La decisión del rey Juan Carlos, uno de los símbolos de la democracia, de marcharse de España por su presuntos negocios ocultos en el extranjero ha conmocionado a la monarquía, a la que ha situado en la posición más difícil desde su reinstauración al verse en primera línea del debate político.
Un año sísmico para la Corona puesto que, al margen de la controversia sobre Juan Carlos I, se ha unido el que, por primera vez, desde el seno del Gobierno se haya cuestionado la institución ante las críticas de algunos ministros de Unidas Podemos y su aspiración de avanzar ya hacia la república.
El anuncio de la salida del país de Juan Carlos I se conoció el pasado 3 de agosto, en un comunicado del Palacio de la Zarzuela en el que se subrayaba la "meditada decisión" de trasladarse "en estos momentos" a vivir fuera de España.
Un paso dado después de un goteo constante de informaciones sobre cuentas en Suiza, el manejo de fondos al margen de Hacienda y posibles comisiones recibidas por el AVE a La Meca, algunas de ellas reveladas por Corinna Larsen, quien fue amiga íntima del rey emérito.
Dos semanas después, se resolvía el enigma sobre su paradero al confirmarse su presencia en Emiratos Árabes Unidos, donde va a pasar la Navidad, aunque tras reconocer que su deseo era volver a España.
El futuro del rey emérito es incierto, puesto que la Fiscalía del Tribunal Supremo mantiene tres investigaciones abiertas sobre el anterior jefe del Estado.
Para evitar el delito fiscal, el que supuestamente no cubriría la inviolabilidad que tuvo hasta su abdicación en 2014, regularizó hace pocas semanas su deuda con Hacienda, cifrada en 678.393 euros, por las donaciones que recibió de un empresario mexicano para gastos familiares a través de tarjetas opacas.
La noticia de que el rey Juan Carlos puso a su hijo como beneficiario de una de las fundaciones con las que supuestamente manejaba sus fondos opacos fue el desencadenante que empujó a Felipe VI a marcar distancias al renunciar a su herencia y retirarle la asignación económica del Estado.
Un escarmiento ejecutado por escrito el 15 de marzo, nada más decretarse el estado de alarma, sobre el que el monarca no ha hecho ninguna referencia verbal, a expensas de lo que pueda comentar en el discurso de Nochebuena, el más esperado de su reinado.
La crisis desatada por Juan Carlos I la ha aprovechado Unidas Podemos y su líder, Pablo Iglesias, para intensificar su ofensiva contra la Corona, amplificada por su presencia en el Consejo de Ministros.
La censura al rey llegó al extremo de que Iglesias y Alberto Garzón le acusaron de falta de neutralidad y de maniobrar contra el Ejecutivo después de que éste cancelara la presencia de don Felipe en un acto con los jueces en Barcelona para "velar por la convivencia" en Cataluña.
Ante el acoso al monarca, el presidente, Pedro Sánchez, ha querido parapetar a Felipe VI, desligándole de los tejemanejes que pudo cometer su padre.
"La monarquía no está en riesgo", ha sido la tesis de Sánchez para distanciarlo de las "inquietantes y perturbadoras" informaciones de Juan Carlos I, como aquél las calificó.
La controversia ha espoleado a Unidas Podemos para proclamar su deseo de liquidar una monarquía "corrupta" y a la que ha comparado en un vídeo con un clan de narcotraficantes.
La entente contra la Corona la han apuntalado los partidos independentistas, para quien el jefe del Estado ha demostrado ser "el diputado 53 de Vox".
Ante estos ataques, la postura de PP, Vox y Cs ha sido recriminar a Sánchez por no defender al rey y permitir su desgaste con tal de ver aprobados los presupuestos.
La réplica del PSOE ha sido distanciarse de sus socios de investidura para rechazar su insistente petición de abrir una comisión de investigación sobre el rey emérito, con el argumento de que el Parlamento no puede fiscalizar a la Jefatura del Estado.
El martilleo a la Corona ha espoleado a algunos colectivos, como los empresarios o los jueces, a defender a la institución, aunque en algún caso con efecto adverso, como la carta enviada por militares retirados buscando amparo en el rey frente al Gobierno "socialcomunista, apoyado por filoetarras e independentistas".
La pandemia alteró la agenda de los reyes y su forma de trabajar, puesto que el confinamiento les obligó a desarrollar buena parte de su actividad por videoconferencia para mantener su conexión con la sociedad.
"Tiempos de pandemia que tanto nos condiciona y ocupa", describió la coyuntura el monarca.
Superada la primera ola, don Felipe y doña Letizia protagonizaron una inédita gira por todas las comunidades autónomas para insuflar ánimos ante la crisis económica y tratar, de paso, de contrarrestar la presión mediática por el caso de Juan Carlos I.
La actividad exterior de Felipe VI se resintió notablemente y apenas pudo protagonizar media docena de viajes, tras cancelarse su visita de alto nivel a Estados Unidos invitado por Donald Trump.
La princesa Leonor, que el 31 de octubre cumplió 15 años, contaba con seguir cobrando un protagonismo institucional y aunque ha sido el año en el que más se la ha visto, la emergencia sanitaria también ha condicionado sus apariciones en público.
La heredera al trono y sus padres no se libraron de guardar cuarentena por tener contacto con contagiados.
