuosa" el diálogo social, que arrancará esta misma tarde con una reunión entre la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, los líderes de CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, y los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez.
EL GOBIERNO EMPIEZA A CAMBIAR PARTES DE LA REFORMA LABORAL
En otro orden de cosas y preguntada por si el Gobierno quiere derogar toda la reforma laboral de 2012 o sólo una parte, la vicepresidenta ha avanzado que la ministra de Trabajo ya tiene en cartera "una primera reforma importante" que afectará al artículo de la reforma laboral que permite despedir a un trabajador por acumular bajas médicas aunque estén justificadas.
"Yo tengo en mi mesa el plan de trabajo de ese Ministerio y tiene prácticamente fecha un Real Decreto-ley de modificación de este asunto puntual. Es bastante clamoroso que a cualquiera se le pueda echar del trabajo cuando lo que tiene pueden ser problemas graves de salud", ha dicho la vicepresidenta, que no ha precisado en qué fecha abordará el Consejo de Ministros este decreto.
En su opinión, hay asuntos de la reforma laboral que hay que abordar de manera "urgente", como el del despido por bajas médicas, y que "serán rápidos".
PIN PARENTAL
Además y de otro lado, la vicepresidenta ha defendido el requerimiento realizado por el Gobierno central al ejecutivo de Murcia sobre el llamado 'pin parental' para que "rectifique", por entender que la medida supone "violentar" competencias del Estado.
"El requerimento es obligatorio administrativamente hablando antes del recurso, es un aviso para que rectifique, porque se estaban violentando competencias de legislación básica del Estado", ha explicado Calvo.
Para la vicepresidenta, la medida que se ha puesto en marcha en Murcia supone un "un ataque a la educación pública y a las actividades troncales regladas previstas por la comunidad educativa, un ataque a la educación básica que está violentando los equilibrios de la comunidad educativa, donde están profesionales, padres y madres, directivos de los centros, y que han costado 40 años fraguarlos".
Por este motivo, la dirigente socialista ha advertido que, por parte del Gobierno, "no se va a consentir un ataque de frente a la educación pública que es lo que se ha puesto en solfa".
En opinión de la ministra, VOX representa "el fascismo organizado del siglo XXI en España" y está intentando "de manera precisa y casi con bisturí la voladura de dos o tres objetivos del consenso democrático de este país, empezando por la educación pública que es la máquina que fabrica más igualdad en una democracia y la que nunca pueden debilitar".
Pero para la vicepresidenta del Gobierno, lo "preocupante" es que con el 'pin parental' "haya entrado el PP de manera irreflexiva, para luego decir que no había ningún caso (en relación a quejas en centros escolares por los contenidos impartidos en horario lectivo)".
