La Consejería de Bienestar Social contará en el próximo año 2018 con un presupuesto de 700,54 millones de euros, un 3,26 por ciento más con respecto a 2017, de los cuales se reservan 30 millones para el Plan de Garantías Ciudadanas, 45 para el plan de atención a personas con discapacidad y 40 a la ayuda a domicilio.
Estos datos los ha aportado la consejera de Bienestar Social de la Junta, Aurelia Sánchez, durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Presupuesto de las Cortes, en la que ha informado de que el presupuesto de 2017 se ha ejecutado hasta el 30 de septiembre en un 77,94 por ciento en la partida de gastos y en un 53 por ciento en el de ingresos.
En este punto, ha lamentado que las transferencias corrientes en esa fecha desde el Gobierno de España eran bajas y "no se había recibido nada en septiembre" de lo correspondiente a las ayudas de inserción social, mientras que del Fondo de Dependencia se habían ingresado 38,48 millones de euros de los 97 millones previstos.
En cuanto al presupuesto de 2018, Sánchez ha subrayado que su Consejería destina 30,9 millones al Plan de Garantías Ciudadanas -que en total cuenta con 143 millones- y, en concreto, ha señalado que se reservan 7,5 millones para ayudas a familias numerosas, 6,25 millones para financiar el programa de emergencia social y un millón para el programa de pobreza energética.
Asimismo, se destinarán 15,41 millones de euros para desarrollar una renta garantizada en Castilla-La Mancha y que "permitirá mejorar el vigente ingreso mínimo de solidaridad", de forma que se modificará el decreto que lo regula para definir nuevamente las situaciones que dan lugar a la renovación de esta ayuda.
Esta partida para el Plan de Garantías Ciudadanas forma parte de la Dirección General de Acción Social y Cooperación, que en total cuenta con 120,6 millones, que son 10,8 más que en 2017, es decir, un incremento del 30 por ciento.
Además, en este capítulo también se incluyen los 40,07 millones para el servicio de ayuda a domicilio, que es 1,04 millones más que en 2017 y permitirá incorporar mil usuarios más; 17,636 millones para el plan concertado con corporaciones locales y 5,4 millones en ayudas para la integración social.
También se incluye en esta dirección general la cooperación al desarrollo, que tiene en total 3 millones de euros, de los cuales 1,9 millones son para programas de cooperación al desarrollo -para combatir la pobreza o hacer frente a emergencias humanitarias- y que suponen un 661 por ciento más que el presupuesto reservado en 2014, tal y como ha destacado la consejera.
Por otro lado, la Dirección General de Familia y Menores dispone de 45,7 millones, que son 1,3 millones más que en 2017, es decir, un 7 por ciento de incremento.
En este apartado, el programa de prevención y apoyo a las familias tiene 7,4 millones, para desarrollar programas como las Aulas de Familia y "Tú Cuentas", para prevenir el acoso escolar y el ciberacoso, y el programa de apoyo a la autonomía personal de los jóvenes tutelados, con una dotación de 480.000 euros.
El programa de acogimiento familiar y atención al menor dispone de 38,3 millones, 18 de los cuales son para acciones de promoción y protección social y 14,3 millones para el acogimiento residencial.
Con todo, la dirección general con más presupuesto es la de mayores y personas con discapacidad, que suma más de la mitad del presupuesto de la Consejería, hasta los 392,7 millones.
Por programas, el de atención a personas con discapacidad cuenta con 108,3 millones, 3,43 millones más que en 2017, y que permitirán la apertura del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual Grave (CADIG) de Talavera de la Reina y tres nuevos servicios de atención temprana en Toledo, Albacete y Guadalajara.
Para los mayores, se reservan 284,4 millones, que tendrán como finalidad consolidar el envejecimiento activo y el incremento de las plazas de termalismo social y para las personas con discapacidad y sus familias, además de poner en marcha el transporte social para mayores, entre otras medidas.
Por otro lado, la dirección general de atención a la dependencia contará con 121,6 millones de euros para las prestaciones gratuitas y prestaciones económicas, al tiempo que se incrementarán los usuarios del servicio de teleasistencia.
Según la consejera, el objetivo general de su departamento es "mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Castilla-La Mancha".
En cambio, la diputada del PP Cortes Valentín se ha preguntado si "defender el estado de derecho es recortar 200.000 euros en el plan de atención a personas con discapacidad con los ayuntamientos, 100.000 euros en ayudas especiales de integración o recortar 400.000 euros al programa de atención a la infancia".
Y ha denunciado que "la única novedad del presupuesto son 4 nuevas partidas, en mayores, dependientes, prestaciones de servicios sociales básicos y familias, con 850.000 euros que se llaman divulgación y campañas institucionales".
Asimismo, ha tachado de "fraude" el Plan de Garantías Ciudadanas y ha considerado que se trata de partidas que ya existían y a las que se les ha dado otro nombre.
En cambio, la presidenta de Podemos en las Cortes, María Díaz, ha explicado que si bien es cierto que las partidas del plan de garantías ya existían, se han reordenado "para articular ese conjunto de ayudas de emergencias entorno a un único plan integral e integrado".
Díaz también ha valorado que el gasto social ha aumentado progresivamente desde 2015, si bien ha señalado que en la pasada legislatura se redujo un 16,8 por ciento y que aún no se ha recuperado el nivel anterior.
Además, el diputado del PSOE en las Cortes ha reivindicado que todos los programas de Bienestar Social han incrementado su presupuesto y que ello lo hace "a pesar del Gobierno central del PP, que incumple sistemáticamente con los vecinos de esta región y debe 350 millones de euros en materia de dependencia".
